Entrevista: César Batiz Redacción: Jesús Alberto Yajure
Caracas.- La abogada, exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eglée González-Lobato, cree que el anuncio del procedimiento para revisar las inhabilitaciones políticas es un avance en el cumplimiento de los acuerdos de Barbados, firmados entre el Gobierno y la oposición.
Representantes de Noruega —país mediador en las conversaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición— difundieron, la noche del 30 de noviembre, un documento en el que se detallan los procedimientos para la revisión de las inhabilitaciones políticas en Venezuela, como parte de los acuerdos de Barbados que firmaron representantes de la Plataforma Unitaria de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro.
González-Lobato, académica del doctorado en Ciencias Políticas de la UCV, analiza el anuncio y el cumplimiento de los dos acuerdos firmados en Barbados y cómo el proceso para la revisión de inhabilitaciones marca lo que considera el inicio de una carrera por la presidencia, en un contexto cada vez más intrincado, por las tensiones de la disputa territorial con Guyana por el territorio de la Guayana Esequiba, el dictamen en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el referendo consultivo de este 3 de diciembre y las expectativas sobre las reacciones y cómo manejará el Gobierno los resultados de la consulta a partir de mañana, 4 de diciembre.
«Es un avance. Se ha avanzado», asegura sobre el anuncio hecho por Noruega. Además, considera que la medida, informada el último día del plazo que dio Estados Unidos al Gobierno de Nicolás Maduro para cumplir con lo pactado, abre una ventana de posibilidades en las negociaciones entre las partes. Entre estas, la decisión del TSJ sobre la inhabilitación impuesta a María Corina Machado, vencedora de la primaria opositora, y a otros candidatos.
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—Comencemos analizando el deadline que dio el gobierno de Biden: ¿resultó conveniente que se hablara del 30 de noviembre como la línea roja, o el deadline para el gobierno de Maduro?
—En principio eso se había entendido como un exceso de Blinken (Antony Blinken, secretario de Estado en la administración de Biden), porque no se correspondía con lo que los negociadores o las diferentes delegaciones habían declarado que habían acordado. Es decir, no había un tiempo para empezar a hablar sobre las inhabilitaciones. Sobre todo, porque es un punto sumamente sensible tanto en la opinión pública, como en la negociación. Sin embargo, esto generó una presión positiva en la medida en que aún cuando no hay una medida de habilitaciones con voces y rostros sí se previó un procedimiento que se ha entendido como un «procedimiento ventana». Aunque no sabemos qué hay del otro lado de la ventana, pero que tiene unas características muy particulares.
Se entiende que hubo entre las delegaciones un debate sobre si esto podía únicamente ser aplicado para candidatos presidenciales o si iba a ser un proceso de revisión de habilitaciones en términos generales. Y ganó la primera tesis, porque acá estamos en presencia de un proceso en dos vías: tanto la negociación, como la ruta electoral. Entonces se vio como un proceso que será únicamente para los candidatos presidenciales. Y esto genera más interrogantes que respuestas.
Cuando hablamos de habilitaciones todos pensamos en María Corina Machado y su reciente éxito en las primarias.
Eglée González-Lobato, abogada especialista en Derecho Administrativo, exdirectora de la Escuela de Derecho (UCV) y ex consultora jurídica del CNE.
—¿Por qué cree que el Gobierno decidió revisar el proceso de las inhabilitaciones antes que liberar presos políticos? ¿Por qué optar por una opción y no por la otra? Parecería hasta más sencillo para el Gobierno, por ejemplo, liberar a los estadounidenses detenidos en cárceles venezolanas.
—Yo lo veo distinto. Creo que eso puede generar menos complicación, puede tener mayor acuerdo. Y tal vez el tema que tiene menos acuerdo es el asunto de las habilitaciones. Especialmente con una candidata como María Corina. Cuando hablamos de habilitaciones, todos pensamos en María Corina Machado y su reciente éxito en las primarias.
—Precisamente por eso, ¿no era más sencillo para el Gobierno liberar presos políticos, cumplir con el deadline y no tocar el tema de las inhabilitaciones?
—A diferencia de lo que opinan en redes sociales, creo que se ha avanzado mucho hoy. Yo creo que es un avance enorme. Y es un avance, porque eso es lo que más le cuesta al Gobierno. Un preso político no condiciona el ejercicio del poder del oficialismo o el mantenimiento de Nicolás Maduro como candidato a una reelección. En cambio, una habilitación sí, porque en una habilitación (política) estamos hablando del ejercicio del poder y de la amenaza real de perder el poder. Y con María Corina Machado hay una percepción de que obtuvo un éxito en términos de números, de movilización, de unidad. Y esto significa un asunto de alto calibre para el Gobierno: ceder inmediatamente. Y por esto prefiere llevarlo a un proceso de revisión.
