Para el especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, el gobierno de Maduro logró generar diferencias dentro de la oposición en lugar de una coordinación estratégica en torno a la consulta del 3 de diciembre, lo cual representa la apuesta del oficialismo de cara a los comicios previstos para el próximo año
Entrevista: César Batiz Redacción: Kemberlyn Talero
Caracas.- Obligación de que funcionarios civiles y militares armen sus grupos de uno por 10 (cada funcionario debe tener una lista de 10 votantes), mítines de líderes oficialistas en ciudades de Venezuela, plagio de canciones famosas para animar al electorado y hasta el reclamo de Diosdado Cabello porque la oposición no hace campaña ni a favor ni en contra del referendo. El manual de una campaña activado. Pero no se trata de elegir a una persona para ocupar un cargo. Es el referendo sobre el Esequibo, evento que para Mariano de Alba es un globo de ensayo del oficialismo para la elección presidencial del próximo año, no solo porque pone a prueba su maquinaria, sino porque intenta dividir a la oposición.
Mariano de Alba califica el evento del próximo 3 de diciembre como un ensayo para las 11 elecciones presidenciales de 2024.
«Es un globo de ensayo para aceitar la maquinaria electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024«, afirma De Alba, especialista en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, Washington D.C., y profesor de estas áreas, además de articulista, asesor y consultor jurídico.
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Generar divisiones dentro de la oposición es otra de las razones que encuentra De Alba en esta consulta prevista para el 3 de diciembre. “Ver si ellos (el gobierno de Maduro) podían poner a la oposición en una posición en la que hay diferencias internas en lugar de una coordinación estratégica sobre qué hacer”.
Para resolver temas de Estado, como es el tema del territorio, la polarización ha sido una de las principales consecuencias de la situación venezolana
Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
A juicio del experto, esa es la esperanza que tiene el gobierno de Maduro de cara a las presidenciales del año 2024; por eso, considera que era importante unificar criterios en función de esta consulta, darles una guía a los ciudadanos sobre qué hacer, y en caso de que la decisión fuera participar, darles señales de cómo hacerlo.
“Creo que no hubiese habido ningún perjuicio en que la Plataforma Unitaria llamara a la oposición a votar, incluso por una opción distinta de la que promueve el Gobierno, para tratar de utilizar ese referéndum para empezar a ver si el Gobierno está en la disposición de realizar correctamente algunas garantías electorales, como las de auditorías, de conteo de los votos, o no”, señala el abogado. Pero también es consciente de que no se trata de una decisión fácil para la oposición, pues reconocen que es una consulta que el oficialismo usa para fines políticos; por lo tanto, pudo haber decidido no prestarse.
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Sobre su elección, considera sensato votar “No” en la pregunta 3, relacionada con la competencia de la Corte Internacional de Justicia en la disputa con Guyana por el Esequibo, pues considera que esa es la vía para no perder el territorio, y “Sí” en la cuarta interrogante, relacionada con la oposición “por todos los medios” a la pretensión de Guyana de disponer de un mar pendiente por delimitar.
Con respecto a la pregunta 5, sobre la creación del estado Guayana Esequiba, De Alba considera irresponsable votar “Sí”. Señala que, en primer lugar, Venezuela debe ganar el juicio para luego pensar en la creación de esa entidad y todo lo que ofrece el texto de la consulta.
―¿Qué representa el Esequibo, que lleva a dos países a pelearse por el territorio?
―En primer lugar, es un territorio cuantioso y representativo. Para Guyana representa dos tercios de su extensión de territorio total. Es una zona muy rica desde el punto de vista de la biodiversidad. Para nosotros los venezolanos puede ser asimilado al territorio donde está el estado Bolívar, La Gran Sabana, etcétera. Allí hay una diversidad de recursos naturales importantes y además también es un territorio que, si bien está muy poco poblado, desde el punto de vista internacional es importante la titularidad sobre él, porque cuando un país es dueño de un territorio, se genera lo que se conoce como la proyección de la plataforma continental. Es decir, que sobre esa región se empiezan a dibujar unas líneas, usualmente de 12 millas náuticas, que también da derecho sobre los recursos que están conformes a esas líneas en el mar adyacente al territorio.
