Diferentes activistas de organizaciones no gubernamentales coinciden en que la ley contra las ONG, como es llamada, aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, tiene fines punitivos y amenaza con cerrar el espacio cívico en Venezuela.
De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines viola de forma flagrante los derechos de asociación y participación en asuntos públicos.
“Pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva”, dijo la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, a la Voz de América.
Acceso a la Justicia considera que la legislación pretende que las organizaciones de la sociedad civil se constituyan para fines determinados y con estructuras obligatorias que atentan contra la diversidad propia de la sociedad civil y la autonomía de gestión, organización y formas de financiamiento que el estándar internacional prevé en el ámbito.
Edmundo González: ley de fiscalización de las ONG es un instrumento de censura
“En la práctica, esto es un cierre encubierto y, por tanto, hay que verlo como una sanción, no una medida preventiva como la quieren disfrazar. Prácticamente, todos los añadidos agravan la situación de la organización civil”, explicó el abogado y director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, durante una conferencia de prensa.
Asimismo, precisó que las multas que impone la ley, por, entre otros, el incumplimiento de deberes formales, entre ellos la consignación de documentos, son impagables para 99 % de las organizaciones.
“Esto es el equivalente de ir a la cárcel por una deuda. Aquí en vez de ir a la cárcel dejas de existir en el mundo jurídico. Por no pagar una multa vas a dejar de existir. Porque dejo de entregar a tiempo dos papelitos, puedo dejar de existir. No hay ninguna proporción entre la falta cometida y la sanción”, agregó.
Esta ley busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o internacional, apunta el Gobierno, y que en el país existen al menos 60 ONG financiadas por Gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos.
Con información de la Voz de América
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