—Cuando toman esta decisión pareciera que es más costoso para quienes están en el poder permitir el proceso de revisión que liberar presos políticos, pero entiendo que el hecho de que este proceso vaya a la Sala Político Administrativa del TSJ da un margen, una oportunidad al oficialismo de ganar tiempo…
—Bueno, da posibilidad para que todos ganen tiempo. Porque prácticamente el problema está en que un hecho que sería jurídico, tiene una lectura que es política. Es decir, una sentencia o llevar esto a un proceso judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que pareciera un asunto de corte jurídico, tiene una lectura política, y esta es que continúan las negociaciones. El gobierno cede y dice ‘bueno, vamos a la revisión de las inhabilitaciones, pero estas no van a ser unas habilitaciones automáticas, no está todo acordado, sigamos negociando’. Y eso no es malo, continua el proceso. Se da una continuidad. Y no lo que pareció en un primer momento, que fue cuando ocurre la declaración del alto funcionario de la administración de Biden, cuando se comete un exceso. Y esa declaración la da en inglés, donde no se puede atribuir esto a un error en la transcripción o en la traducción. Es un error que supieron superar y que el gobierno de Maduro, que tenía más que ceder, va a un proceso de revisión de las inhabilitaciones.
es un avance, porque eso es lo que más le cuesta al Gobierno. Un preso político no condiciona el ejercicio del poder del oficialismo o el mantenimiento de Nicolás Maduro como candidato a una reelección. En cambio, una habilitación sí, porque en una habilitación [política] estamos hablando del ejercicio del poder y de la amenaza real de perder el poder.
Eglée González-Lobato, abogada especialista en Derecho Administrativo, exdirectora de la Escuela de Derecho (UCV) y ex consultora jurídica del CNE.
Y no es lo óptimo, porque en este proceso de revisión, la primera pregunta que hay que hacer es: ¿quiere decir que si llevas esto a cualquier candidato presidencial es necesario que se tenga la condición de candidato para habilitarte? Porque esto lo que generaría sería un mayor número de candidatos presidenciales, la ineficacia de las primarias y de su efecto, también de la unidad en torno a un candidato único. Porque cómo tú le puedes decir a un candidato, como Superlano o Capriles: ‘no vayas a pedir tu habilitación porque tú estás comprometido con una decisión de las primarias’.
—Es decir, esta es una oportunidad que tiene el oficialismo para dividir a la oposición.
—Absolutamente. Es una posibilidad para fragmentar a la oposición, porque se la pone muy difícil a los candidatos. Por ejemplo, yo pudiera -a través de una candidatura presidencial- acceder a una habilitación política para ser después gobernadora. En el caso de Superlano, por ejemplo. O como en el caso de Capriles. ¿Cómo tú evitas que él vaya a su habilitación cuando un procedimiento le está dando la posibilidad? Hay una finalidad, y el procedimiento lo justifica. Se trata de un derecho. El procedimiento está muy bien pensado y articulado. Enmarcado en un proceso de negociación, creo que se gana, más que perder.
—¿Podría explicar en qué consiste este proceso de revisión y cómo proceder frente a la Sala Político Administrativa del TSJ?
—Yo había comentado el otro día, que recordé un libro que estaba leyendo sobre Napoleón que me encantó, y él decía que las constituciones debían ser cortas y oscuras. No dice nada y dice mucho. Y este proceso es más o menos así.
Este procedimiento lo inspira una sentencia, en el caso de Manuel Rosales, a un recurso que se introdujo en 2015 —y congelemos este dato allí— y que fue decidida en 2017, con ocasión a una petición de habilitación. La vía, el recurso que se interpuso, fue un contencioso de nulidad con amparo cautelar. Y allí lo que se decide en 2017, dos años después, es el amparo cautelar a favor. Es decir, que concede la habilitación, pero nunca se decide el fondo del asunto. Nunca se decidió qué nulidad o qué vicios tenían esas inhabilitaciones administrativas por parte de la Contraloría, que han tenido a una mayoría en contra —entendidos y no entendidos—, porque van contra los derechos políticos.
No hay un procedimiento penal y esto sería absolutamente accesorio. Pero en ese momento se va por esta vía y ese es el procedimiento en el que se inspira esta nueva medida aprobada en una resolución conjunta.
Lo que yo entiendo es que la delegación opositora ve que estas medidas deben ser expeditas. Es decir, que el TSJ, a través de la Sala Político Administrativa, tome una decisión. Desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre hay posibilidad de interponer ese recurso contencioso por parte de los interesados. Y eso abriría la puerta a una decisión. Pero lo que se prevé es que sea un proceso expedito, no que se tarde dos años, como sucedió con Manuel Rosales.
