El exministro de Salud, José Félix Oletta, argumenta que la entrada de insumos del auxilio internacional acentuaron las debilidades del Estado en materia asistencial, evidenciadas en la disminución de la inversión en salud y el abandono de los programas sanitarios y de prevención de enfermedades. En este repaso de las condiciones del sistema de salud en Venezuela durante 2019, Oletta cuestiona la labor del Estado y ofrece sus perspectivas para 2020

El auge de las muertes infantiles y maternas, las fallas en la infraestructura hospitalaria, el colapso de las salas de emergencia, las irregularidades en materia de prevención y la reaparición de enfermedades controladas décadas atrás no dejan lugar a dudas: la crisis de salud en Venezuela es sistémica y su colapso no fue atendido con la urgencia requerida durante 2019.

El hito que supuso el reconocimiento de la emergencia humanitaria compleja que, según organizaciones que agrupan a afectados por la crisis, entre ellas Acción Solidaria, Codevida y Cáritas, se desarrolla en el país desde 2014, no sirvió para atenuar los efectos del deterioro de la red ambulatoria y hospitalaria, la extendida escasez de medicinas y el éxodo de personal de salud.

Por el contrario, la entrada de suministros de la ayuda humanitaria, luego de la firma de un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y el Comité Internacional de la Cruz Roja, puso aún más en evidencia la debilidad en la que se encuentra el sistema de salud venezolano.

Con esa conclusión José Félix Oletta, que ocupó el cargo de ministro de Salud de 1997 a 1999, analizó en exclusiva para El Pitazo el estado de la red asistencial de servicio público, los desafíos que enfrenta para el próximo año y las condiciones que le permiten asegurar que en los últimos 12 meses el gobierno abandonó todas sus responsabilidades en materia de salud para cedérselas a organismos internacionales.

En enero, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios cumple un año de gestión de insumos médicos. Solo por intermedio de la ONU al país han entrado gasas y más de ocho millones de vacunas, a lo que se sumó, desde abril, una veintena de plantas eléctricas y medicamentos esenciales, traídos por la Cruz Roja Venezolana. No obstante, la crisis, devenida en emergencia humanitaria, ya es una de las principales causas de muerte en ambulatorios y hospitales dependientes del Ministerio de Salud, sin que los suministros para su atención hayan sido incluidos en los lotes de material médico que se han repartido.


Una vez más, el Estado no cumplió con sus obligaciones de proveer los servicios esenciales, los insumos y los medios para que la gente pueda tener un completo ejercicio de su derecho a la salud y a la vida

José Félix Oletta, ex ministro de Salud

–¿Qué significó que el gobierno haya reconocido la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, con la firma del convenio con la Cruz Roja?

–La ayuda humanitaria es puntual y complementaria, desde su concepción, pero para el caso venezolano ha sido, además, lenta e insuficiente. La cantidad de recursos que se han obtenido son muchísimo menos de lo que se podía esperar como respuesta para un primer año en materia de asistencia internacional.

El gobierno no se puede escudar, como lo ha hecho, en que la ayuda humanitaria iba a resolver el problema y lo cierto es que está haciendo menos inversión en este momento, porque está confiando en que esa ayuda humanitaria va a cubrir las necesidades para atender los problemas de la población y eso es absolutamente irreal. Si el gobierno se va a basar en la ayuda que envíen los organismos internacionales, simplemente el sufrimiento de la gente va a ser mayor.

–¿Por qué considera que la implementación de la respuesta humanitaria en Venezuela no ha sido la adecuada?

–Por la profunda descoordinación, además de la insuficiencia. Esto deriva de una falta de liderazgo de más alto nivel. Tenemos, en la práctica, un ministerio que es la misión médica cubana; otro ministerio que es el ministerio pobre, que no tiene los recursos, pero sí una carga muy importante de demandas de servicios, y se están produciendo en paralelo otros ministerios como consecuencia de la crisis, que ejecutan acciones que antes estaban centradas fundamentalmente en el Ministerio de Salud.

Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene operaciones y actúa en una serie de campos, como el de la malaria y en el área de vacunaciones. Se está desarrollando una multiplicación de entes que es absolutamente no recomendable, lo mismo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) está trabajando en vacunación, así como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Hay una dispersión de organismos tanto nacionales como internacionales; necesita hacerse una coordinación muy cuidadosa. No pueden trabajar cada una por su lado. El objetivo es que no haya dispersión de esfuerzos.

–¿Cómo evalúa el desempeño de la función del Estado como proveedor de servicios de salud durante 2019?

–Una vez más, el Estado no cumplió con sus obligaciones de proveer los servicios esenciales, los insumos y los medios para que la gente pueda tener un completo ejercicio de su derecho a la salud y a la vida. El gobierno ha abandonado esa responsabilidad al negar la crisis y al no dar las respuestas oportunas, más bien transfiere esa responsabilidad a terceros, como los organismos de asistencia internacional, o hace responsable de la crisis a los profesionales de la salud o la guerra de cuarta generación o a los bloqueos.

La evaluación que se puede hacer tanto por los indicadores de salud, como por el cumplimiento de las metas del desarrollo sostenible, como por lo que sufren directamente; y ustedes pueden recoger en los testimonios de la gente que asiste a los centros de servicio público, es que las inversiones que se están haciendo en materia de salud no son ni suficientes en cantidad ni tampoco son efectivas para mejorar o poder reducir la carga de enfermedades de la población.

–¿Cuáles son los principales indicadores que develan la situación de la red pública de salud venezolana?

