El coordinador de Exigibilidad de Provea considera que el proyecto de ley de cooperación internacional busca callar las voces críticas de las organizaciones civiles y asegura que la medida afecta a la población más vulnerable que se beneficia de los programas que ofrecen, gracias a los recursos provenientes de Estados, instituciones y organismos extranjeros. El objetivo, sugiere el activista, es limitar el trabajo de las ONG antes de las próximas elecciones presidenciales

Entrevista: César Batiz | Redacción: Kemberlyn Talero

El proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional electa en 2020 encendió las alarmas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pues, según alertaron sus representantes, la normativa que se pretende aprobar en el Parlamento, de mayoría chavista, atenta contra el acompañamiento que desde estos entes se les ofrece a los sectores más vulnerables de la población, incluidas las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La vía del Gobierno de Nicolás Maduro para lograr ese objetivo es el debilitamiento de las organizaciones civiles para tener un terreno más dócil en las elecciones presidenciales de 2024, según indicó Marino Alvarado, quien actualmente se desempeña como coordinador de Exigibilidad de la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).

“Es un proyecto que si termina siendo una ley puede afectar a muchísimos sectores de la población venezolana, pero, sobre todo, a los sectores más pobres del país”, dijo Alvarado en entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz. En la conversación se refirió al fondo de cooperación internacional que establece esta propuesta de ley, que propone al Estado como centralizador de los recursos provenientes de organismos fuera del país para luego decidir si los otorga a una organización para sus proyectos.


A un gobierno como el de Maduro no le interesa el tema de los derechos humanos

Marino Alvarado

“¿Ustedes creen que le va a dar recursos a organizaciones como Provea y otras que hemos venido trabajando los temas de graves violaciones de derechos humanos en el país?”, cuestionó Alvarado.

Señaló que la situación se extiende a otros sectores de la sociedad, pues si bien las organizaciones civiles reciben por esta vía recursos para el desarrollo de sus proyectos, otras instituciones, como las universidades, se valen de la cooperación internacional para la realización de muchas de sus actividades; así como programas de distribución de medicamentos a personas de bajos recursos, como el que realiza la ONG Acción Solidaria, al igual que algunas de las actividades que lleva a cabo la red de colegios Fe y Alegría, por lo que el alcance de la medida es más amplio, indicó el vocero de Provea.

En ese sentido, comparó esta ley con las medidas impulsadas por el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, por las que suprimieron alrededor de 250 organizaciones civiles, muchas de las cuales trabajan desde la ilegalidad. Por otro lado, desmintió el argumento de Maduro para promover el proyecto legal basado en que estos organismos no rinden cuentas. “Las organizaciones, en primer lugar, estamos registradas legalmente. Cuando Provea recibe transferencias son notificadas al Banco Central de Venezuela; pagamos impuestos, es decir, las organizaciones rinden cuentas”, aclaró.

—¿Cómo afecta la ley de cooperación internacional al ciudadano?

—Hay organizaciones de la sociedad civil, como universidades y grupos religiosos de distinta naturaleza que reciben recursos, no solo dinero, de Estados, instituciones y organizaciones que están fuera del país, por eso se habla de cooperación internacional. También es parte de las relaciones internacionales entre los Estados, por algo no es ilegal ni anormal, es algo muy normal en cualquier país. El Gobierno de Maduro y también el de Chávez han dado cooperación internacional a instituciones universitarias con petróleo, todo eso es cooperación internacional. La cooperación internacional es un conjunto de acciones orientadas a buscar el desarrollo de los países. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil se trata de recursos que se reciben para realizar múltiples actividades con beneficiarios que son, principalmente, personas de muy bajos recursos.

—El primer argumento de los diputados es que esta ley viene a sustituir a la del 8 de enero de 1958. Después de 64 años, ¿no era tiempo de modificar la ley?

—Efectivamente, existe una ley de cooperación que se puede reformar o ampliar, pero para que haya una reforma lo lógico y adecuado es que el proyecto se dé a conocer ampliamente, se someta a consulta, haya voluntad sincera de escuchar las distintas opiniones y recomendaciones y que no se haga un proceso cognitivo. La exposición de motivos va justificando lo que, a futuro, va a ocurrir con algunas organizaciones si se aprueba esta ley que va a ser criminal para algunas organizaciones que le resultan incómodas (al Gobierno de Maduro) por su trabajo y posición crítica.