—¿Hay garantías realmente de que la Sala Político Administrativa atienda estos casos de manera expedita? ¿No se puede pensar que este es un procedimiento que puede ser utilizado para luego anunciar la decisión del levantamiento de las inhabilitaciones una semana o días antes de la inscripción de los candidatos a las elecciones presidenciales de 2024?
—No pareciera. Porque al gobierno le interesa muchísimo este levantamiento progresivo de las sanciones económicas. El gobierno, sin aumentos y sin una mejoría económica, está prácticamente fuera del juego para una elección presidencial. Necesita recursos, recursos no solo para él, sino para la ciudadanía: que la gente sienta una percepción de mejoría, que haya una sensación de esperanza.
El gobierno tiene algo muy a cuestas. Y es que si a Massa, el candidato presidencial en Argentina, le costaba mucho dar a entender que él no era el continuismo porque no era el presidente, siendo parte del gobierno y del oficialismo, imagínate a Nicolás Maduro. ¿Cómo hace Nicolás Maduro para explicar que él no es el continuismo si es el presidente actualmente?
el gobierno también está claro que hay un interés en un cambio, incluso dentro de las filas del oficialismo, más duro. Él necesita, busca ganar, va tras una elección legítima, una elección que sustituya esa degradación que fue la elección de 2018. Entonces, hay que ponerse un poco en los zapatos del gobierno para enteNder su pretensión.
Eglée González-Lobato, abogada especialista en Derecho Administrativo, exdirectora de la Escuela de Derecho (UCV) y ex consultora jurídica del CNE.
Además, el gobierno está clarísimo. Así como tú tienes cifras y yo tengo cifras, el gobierno también está claro que hay un interés en un cambio, incluso dentro de las filas del oficialismo, más duro. Él necesita, busca ganar, va tras una elección legítima, una elección que sustituya esa degradación que fue la elección de 2018. Entonces, hay que ponerse un poco en los zapatos del gobierno para entender su pretensión.
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Que tiren la mesa, que le den una patada a la mesa, esa es siempre una opción, porque muchos hemos dicho que este es un gobierno autoritario, con tendencia totalitaria. Pero lo que estamos tratando es de hacer esfuerzos para que el gobierno cambie, de un giro enorme, y permita una elección competitiva donde él tenga posibilidades de ganar. Y eso es lo que el gobierno está viendo.
Lo que sabemos, hasta ahora, es que hay dos acuerdos firmados el 17 de octubre de este año, donde hay varios temas interesantes. Y uno de ellos es la garantía del ejercicio de los derechos políticos y una nivelación electoral.
—Si María Corina Machado se presenta ante el TSJ, ¿admite la legalidad de la inhabilitación? ¿es esto así? ¿Qué cree que debe hacer?
—Sería un exceso que le dijera a la candidata qué hacer. Sobre todo porque se ha caracterizado por hacer lo que ella piensa. Yo creo que ella entiende el juego muy bien. Hasta ahora, María Corina Machado, impresionantemente y sorprendentemente, ha actuado en contra de lo que uno creería que ella iba a hacer. Ella ha ido superando obstáculos y se ha mantenido en el juego electoral. Se ha mantenido en la ruta electoral.
Y ella está clara en que la intención es que salga de la ruta electoral. Porque una vez que ella salga de la ruta electoral está fuera del juego presidencial. A ella lo que más le cuesta es desafiar su propia naturaleza. Ella ha sido una candidata que se ha movido por acciones distintas y este momento luce determinada. Además, conociendo unos números que si se llevan a proyecciones le da algo favorable, creo que está decidida a llegar realmente a la posibilidad de competir con Nicolás Maduro.
—Pero, ¿si va a la Sala Político Administrativa admite la legalidad de la inhabilitación?
—Eso no es posible. Es decir, no hay una legalización a posteriori. No hay una motivación posterior a lo que se dictó. Nada puede legalizar de ninguna manera lo que ha sido una vulneración al ejercicio del derecho político. Incluso, demostrado hace poco que estas inhabilitaciones políticas son una vulneración al derecho a elegir y ser elegido. De ninguna manera la candidata podría subsanar un error de nulidad absoluta, de nulidad constitucional.
Simplemente estamos frente a hechos políticos. Ella lo debe entender. Se necesita una visión amplia para entender esto.
—Revisemos la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). ¿Cuál es su opinión sobre el fallo del día de hoy?
—Debo decir que no soy la experta internacional o en Historia para hablar sobre la defensa del Esequibo, porque es un tema sumamente complejo. Pero, por supuesto, la decisión que se ha dado hoy, incluso en mi ignorancia, no creo que haya sido una suspensión lo que se quiera del referendo consultivo. No se habla de soberanía de Guyana sobre el Esequibo, se habla de administración y control del territorio, pero se reserva, le dice al gobierno de Nicolás Maduro de no emprender acciones, después de obtener una mayoría afirmativa en la pregunta cinco, que es la creación de una entidad, porque eso crearía un problema.
