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domingo, 14 agosto, 2022

CLAVES | Las peticiones no escuchadas de la comunidad LGBTIQ+

Ninguna autoridad judicial de Venezuela ha mencionado la posibilidad de que se apruebe el matrimonio igualitario en el país

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Caracas.- Mauricio Gutiérrez, promotor de derechos humanos; miembro de la red de personas con VIH: positivos en colectivo; y coordinador de asuntos Lgbti de Cambiemos Movimiento Ciudadano afirmó en 2020 que no existe voluntad política sobre los derechos de la comunidad Lgtbi en Venezuela. 

«La discriminación es toda aquella acción o practica con la intención de vulnerar la dignidad humana, así como también impedir el ejercicio de los derechos», explicó en aquel entonces e El Pitazo. 

Durante ese año, la ONG Caribe Afirmativo informó que 41 migrantes venezolanos de la sexodiversidad fueron agredidos en Colombia, desde el año 2018, siendo tan solo el inicio de crímenes en contra de la comunidad Lgbti, ya que en 2021, en menos de 24 horas, se registraron dos asesinatos contra una pareja y una persona transgénero en el municipio Baruta, al sureste de la ciudad.

El pasado 27 de junio se publicó un reportaje en la agencia española EFE, en el que afirman que una persona que pertenezca a la comunidad Lgtbi significa vivir sin algunos derechos. Un ejemplo de esto es que un hombre homosexual no puede donar sangre o una mujer trans está en la obligación de identificarse legalmente con un nombre que no la representa por ley.  

Hasta el momento, ninguna ley en Venezuela prohíbe a los homosexuales donar sangre; sin embargo, las denuncias por exclusión en los centros de salud no cesan, ya que según la versión de los afectados, «los hombres que tienen relaciones con otros hombres son más proclives a contraer el VIH». 

El matrimonio igualitario

Según la constitución de Venezuela, en el articulo 77 se protege «el matrimonio entre un hombre y una mujer», lo que he generado discusión en cómo se pudiera legalizar el matrimonio igualitario como en Argentina, Uruguay y recientemente Colombia. 

En 2020 y antes de celebrarse las elecciones legislativas, el mandatario Nicolás Maduro prometió que el nuevo parlamento debatirá sobre el matrimonio igualitario, tras instalarse en enero de 2021. Sin embargo, es un tema que tanto el oficialismo como la oposición han esquivado en los últimos años. 

En ese sentido, el abogado Alí Daniels, defensor de derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia, ha explicado en varias ocasiones que para que se promulgue el matrimonio igualitario en Venezuela, es necesario que se dicte una ley para permitir las uniones estables entre personas del mismo sexo, como punto de partida, para una posible aprobación del matrimonio igualitario.

«Esa ha sido la solución en otros países, como Chile, Bolivia o España: reconocer primero las uniones estables de personas del mismo sexo y después pasar al matrimonio, porque al menos hay un reconocimiento desde el punto de vista jurídico», dijo en una entrevista a El Pitazo

Personas Trans

La Ley de Registro Civil indica que toda persona podrá cambiar su nombre propio «cuando este sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad».

Esto a generado casos como el de Kyara Lugo, una mujer trans de 43 años, que es técnico superior en Turismo, bilingüe, con un diplomado sobre administración y que no tiene trabajo porque cuando envía hojas de vida y la llaman para entrevistas laborales, es rechazada porque su nombre en la cédula no coincide con sus nombres.

Lugo contó en 2021 que en el país condicionan su acceso al trabajo al hecho de cómo se ven y a cuál es el nombre que aparece en la cédula. Eran al menos dos o tres currículos que enviaba cada mes a empresas, a hoteles, a sitios en donde buscaran personal con requisitos que ella podía cumplir. Pero le negaban la oportunidad, por ser mujer trans. 

Pese a todo lo contado, ni las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), parlamentarios de la Asamblea Nacional o algún organismo de los poderes públicos del país ha mencionado la posibilidad de que se reconozca la identidad sexual de las personas transgénero. 

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