En años recientes —dice el entrevistado—, en el mar continental muy cercano al territorio Esequibo se han conseguido importantes recursos petroleros. Posiblemente también habrá recursos gasíferos. Por lo tanto, ese territorio es o puede ser fuente importante de recursos naturales. Por ello, creo que de alguna forma es a partir del descubrimiento de esos recursos cuando Guyana ha tratado de alguna forma de finiquitar la disputa.
―En este trayecto de 125 años han ocurrido errores y omisiones. Quisiera que te refirieras a junio de 2020, cuando el gobierno de Maduro decidió no presentarse en la Corte. ¿Cuál es el alcance de esta decisión de ausentarse del proceso en junio de ese año?
―El territorio fue delimitado en el año 1899 por cinco árbitros. Pasaron muchísimos años y luego surgen los diarios privados de una de las personas que participaron en esas deliberaciones como árbitro. Esta fuente denuncia de alguna forma que ese proceso que delimitó las líneas fue producto de un fraude, no de una decisión con forma de derecho, sino más que todo una decisión política. A partir de allí, Venezuela empieza de alguna forma a reclamar ese territorio y por eso la mayoría de los venezolanos tenemos referencias de que cuando dibujábamos el mapa, colocábamos allí unas líneas verticales y escribíamos zona en reclamación. Hay un hecho muy importante que sucedió en el año 1966, justo cuando Guyana se va a independizar del Reino Unido. Se firma entonces un tratado internacional que se llama Acuerdo de Ginebra. Allí básicamente dicen: “Tenemos que negociar y tenemos que tratar de alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes, tanto para Venezuela como para Guyana”. Y así desde 1966 y por muchísimos años empiezan unas negociaciones que obviamente no llegan a ningún lado.
Guyana también ha visto que Venezuela está pasando por una crisis y este es el momento que tiene para tratar de cerrar el libro de la disputa
Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
“¿Cuál es el momento más clave en el que Venezuela se ausentó? Justamente en la primera fase, cuando los jueces de la Corte Internacional de Justicia dicen que pueden realmente resolver esta disputa. ¿Por qué? Porque según el derecho internacional, los tribunales internacionales tienen que determinar si tienen o no lo que se llama jurisdicción, si tienen el poder de decidir la disputa, y los tribunales internacionales tienen ese poder únicamente si los Estados se lo han dado inequívoca o expresamente”.
En el caso del Acuerdo de Ginebra —continúa De Alba―, realmente no estaba claro que Venezuela ni Guyana hubiesen consentido que fuera la Corte Internacional de Justicia la que decidiera la disputa. Entonces Venezuela dice que no reconoce a la Corte. Hay toda una primera fase del juicio en la que el gobierno de Nicolás Maduro no participa. Al final envían una especie de escrito informal, un memorándum, y en diciembre del año 2020 la Corte decide que sí tiene jurisdicción. Por ello, de alguna forma esa primera parte de la disputa, cuando además Venezuela tenía los mejores argumentos para tratar de convencer a la Corte de que la vía tenía que ser la negociación, la pierde. Ahora estamos en la segunda fase de la disputa, lo que en derecho se conoce como el fondo, cuando la Corte va a decidir si el Laudo Arbitral de 1899 es válido o no y se verá qué consecuencias tiene eso para el territorio en disputa.
―Lo que quería el Gobierno venezolano era una solución negociada. Pero ¿se trabajó en eso antes de 2020 o hubo omisiones.
―Básicamente desde el año 1966 se trabajó, se firmó un acuerdo adicional que se llama el Protocolo de Puerto España donde se congeló la disputa por un número de años. Yo creo que se trató, hubo reuniones, posiblemente no se trató con el ímpetu porque se pensaba que de alguna forma esto iba a seguir en negociaciones por años, se subestimó la necesidad de Guyana de finiquitar la disputa una vez descubriera petróleo, pero sí hubo negociaciones. Hubo un esfuerzo pero las diferencias son muy amplias entre ambos países y nunca hubo realmente la posibilidad de que se llegara a un acuerdo negociado que fuera satisfactorio para ambas partes, como dice el Acuerdo de Ginebra.
—¿Y si no había forma de hacer un acuerdo negociado se puede inferir que la Corte Internacional de Justicia era la opción o había otra opción?