La propia ley establece la posibilidad de eliminar organizaciones que aparentemente no cumplan con los requisitos. Y se exigen requisitos de transparencia y no tenemos ningún problema de transparencia, lo que cuestionamos es que se pretenda aplicar el cerco que se le ha venido haciendo a las organizaciones de la sociedad civil que afecta a los beneficiarios.


Para el Gobierno de Maduro son prioridad violar los derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad

Marino Alvarado

—Dice en la exposición de motivos que se organizó una mesa técnica para la elaboración del anteproyecto. Por lo que cuenta, solo participaron los diputados y funcionarios del Gobierno de Maduro. Ni una ONG. Tampoco la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo. ¿Qué opinas de este procedimiento?

—Hay que decir que la ley se ha difundido, porque logramos obtenerla por los caminos verdes, no porque nos la mandaron para discutirla. Aquí se ha venido avanzando en cercar el trabajo de organizaciones y personas que tienen opiniones críticas frente a la gestión de gobierno. Se pretende avanzar hacia la restricción del trabajo de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sindicales.

—¿Cómo valoras el tratamiento de los derechos humanos en el anteproyecto?

—Este es un gobierno que se ha caracterizado no solo por cometer graves violaciones de derechos humanos, sino que ha quedado expresamente señalado por el informe de la Misión de Determinación de los Hechos, como responsable de crímenes de lesa humanidad, también por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. A un gobierno como el de Maduro no le interesa el tema de los derechos humanos. No nos extraña que en ese anteproyecto no aparezcan los derechos humanos como prioridad, simplemente refleja el pensamiento jurídico de este gobierno al momento de abordar la cooperación. Para el Gobierno, la prioridad es violar los derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad.

—En la exposición de motivos, los diputados citan que Simón Bolívar fue nuestro primer unionista, pero obviaron parte de la historia. Colocan como ejemplo el Congreso Anfictiónico de Panamá, de junio de 1826. Pero 10 años antes, Alexander Petión, presidente de Haití, le regaló una imprenta completa a Simón Bolívar. El 27 de junio de 1818, el futuro Libertador, con el apoyo de dos extranjeros, Andrés Roderick y Stewart Burrell, imprimió el Correo del Orinoco. ¿Eso no fue cooperación internacional?

—Sí, pero el Gobierno cuando se refiere a cooperación internacional habla, por ejemplo, de la cooperación entre los Gobiernos de Cuba y Venezuela, las misiones, médicos cubanos, entrenadores deportivos, a eso no le llama intervención, pero sí a la que da la Unión Europea que apoya a muchas organizaciones de la sociedad civil y brinda cooperación al Estado venezolano. Muy posiblemente haya países de Latinoamérica que también dan algún nivel de cooperación, pero esas no las reconoce (el Gobierno de Maduro), solo reconoce la que al Gobierno le interesa dar. Le interesa resaltar la que recibe, a esa no le llama intervención ni atenta contra la soberanía y seguridad del Estado, pero lo que hacen otros países les llama intervencionismo y pretende criminalizar a quienes reciben dinero de gobiernos.

—El Capítulo II contempla la creación del Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, que se encargaría de financiar, conforme a las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, los programas en el ámbito de la cooperación internacional. ¿A qué suena eso?

—Eso suena a centralizar unos recursos, distribuir esos recursos con discriminación política y otro motivo. Si una organización de derechos humanos recibe cooperación internacional que no llega directamente a la organización sino al Gobierno, y este es el que va a decidir si le da o no los recursos a esa organización que está documentando los crímenes de lesa humanidad, ¿ustedes creen que le va a dar recursos como Provea, Cofavic y otras que hemos venido trabajando los temas de graves violaciones de derechos humanos en el país? El Gobierno, por ejemplo, pudiera restringir aquellos recursos donde hay organizaciones de la sociedad civil que están distribuyendo artículos deportivos o alimentos, porque piensan que están perdiendo el control social en zonas populares donde quieren que solo dependan de los recursos que les pueden hacer llegar.


Este Gobierno viene con la línea de Daniel Ortega

Marino Alvarado

—¿La actividad que hizo el youtuber venezolano Álex Tienda de financiar la reparación de una cancha en Petare es cooperación internacional? ¿Tendría que pasar el fondo?

