Caracas.- Sin pruebas ni la comparecencia del único testigo fueron condenados a 16 años los 6 dirigentes sindicales detenidos el año pasado, en medio de las protestas contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), según explicó este martes, 1 de agosto, el abogado de Emilio Negrín, Eduardo Torres.
Los implicados en estos hechos son Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Emilio Negrín, a quienes se les condenó por conspiración y asociación para delinquir.
“Lo que notificó la Policía de Sucre al tribunal es que fue imposible ubicar al testigo -anónimo- que inició la denuncia por la cual los detuvieron”, detalló en una llamada telefónica con El Pitazo, el abogado Eduardo Torres.
Asimismo, indicó que este juicio en principio, en la fase de control, fue llevado por el juez José Mascimino Márquez García, que está tras las rejas por presuntamente pertenecer a las redes de corrupción.
Torres también denunció que durante este proceso el juez Márquez García les negó el debido proceso, las copias del expediente y que los pasó a juicio sin haber elementos de convicción.
“Lamentablemente, la juez Glendy Duque nos negó también que fueran juzgados en libertad cuando ellos ni se iban a fugar, ni podían obstaculizar la justicia. Pero, ¿qué es lo que nos llena de dolor e indignación? Es que esa juez, hoy mismo, prescindió de la declaración del testigo anónimo”, sentenció.
El abogado de Negrín afirmó que en las conclusiones el fiscal del Ministerio Público, Alirio Mendoza (Fiscalía 74), no mostró ni una prueba porque se cayó la fundamental: quién era el que denunció.
“Durante los seis meses de la etapa de juicio no se promovió ni una sola prueba, la defensa estuvo excelente en los términos de mostrar que ellos son luchadores sociales y se le explicó a la juez que los juzgados no son seis personas sino la libertad sindical”, añadió.
¿Las capturas de pantalla?
El abogado detalló que de los teléfonos de los acusados fueron extraídos algunos mensajes que fueron presentados por el funcionario de la Polícia Nacional Bolivariana (PNB) Digmar Pérez, quien fue el responsable de la acción.
“Él lo que expresó en la audiencia fue que ellos (los dirigentes sindicales) se comunicaban a través de WhatsApp con mensajes que son contrarrevolucionarios, pero el texto que le llamó la atención fue uno donde mi defendido Emilio Negrín aparece con la esposa del profesor Bracho, que fue el primer detenido del año pasado”, señaló.
Según Torres, Pérez alegó en su comparecencia que le había parecido llamativo que en esa fotografía apareciera la “Abuela del casco rojo”, Leida Brito, quien es reconocida por participar en las concentraciones para exigir mejores condiciones de vida para los jubilados venezolanos.
Esa imagen estuvo acompañada del siguiente mensaje, que es justamente la razón por la que Emilio Negrín fue detenido: “#Alerta Una vez más estamos en presencia de violación de derechos humanos. Hace pocos minutos fue sacado de su residencia el profesor Alcides Bracho por comisión de Dgcim. Exigimos su libertad, atención Michelet Bachelet, CIDH y CTV”.
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El abogado también explicó que en la comparecencia se le consultó al funcionario por qué ese texto podría ser subversivo, a lo que Pérez respondió: “Emilio Negrín no está preso por ese mensaje, sino por la rapidez con la que tuiteó”.
A su vez, Torres señaló que esta sentencia envía un mensaje del Gobierno de Nicolás Maduro hacia el pueblo venezolano: “El que exija derechos va preso como estos”.