—Bueno esa es parte de la discusión que se debió manejar con mayor profesionalismo e ímpetu hace algunos años cuando la Corte trató de decidir esto, porque el Acuerdo de Ginebra no dice expresamente que si no se puede negociar satisfactoriamente entonces se va a la Corte Internacional de Justicia. Lo que dice en una cláusula es que se utilizarán los mecanismos de resolución de disputa que están establecidos en el artículo 33 de la Carta de la ONU. En este artículo hay diversos mecanismos, como la negociación, la mediación, un arbitraje y el arreglo judicial. La Corte se agarra de la frase “arreglo judicial” y dice que entonces sí tiene el poder de decidir, pero la discusión clave en ese momento debió ser que para que un Estado se someta a la Corte Internacional de Justicia tiene que dar su consentimiento de forma expresa e inequívoca, y Venezuela no lo dio de forma expresa con el Acuerdo de Ginebra. De hecho Venezuela tiene un historial en otros tratados, con otros tribunales internacionales, de no aceptar la jurisdicción de esta Corte dada, en parte, la mala experiencia de 1899. De hecho en la página web de la Corte Internacional de Justicia hay una pestaña donde dice los tratados que le dan jurisdicción y ahí nunca apareció el Acuerdo de Ginebra. Ese era un tema discutir pero yo creo que ya es un poco tarde enfocarnos en eso, porque la realidad es que la Corte ya decidió que sí tiene el poder de decidir la disputa, en diciembre de 2020, y ahora está conociendo el otro tema que es si el Laudo de París es válido.
―En junio de ese año lo que no debía pasar es que el Gobierno de Maduro se ausentará y lo hizo…
―El Gobierno se ausentó, a última hora mandó un documento pero algo muy poco profundo. La defensa no se ejerció bien en esa fase. Más recientemente, el año pasado, Venezuela decidió participar interponiendo o solicitando una cosa que se llama excepciones preliminares, que básicamente fue un intento de volver a abrir el debate sobre la jurisdicción con unos argumentos más técnicos. Al final Venezuela, este año, también perdió esa excepción preliminar que impuso, pero en esta segunda fase del proceso, que es la fase de excepciones preliminares presentadas por Venezuela, sí participó en una audiencia, presentó un escrito. Ese es otro punto clave que la pregunta 3 del referéndum está planteando si se está de acuerdo con desconocer la jurisdicción de la Corte, y aunque Venezuela nunca la ha reconocido expresamente y siempre que se presenta dice que estar ahí no significa que la reconoce, también es verdad que Venezuela cuando decidió interponer esta excepción preliminar se presentó ante la Corte, le pidió a la Corte, o sea, reconoció que tenía la facultad de decidir, ejerció su derecho de nombrar un juez, (cada país en disputa puede nombrar un juez adicional a los que ya están en la Corte para que alguna forma vele por sus intereses en las deliberaciones). Venezuela ejerció ese derecho, entonces de alguna forma Venezuela está participando y al menos tácitamente reconoció a la Corte. Por lo tanto, ahora preguntarle a los venezolanos si quieren reconocer a la Corte, desde mi punto de vista, tiene poco sentido.
Es evidente que el referéndum es simbólico. Es evidente que el gobierno está utilizando el referéndum lamentablemente con una intencionalidad política para su propio beneficio
Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
En este momento obviamente lo único que le queda a Venezuela es tratar de participar en el juicio ante la Corte, presentar sus mejores argumentos, que los tiene, para demostrar que el Laudo no es válido. Pero también es verdad que Venezuela puede perder el juicio, entonces aquí yo creo que lo más sabio sería también ir preparando una estrategia en el caso de que pierda. ¿Qué va a suceder? ¿Qué otras alternativas tienen? Y no está claro si eso se está haciendo, pero en cambio se está organizando un referendo para el 3 de diciembre.
Guyana no solamente ha reaccionado al hecho de que se descubrieron recursos naturales en el territorio, también ha visto que Venezuela está pasando por una crisis, está muy pendiente de otros problemas, y este es el momento que tiene para tratar de cerrar el libro de la disputa y la mejor alternativa que ellos consideran que tienen para hacerlo es con una sentencia definitiva ante la Corte.
―¿Hay alguna justificación por la cual los venezolanos tengamos que votar en este referendo?