—Eso es cooperación internacional y tendría que pasar por el fondo para ver si aprueban que ese tipo de actividades se pueda hacer. Quiero poner el ejemplo de las universidades, que no solamente reciben recursos, en su dinámica hacen intercambios entre educadores, organizan foros científicos y, a veces, establecen convenios que, por ser cooperación internacional, de aprobarse la ley, tendría que aprobarlo el Gobierno a partir de esos mecanismos. ¿Ustedes creen que el Gobierno aprobaría recursos para hacer una gran convención de analistas que estudien la economía venezolana y pongan al desnudo la cantidad de irregularidades que están ocurriendo en el país en materia económica? Muy posiblemente no.

—Y si un egresado de una universidad venezolana quiere hacer una donación a su universidad, ¿también es cooperación internacional?

—Si es cooperación entre individuos preocupados por la situación de estudiantes universitarios, de nuestras universidades y sacan de sus recursos personales, organizándose para apoyar, existe la posibilidad de que esto no siga ocurriendo, si se aprueba una ley de esta naturaleza.

—¿Están en peligro las ONG que reciben fondos de cooperación internacional? ¿Pueden ser eliminadas con la aplicación de este proyecto de ley?

—Sí. Este Gobierno viene con la línea de Daniel Ortega, que ha sacado de funcionamiento a más de 250 organizaciones de la sociedad civil en los últimos dos años, entre ellas algunas emblemáticas como el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (Cenidh). No van a eliminar a una organización como Provea, no las pueden poner más difícil, pueden dificultar nuestro acompañamiento a los ciudadanos, pero no van a impedir nuestro trabajo. Si tenemos que desafiar al poder, lo vamos a desafiar como lo desafía el Cenidh nicaragüense y como lo desafiamos cuando se nos intentó imponer el registro antiterrorista. Le decimos “no” a esa ley de cooperación y si la aprueban y vienen contra nosotros haremos nuestra resistencia. Nuestro compromiso es con la gente y eso no nos lo van a quitar.


No van a eliminar a una organización como Provea

Marino Alvarado

—¿Crees que esto tiene relación no solo con la línea de Daniel Ortega, sino con las elecciones presidenciales de 2024?

—Lo de Daniel Ortega tiene que ver con debilitar organizaciones de la sociedad civil. Aquí, ya mediante la persecución, debilitaron a los partidos políticos democráticos, los desmantelaron vía represión y ahora vienen por las organizaciones de la sociedad civil, no solo porque tenemos vínculos estrechos con la población, sobre todo en los sectores populares, sino porque somos los que alzamos la voz, los que reivindicamos democracia, los que documentamos las graves violaciones de derechos humanos, a la libertad de expresión, a los derechos a estudios, a la salud. Buscan debilitar a esta sociedad civil y obtener un terreno más dócil para las elecciones de 2024, pero quiero resaltar dos cosas, hemos tenido triunfos muy importantes como la gran derrota que le propinamos a Hugo Chávez cuando intentó reformar la Constitución en 2007; el movimiento democrático, incluyendo a sectores del chavismo, logró echar para atrás la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que pretendía convertir a todos los ciudadanos en policías y tuvo Chávez que reconocer que esa ley era una barbaridad. Yo estoy seguro de que si nos unimos, vamos con fuerza, resistimos y no nos dejamos intimidar podemos echar para atrás este y cualquier otro proyecto que intente aumentar el cerco a las organizaciones de la sociedad civil.

—¿Qué acciones concretas se pueden realizar?

—Nos estamos moviendo en muchos escenarios, entre ellos con las distintas instancias internacionales para que emitan los pronunciamientos correspondientes. Vamos a publicar, dentro de poco, un pronunciamiento suscrito por varias organizaciones; nos hemos estado reuniendo las organizaciones, no solo ONG, sino con organizaciones sindicales. Vamos a empezar a trabajar también con las organizaciones de iglesias. Necesitamos crear una fuerza suficiente que alce la voz contra esta pretensión que, en el fondo, lo que quiere es seguir callando las voces críticas y en ese empeño terminan afectando a los sectores más vulnerables.


Nuestro compromiso es con la gente y eso no nos lo van a quitar

Marino Alvarado

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