Caracas.- Luego de dos meses desde que Aristóbulo Istúriz, ministro para la Educación, anunció la suspensión de las clases presenciales como medida para evitar la propagación de COVID-19, Griselda Sánchez, representante del Sindicato Venezolano de Maestros, asegura que 70% de los docentes del sector público no ha podido cumplir con la educación desde casa y hacer uso de “aquellas estrategias de aprendizaje a distancia” sobre las que insistió Istúriz el 7 de abril.
Las condiciones de vida, explica Sánchez, impiden a educadores garantizar la enseñanza durante la cuarentena: fallas con la conexión a Internet, fluctuaciones constantes del sistema eléctrico, irregularidades con otros servicios como el agua y el gas doméstico y, para muchas personas, no tener teléfono inteligente o computadoras en casa.
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Además, dice: “No existe el acercamiento que permiten las aulas. Esa relación entre docentes, estudiantes y representantes”. Por eso, desde los más de 100 sindicatos que suma el gremio en todo el país, rechazan la aprobación del año escolar que termina, de acuerdo con el calendario establecido en septiembre de 2019, a finales de julio de este año.
Apuesta por la nivelación, no la aprobación
Sánchez apunta que la propuesta que surgió desde los sindicalistas es declarar la pérdida del año escolar y en septiembre, si se retoman las clases presenciales, evaluar a alumnos y alumnas para poder comenzar un período de nivelación en todos los colegios y liceos que les permita retomar los estudios en enero de 2021.
“No podemos hablar de que se cumplió con la educación a distancia si los estudiantes no están aprendiendo. No podemos promover estudiantes sin conocimientos porque lo que puede pasar después es que quienes no están nivelados abandonarán porque se sienten excluidos”, expresó.
Explica que se debe determinar en qué momento termino el segundo de los tres lapsos que componen el cronograma escolar y, a partir de allí, plantear la agenda. Nicolás Maduro decretó la cuarentena total el 16 de marzo, luego de que se confirmaran los primeros casos de personas contagiadas con el nuevo coronavirus.
También precisa que es importante que este plan de nivelación sea un esfuerzo entre Estado, sociedad civil y, por supuesto, estudiantes.
Las condiciones laborales indican el colapso
La pandemia evidenció la precariedad de las condiciones laborales que el gremio docente está denunciando desde 2018, pero cuyas protestas se intensificaron en septiembre de 2019, con el comienzo del año escolar. Desde entonces, educadores en todo el país exigen reivindicación de la profesión, dolarización de los salarios, reparación y mantenimiento de planteles educativos, dotación y adecuación de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y la renuncia de Istúriz al ministerio.
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Además, Sánchez asegura que el Estado tiene una deuda de 500% por el contrato colectivo que se firmó en abril de 2018 en el que se fijaba un cronograma de aumentos salariales de acuerdo con la experiencia y los estudios de cada profesional. Sin embargo, todas las posibilidades se pulverizaron con la reconversión del cono monetario en agosto de ese año.
Maestros y maestras exigen un salario mínimo que les permita cubrir el costo de la canasta básica familiar que, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM), se ubicó en 45.946.257 bolívares para el mes de abril, lo que equivalía a 244 dólares de acuerdo con la tasa oficial.
Aunque el país sigue en confinamiento, Sánchez insiste en que las denuncias se mantienen, ahora con mayor exigencia, luego de que la emergencia mundial acelerara el colapso del sistema educativo venezolano.