―Yo creo que al final votar puede terminar siendo una decisión muy personal. Votar es un derecho en Venezuela, no es un deber. Lo que yo sí puedo decir es que lo que se decide allí no obliga al gobierno a hacer una cosa u otra. Por lo tanto, el impacto que tiene es meramente simbólico. Eso creo que es importante que los venezolanos lo tengan en cuenta. Como decía antes, el gobierno venezolano debería estar haciendo cosas independientemente, debería estar ejerciendo la defensa del territorio, tanto en la Corte Internacional de Justicia como con otras estrategias, independientemente de lo que diga la población es su obligación.
Ahora, hay dos vertientes. Un grupo de venezolanos dice que hay una realidad, y es que desde el punto de vista venezolano, Guyana controla ese territorio de facto desde hace muchísimos años. Entonces, hay un grupo de venezolanos que dice que ese territorio ya básicamente lo damos por perdido. Esa es una posición. Además, en el territorio restante de Venezuela hay importantes recursos naturales que se pueden explotar, entonces hay gente que dice, “¿para qué queremos más?” Pero también hay otras personas que dicen que Venezuela fue víctima de un fraude y yo creo que esa posición también tiene lógica. Venezuela tiene el derecho de tratar de recuperar ese territorio. Por lo tanto, el referéndum, si estuviese planteado de otra forma, podría tratar de educar más a la población sobre esta disputa, como en efecto está sucediendo, porque en el último mes se ha hablado mucho de esto y creo que cada vez más gente se interesa y se entera de esto. Y después, eso también debería generar, si hubiese un interés muy importante de la población, una presión hacia los distintos actores políticos para que de alguna forma se genere un consenso. Es un tema que al final puede redundar, inclusive, en que Venezuela tenga mayores recursos, mayor territorio, mayores posibles destinos de turismo, etc.
Vamos a ponernos todos de acuerdo en unos consensos mínimos y vamos a tratar de defender nuestros derechos. Y en Venezuela no hemos logrado eso porque la polarización nos ha afectado. Entonces, ¿en el referéndum tiene que votar la gente? Creo que cada quien tiene que decidirlo. El último factor que yo agregaría a la discusión es que los venezolanos, en los últimos años, han experimentado tanto la posibilidad de ejercer su derecho al voto como la de abstenerse. Y, al menos en el debate público, hay algunas personas que piensan que abstenerse en algunas elecciones recientes fue una estrategia que no dio resultados. Entonces, con base en eso, hay muchos venezolanos que, aunque no se identifican con el gobierno, dicen que ejercerán su derecho y posiblemente en algunas preguntas votarán “No”, a diferencia de lo que está proponiendo el gobierno.
―¿Qué pasaría si Venezuela no lleva un buen argumento a la Corte?
―Si Venezuela no ejerce su defensa debidamente lo más probable es que la Corte le termine dando la razón a Guyana. Incluso si Venezuela ejerce una excelente defensa no está asegurado que gane el juicio. Una tarea que le corresponde a las autoridades que ejercen el gobierno en este momento tratar de coordinar esa defensa, hay una fecha límite para presentar ese escrito, quedan pocos meses. También debería estar preparándose el gobierno de Venezuela para reaccionar si pierde ese proceso, no podemos subestimar el hecho de que Guyana se viene preparando desde hace muchísimos años, ha invertido enormes cantidades de recursos y ha contratado a muy reputados abogados internacionales para que lo representen ante la Corte, que creo que va a decidir en varios años, no va a suceder de manera inmediata su decisión final. Si esta es perjudicial para Venezuela el escenario es complicado, pero no significa que Venezuela no pueda desarrollar otra estrategia sobre qué hacer si pierde.
El impacto del referéndum es meramente simbólico
Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
Por ejemplo, la Corte únicamente está llamada a decidir si el Laudo Arbitral de 1899 es válido, qué impacto tiene eso en el territorio en disputa todavía es una incógnita: si de alguna forma la Corte va a llegar tan lejos como para definir las fronteras, dónde está ubicada la frontera, a lo mejor la Corte termina decidiendo que el Laudo es válido pero el tema de dónde exactamente van las líneas deben negociar los Estados, esa también es una opción y además Venezuela tiene a su ventaja de que la Corte ya dijo que en el tema de la delimitación marítima no tiene la jurisdicción, por lo tanto Guyana y Venezuela están condenados a eventualmente negociar y esa eventual negociación pudiese también ser utilizada por Venezuela para tratar de defender sus derechos. Se trata de un tema complicado, técnico, que debería requerir a las mentes más calificadas de la nación y un tema que también requiere desarrollar una estrategia de largo plazo, independientemente de quien esté en el gobierno.