–Si se miden los indicadores de salud para evaluar el cumplimiento de las metas del desarrollo sostenible, un compromiso de todas las naciones a alcanzar en 2030, nos damos cuenta que Venezuela está incumplimiento de una manera cada vez más prominente algunos de esos objetivos. Por ejemplo, el objetivo número uno, que es alcanzar metas de mortalidad infantil cada vez menores, es decir, para el año 2030 llegar a 30 muertes por cada 100.000 niños. En Venezuela estamos en este momento en más de 150 muertes por cada 100.000 nacidos vivos registrados, eso significa un retroceso muy importante.

Hace unos 10 años, Venezuela estaba por debajo del promedio del continente en términos de muertes maternas, actualmente está duplicando ese valor, que era de 70 muertes por cada 100.000 niños. Ese indicador, que es muy duro, habla de qué tan eficiente es el sistema de salud para proveer servicios.

–¿Cuál considera es el problema más urgente que enfrenta el sistema de salud pública venezolano en la actualidad?

–Uno de los problemas más graves que tenemos es la debilidad del sistema de salud. El sistema de salud venezolano es cada vez más débil para atender los problemas derivados de la crisis, porque la autoridad, la gobernanza, el liderazgo no se está ejerciendo de una manera apropiada y el régimen pareciera que no tuviera claridad sobre la toma de decisiones.

El sistema está fracturado, las líneas de políticas de salud no se están ejerciendo de una manera adecuada. Esa fragmentación lo lleva a ser un sistema muy costoso y poco eficiente.

–La reaparición de la fiebre amarilla, que estuvo bajo control por 14 años, ¿qué supone para el país en medio de la escalada de la emergencia humanitaria?

–La reemergencia de esta enfermedad confirma lo que desde la Sociedad Venezolana de Salud Pública advertimos desde hace más de 12 años. El gobierno está a la cola de las epidemias. No existe control epidemiológico, prevención ni mucho menos vigilancia. En los países vecinos desde el año pasado se ha expandido la propagación, al punto de registrar una de las peores epidemias en 50 años, como es el caso de Brasil, por eso estamos potencialmente más expuestos. Más, si nos agarra desprevenidos.

Se debe volver a un principio fundamental en salud pública: anticiparse a las epidemias, como no ha sido el caso de este régimen, que no ha tenido la capacidad para controlar la fiebre amarilla. Que se vacune adecuadamente a las personas tiene que ser una de las prioridades de atención.

–¿A qué debe estar atenta la población en materia de enfermedades en 2020?

–Una de las cosas que más me preocupa en este momento es el alto riesgo de transmisión de enfermedades hídricas. Las diarreas y la hepatitis aguda, tipo A, aparte de las enfermedades vectoriales. Las enfermedades que se transmiten por el agua tienen un impacto muy importante, producen diarreas agudas, que pueden ser muy graves. Puede haber reaparición de cólera, de otras enfermedades como la fiebre tifoidea o la disentería, como ha sido el caso de hepatitis aguda tipo A. Con la hepatitis tenemos tres años en una situación epidémica no reconocida, que afecta a nueve estados del país y aún no hay reconocimiento oficial. Pero hay una vinculación muy directa con la calidad del agua. Esto afecta a toda la población y nos hace muy vulnerables.

La malaria es otro de los retos principales a atender en situaciones epidémicas. Venezuela está invirtiendo menos de 0,7 dólares por año por cada persona en riesgo de padecer malaria, cuando los países que tienen una alta carga de malaria invierten entre 7 y 10 dólares per cápita por año. La inversión es 10 veces menos de lo que debería ser y así no se puede controlar una enfermedad tan complicada.

–Y en cuanto al servicio en los hospitales, ¿cuál es su balance?

–La emergencia humanitaria compleja está produciendo un deterioro adicional de los centros de salud por cuanto se ha llegado al punto en que están privados de electricidad o no tienen agua disponible en forma continua, que son elementos fundamentales para el buen funcionamiento de un hospital y se pueda proveer una asistencia que sea segura, de calidad.

Las plantas eléctricas están diseñadas para surtir de energía a áreas muy prioritarias durante períodos cortos. Venezuela está dentro de los países con menor disponibilidad de agua corriente en hospitales en el mundo. Se calcula que solo 35 % de los hospitales de la red pública tiene disponibilidad de agua en forma continua.

–¿Qué requiere el sistema público de salud para iniciar una eventual etapa de recuperación?

–El enfoque tiene que darse en una fase de transición para ir a la estabilización del sistema. Reducir el riesgo de muerte de las personas más vulnerables. En Venezuela se ha agregado a otras causas de defunción, la alta incidencia de fallecimientos por la pérdida de la calidad del sistema de atención. Se calcula que actualmente ocurren 81 muertes por cada 100.000 habitantes, muertes que son totalmente evitables. Por eso, las áreas que se deben atender son todas, pero con una unificación de criterios y esfuerzos, privilegiando un modelo propio.

En esa primera fase de transición se debe atender el mayor número de personas posible. Y establecer las bases para reconstruir un sistema justo, digno y eficiente. El colapso no es puntual en una sola área, es sistémico, es de todo el sistema, por lo tanto, abarca todas las áreas desde prevención, educación de salud, en la promoción de buenas prácticas, en la asistencia de las personas enfermas hasta los cuidados paliativos. En paralelo se debe revisar el recurso humano, recuperar el recurso humano calificado, facilitar el retorno. Priorizar la atención en las redes ambulatorias y transversalmente rehabilitar los hospitales.


El 17 de abril entró el primer cargamento de ayuda humanitaria gestionado por la Cruz Roja Venezolana, ocho meses después la emergencia en los hospitales continúa | Ronald Peña

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