El Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas pidió al Gobierno de Nicolás Maduro información sobre 27 casos de desapariciones forzadas reportadas en Venezuela desde la elección presidencial del pasado 28 de julio, pero hasta el momento no ha recibido respuesta, situación que Ana Lorena Delgadillo, miembro de este equipo, considera grave al tratarse de un Estado que decidió ser miembro de esta organización
Entrevista por: César Batiz
En Venezuela se observa un patrón de desapariciones forzadas desarrollado por el Estado venezolano, como una práctica sistemática que busca amedrentar a quienes difieren de las políticas estatales o quienes ejercieron la libertad de expresión en el contexto poselectoral, que incluye además la detención de niños, niñas y adolescentes, alertó el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés), equipo que en reiteradas ocasiones ha enviado comunicaciones al Estado venezolano sin obtener respuesta.
«Esta es la fotografía que logramos tener, de acuerdo con la información recibida por las diversas fuentes, y nos parece muy delicado porque tenemos muy claro que hay un patrón que puede suponer una práctica sistemática que parecería enviar un mensaje amedrentador», dijo Ana Lorena Delgadillo, miembro del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en conversación con el director de El Pitazo, César Batiz.
Para Delgadillo, es grave que el Gobierno de Nicolás Maduro no responda las comunicaciones enviadas por un equipo de la ONU, pese a ser un Estado que decidió ser miembro de este organismo.
«El Gobierno de Venezuela no nos está respondiendo (…) Consideramos que un Estado que es respetuoso de los Derechos Humanos y de los mecanismos de las Naciones Unidas, porque es parte, se ha comprometido con los órganos de Naciones Unidas para poder cumplir con los mandatos que están establecidos. En este caso se está dando un incumplimiento a las peticiones que estamos haciendo en los procedimientos especiales», expresó.
La ONU considera desaparición forzada a «toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, lo que sustrae a la víctima de la protección de la ley».
Es delicado cuando una persona muere estando en manos del Estado
Ana Lorena Delgadillo, miembro del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU,
Delgadillo explica que para que un caso se trate de desaparición forzada debe cumplir con tres elementos: privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada; participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia; y negativa de las autoridades a reconocer el acto de privación de libertad o a revelar el paradero de la víctima.
El WGEID ha enviado al Gobierno de Maduro 27 casos de desapariciones forzadas desde el 28 de julio, día de la elección presidencial, bajo su procedimiento urgente como parte del mandato humanitario.
Acciones del Grupo de Trabajo
Delgadillo explicó que el WGEID trabaja a través de varias modalidades. Como parte del mandato humanitario, la misión puede recibir casos de desaparición forzada enviados por familiares o abogados de las víctimas. En la página web del Grupo de Trabajo hay un formulario, que debe ser completado por los interesados. El caso es registrado y evaluado por el equipo en Ginebra, Suiza, que funge como puente entre las personas que dan la información y el Estado.
«El grupo de trabajo es rápido para enviar la comunicación al Gobierno, si es en menos de tres meses se remite como caso urgente», detalló.
Se está dando un incumplimiento a las peticiones que estamos haciendo en los procedimientos especiales
Ana Lorena Delgadillo, miembro del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU,
Por otro lado, el WGEID puede hacer dos tipos de alegaciones: generales, como las que envió de manera individual al Gobierno de Maduro; y conjuntas, como la enviada el 13 de noviembre de 2024 entre varios relatores de mandatos de Naciones Unidas.
«Hay diversos relatores, de independencia judicial, libertad de asociación, tortura… cada uno ve un tema diferente. Cuando vemos una problemática que encierra varias violaciones de Derechos Humanos, y recibimos información de las personas nos coordinamos entre nosotros para poder enviar una comunicación al Estado», apuntó.
Este documento fue realizado tras las denuncias recibidas por el equipo de la ONU tras el proceso electoral, y en él denuncian detenciones arbitrarias, desapariciones, falta de independencia judicial, violaciones de DD. HH. contra personas adultas, mujeres, a la alimentación y la salud. «Pasaron 60 días, el Estado no contestó y se publicó», dijo.