―¿Qué opinas sobre las preguntas 3 y 5? ¿Crees que son realmente las más complicadas, las que generarían más problemas a Venezuela?
―Si yo participara en el referéndum yo respondería la pregunta 3 con un “No”. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Venezuela en distintos momentos, pero no de manera uniforme, ha dicho que su posición es no reconocer la jurisdicción de la Corte, hay un hecho clave, que es que la Corte en diciembre del año 2020 dijo que sí tiene jurisdicción. Entonces, responder “Sí” a esa pregunta, como lo está proponiendo el gobierno de Nicolás Maduro, lo utilizará para dejar de defendernos allí. Eso es una posibilidad, y yo pienso que Venezuela debe seguir participando en el procedimiento de la Corte, preparándose. Yo respondería que no porque eso va conforme con mi posición de que Venezuela, bajo ninguna circunstancia, debe abandonar el proceso ante la Corte. Sería muy grave si la Corte dicta una decisión sin escuchar con la suficiente profundidad cuál es la posición, los argumentos y las pruebas por parte de Venezuela.
Y la 5 tiene que ver con la creación del Estado Guayana Esequiba. Tengo mis diferencias sobre eso. Creo que aquí hay que ir por pasos. Primero hay que resolver la disputa y después, si de alguna forma Venezuela al menos comparte ese territorio en disputa, entonces se pudiese crear el estado. ¿Qué es lo que se puede hacer? De responder “Sí” a esa pregunta en este momento, ¿cómo se ejecuta? Es la primera pregunta. ¿Van a enviar a las Fuerzas Armadas Venezolanas a tomar ese territorio a la fuerza? ¿Y qué pasa si Guyana, con algunos de sus aliados internacionales, responde? ¿Va a entrar? ¿Van a estar en peligro los oficiales de las Fuerzas Armadas que hagan eso? Otro tema allí es que en este momento son venezolanos quienes se están yendo a Guyana a vivir. Creo que hay cerca de 30.000 venezolanos que están viviendo ahí, que de hecho recientemente han sido objeto de vejaciones y maltratos por parte de autoridades y oficiales de seguridad guyaneses. Entonces, ¿la escasa pero importante población que vive allí quiere la nacionalidad quiere la cédula venezolana? Pareciera que no, porque Venezuela es un país que económicamente está mal. Guyana, en cambio, es un país muy pequeño que recientemente descubrió petróleo y ahora, con esos ingresos que empiezan a obtener, se va a convertir en uno de los países más ricos de la región. Más bien, la gente se va a querer ir para allá. Son temas complejos. Así que yo creo que esa pregunta, me parecería irresponsable votar que sí.
―¿Existe la posibilidad de que Maduro anuncie una guerra contra Guyana para evitar un proceso presidencial en el año 2024?
―Creo que no se puede descartar. Creo que hay que ser responsables en eso. Realmente un asunto clave de toda esta discusión es cuál es la intención de preguntarle esto a la población. Y creo que esa es una pregunta que todavía no se ha respondido. O sea, ¿qué es lo que se pretende con esto? En la pregunta 4 efectivamente, si el “Sí” se impone, como los venezolanos le están diciendo al gobierno y a las Fuerzas Armadas que se opongan a cualquier pretensión de Guyana de disponer del mar. Y el mar es importante en este momento porque allí es donde se concentran la mayoría de los proyectos de exploración y algunos ya de explotación de recursos naturales.
Recordemos que Guyana está pidiéndole a la Corte que le ordene a Venezuela suspender el referéndum, que al menos le ordena a Venezuela quitar las preguntas 1, 3 y 5. Allí los abogados de Guyana reconocieron que la Corte no está conociendo el tema de la delimitación marítima y que básicamente la única alternativa que en este momento ambos países tienen para finiquitar este asunto, si es que lo quieren finiquitar, es a través de una negociación. Entonces yo creo que sobre esa pregunta es evidente que si Guyana empieza a tener proyectos de exploración y explotación en territorio marítimo, que claramente es de Venezuela, que no están en disputa ni siquiera, sino que son de Venezuela, hay que reaccionar y ejercer los mecanismos conforme al derecho internacional, desplegar a sus fuerzas armadas porque ese es territorio venezolano y eso no sería una violación del derecho internacional. Entonces, la pregunta 4 es una pregunta a la que teóricamente todos los venezolanos deberían decir que “Sí”
―¿Qué posición deben fijar los partidos de la Plataforma Unitaria?
―La plataforma unitaria ya fijó oposición. El comunicado me pareció que no era suficientemente claro, básicamente dijo que cada quien decida si quiere participar o no. Y el que quiera participar, que diga cómo responde. No dio ningún tipo de guía. Para la oposición venezolana es un asunto complicado porque cuando se firmó el Acuerdo de Barbados, el 17 de octubre, la oposición no solamente firmó el acuerdo de garantías electorales, también firmó un acuerdo adicional donde se comprometió a defender el territorio, ese equipo, etc, y otras cosas con respecto a ese punto. De hecho ya el gobierno y Plataforma Unitaria habían firmado un acuerdo parecido. Ahora, que la oposición no diga nada es un poco contradictorio, porque si firmaron un acuerdo donde se comprometió a defender el territorio, y ahora hay un referéndum y dicen que cada quien haga lo que quiera, muy probablemente el gobierno va a interpretar esa posición a su conveniencia y va a decir que la plataforma unitaria está violando uno de los acuerdos firmados en Barbados.
La defensa no se ejerció bien en la primera fase
Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
Es evidente que el referéndum es simbólico. Es evidente que el gobierno está utilizando el referéndum lamentablemente con una intencionalidad política para su propio beneficio. Ahora, si me preguntan mi opinión muy personal, teniendo en cuenta el acuerdo que firmó la oposición en Barbados y teniendo en cuenta que la Plataforma Unitaria también viene dentro de una estrategia de decir que hay que participar sí o sí en los procesos electorales, etc, creo que no hubiese habido ningún perjuicio en que llamara a la oposición a votar, incluso por una opción distinta, para tratar de utilizar ese referéndum para empezar a ver si algunas garantías electorales, como las de auditorías, de conteo de los votos, el gobierno está en la disposición o no de realizarlas correctamente. Pero al final, yo creo que la oposición está decidiendo por una posición que se puede resumir en que es algo que el gobierno está utilizando de forma política para aceitar su maquinaria de cara a 2024 y ellos no se van a prestar.
No es una respuesta fácil, pero hay varios de sus partidos que se inscribieron ante el CNE para participar en el referéndum como organizaciones, y hay personalidades y partidos que van a participar en el evento. Entonces, lo que yo creo es que el gobierno también está tratando de utilizar el referéndum como una especie de globo de ensayo para para ver si ellos podían poner a la oposición un poco en esta posición, donde hay diferencias internas en lugar de una coordinación estratégica sobre qué hacer. Y esa es la esperanza que tiene el gobierno de Maduro, que sea lo que suceda en la presidencial del año 2024, que haya una parte de la oposición que diga no va a votar porque no hay condiciones o porque las condiciones no son suficientes o porque no habilitaron a su candidata; y otra parte que diga que sí va a votar independientemente de los obstáculos que ha puesto el gobierno. Y en ese escenario, las posibilidades del gobierno de Nicolás Maduro crecen, son más relevantes que si la oposición logra esa unidad estratégica.
―Es decir, ¿el referéndum del 3 de diciembre es un globo de ensayo para las presidenciales del año 2024?
―Yo creo que sí, por diversos motivos. Para tratar de generar divisiones de la oposición, ver cómo reaccionan unos, cómo reaccionan otros, porque el gobierno lo está utilizando para de alguna forma testear o probar su maquinaria electoral, cuántos funcionarios públicos van, cómo funciona el famoso 1 x 10, etc.
Es un globo de ensayo y creo que están tratando de aceitar su maquinaria, que está muy debilitada y tratar de evaluar conforme a eso, cómo pueden mejorar, qué más pueden hacer, qué tantas garantías electorales pueden conceder o no de cara a la presidencial del año 2024.