En el caso de Venezuela hay gran preocupación, porque hemos visto que es una práctica
Ana Lorena Delgadillo, miembro del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU,
En paralelo, el equipo de la ONU ha enviado al Gobierno de Maduro una serie de comunicados, sobre los que tampoco ha recibido respuesta. dijo. «En septiembre del año pasado presentamos ante el Consejo de DD. HH. de la ONU un informe temático llamado Desaparición forzada en contexto de elección», que muestra cómo se cometen las desapariciones forzadas para influir en las elecciones, disuadir a los opositores y callar a la disidencia. En este documento se menciona el caso de Venezuela, así como el de otros países.
Por otro lado, entre las acciones del WGEID se encuentra la alegación general, que, según Delgadillo, «es como una fotografía de la institucionalidad y prácticas sistemáticas del Estado, y cómo las instituciones y las políticas públicas están acordes o no a lo establecido en la declaración de las Naciones Unidas en materia de desaparición forzadas».
El contexto venezolano
En el caso de Venezuela, el Grupo de Trabajo encontró «cosas bastante delicadas» en el contexto poselectoral, pero aseguraron que se trata de un patrón visto antes, durante y después de las elecciones, de desapariciones forzadas a defensores de Derechos Humanos, periodistas, personas que quieren manifestarse o utilizar el espacio cívico, opositores o los que el Gobierno perciba de esa manera. También mencionó medidas legislativas que se consideran contrarias a la declaración de la ONU.
De igual forma, explicó que el WGEID, como equipo de trabajo, informa lo que las fuentes le comunican, pero es el Estado el que debe responder ante cada caso y decir si es cierto o no.
«Para nosotros todas las desapariciones cuentan, sea una o sean miles. Están consideradas una grave violación a los Derechos Humanos, y consideramos que en el caso de Venezuela hay gran preocupación, porque hemos visto que es una práctica, y el total desamparo en el que quedan las personas», apuntó.
El Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar
Ana Lorena Delgadillo, miembro del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU,
Delgadillo se refirió al papel de la Fiscalía, que no ha investigado los delitos, pero ha actuado en contra de defensores de derechos humanos, sin independencia. También mencionó las irregularidades del Poder Judicial, que debería proteger a las personas y, en la mayoría de los casos, ni siquiera recibe las solicitudes de los ciudadanos.
De igual manera, cuestionó la actuación de la defensa pública en los casos venezolanos, pues, según la información recibida por el Grupo de Trabajo, los defensores no cumplen su rol, y, en muchos casos, son cómplices de las violaciones de Derechos Humanos. «Ven todas las violaciones de derechos humanos y no hacen nada», señaló.
Finalmente, condenó la detención de niñas y niños y adolescentes, incluso con discapacidad, quienes recibieron el mismo trato de los adultos.
―¿Qué ocurre cuando los detenidos mueren en prisión?
―Tenemos una situación delicada en el sentido de que hay que comprobar por qué murió la persona y la recomendación es que la investigación la realice órganos independientes e imparciales, una de las grandes características que tendría que tener la Fiscalía. Es delicado cuando una persona muere estando en manos del Estado.
―Las personas que puedan demostrar que fueron detenidas de manera forzada pueden solicitar en algún momento la indemnización por parte del Estado. ¿En Venezuela eso es posible?
―Corresponde ver cuáles son los procedimientos dentro de los mecanismos internos del país, pero bajo el derecho internacional de los Derechos Humanos y la declaración sobre desaparición forzada y los principios que la rigen los estándares internacionales, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar. La realidad que enfrenta Venezuela es la de muchos países, en los que la institucionalidad no funciona y se vuelve una especie de calvario para las familias el tratar de buscar justicia (…) Lo importante es que haya claridad para las personas, una obligación del Estado, de dar justicia, sancionar y reparar.
Delgadillo explicó que la Corte Penal Internacional tiene estándares de pruebas mucho más altos que los de un mecanismo de Derechos Humanos, pero de alguna manera las alegaciones y procedimientos de las Naciones Unidas quedan documentados y sirven de referencia o antecedente del silencio por parte del Estado.
Lo que se esperaría de un país que se ha comprometido con las Naciones Unidas es que los procedimientos sirvan para persuadir o limitar las actuaciones del Estado, pero no es el caso de Venezuela.
En las comunicaciones enviadas al Estado venezolano, recuerdan que también tienen la capacidad de dar cooperación técnica, en las que se examina el problema y se trata de buscar soluciones para que los países puedan superar los retos que tienen para cumplir las declaraciones de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, pero la funcionaria de la ONU destacó que se requiere de voluntad política.
«Pero hasta el momento nuestras comunicaciones no han sido contestadas», insistió Delgadillo.
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