No creo que el referendo consultivo sea una amenaza inminente de la que habla la Corte. Pero sí creo que hay preguntas que tienen que ser gestionadas de forma muy moderada, muy conciliatoria y escuchando a los países de la región, como a Brasil que, además, sostiene hoy reuniones con Guyana. Es decir, no adoptar posiciones bélicas y mirar hacia el diálogo.
La administración de Nicolás Maduro necesita el referendo consultivo desde el punto de vista electoral. Para mí es un diagnóstico de la capacidad de movilización que tendría en la región, un termómetro incluso de la lealtad de los gobernadores y alcaldes con Nicolás Maduro como candidato para esa movilización. Y luego lo que va a pasar el día cuatro, que va a ser un llamado. Si uno ha entendido un poco al Gobierno nacional podría intuir que habrá un llamado a una defensa del país, pero de unidad nacional. Probablemente veamos en los días siguientes distintos acuerdos con factores de oposición no solamente para la defensa del Esequibo, sino también para una gobernabilidad, del país, compartida, reservada, pero compartida, con algunas figuras moderadas de la oposición.
—Jorge Rodríguez ha dicho que el 4 de diciembre Delta Amacuro limitará con el estado Guayana Esequiba. Y mientras, la Corte dice en su fallo: ‘…hasta tanto se adopte una decisión final de la controversia, Venezuela se abstendrá de tomar medidas que modifiquen la situación del territorio bajo administración de Guyana. ¿Cómo se resolverá esto? ¿Cómo actuar el día 4 si la mayoría vota sí?
—Yo creo que ese es el llamado que se está haciendo. Es decir, aunque te voten sí, ten cuidado cómo lo gestionas. En el caso de Jorge Rodríguez, hay que diferenciar cuando habla como el vocero político y cuando lo hace como mediador o como negociador. En este caso está hablando como un vocero político. Y entonces habría que ver cómo va a hablar el día 4. No creo que Venezuela va a poner peor su situación, no solo ante Guyana y ante la Corte, sino en la región. Brasil, el presidente Lula, ha sido insistente en llamar al diálogo. Porque Brasil también tiene interés en la resolución del conflicto. Y yo creo que si las cosas son como parecen, acá no deberíamos ir a algo que encienda alarmas o luces de emergencia, sino que vamos a un proceso más largo, más lento, donde se produzcan acercamientos entre las partes.
El 4 de diciembre empieza la carrera presidencial 2024. Maduro, en este momento, necesita un portaviones enorme. Yo había pensado que el portaviones iban a ser los gobernadores, pero parece que no es así.
Eglée González-Lobato, abogada especialista en Derecho Administrativo, exdirectora de la Escuela de Derecho (UCV) y ex consultora jurídica del CNE.
El 4 de diciembre empieza la carrera presidencial 2024. Maduro en este momento necesita un portaviones enorme. Yo había pensado que el portaviones iban a ser los gobernadores, pero parece que no es así. Creo que Maduro va a mirar cómo da a entender tanto a sus electores como a aquellos que aún no tengan una decisión, cómo pueden ser un mejor gobierno del que han sido y eso implica una sesión importante con diversos factores, dentro del propio oficialismo, y con respecto a ciertos factores de oposición.
—Ha dicho que el 4 de diciembre comienza la elección presidencial, la campaña presidencial 2024, pero hay quienes han dicho que Maduro puede usar el caso del Esequibo para evitar estas elecciones…
—Muchas veces uno dice que si el gobierno decidiera de una manera no sería tan autoritario, sería demócrata. Es decir, que hay un margen de error importante y uno puede equivocarse, porque, a veces, uno quiere tener la esperanza de que haya la intención de hacer un giro importante para el país. Yo realmente no lo creo. No creo que esto sea utilizado para suspender un proceso electoral. Creo que aquí está en juego mucho más, además se ha materializado el levantamiento de sanciones, que pueden ser progresivas, mucho más beneficiarias para el país, que implican ingresos para el país, que implica una percepción de bonanza para el país. Y sabemos que la tenemos difícil, porque se necesitarían muchos años para volver a un PIB como el que tuvimos, pero, en todo caso, creo que no sería necesario retroceder, irnos a un caso como el de Nicaragua.
Yo creo que si uno entiende y uno lee lo que está pasando, esto debe avanzar. Se ha avanzado hoy, se ha avanzando con el procedimiento de revisión y se ha avanzado con la decisión de la Corte (CIJ). Ambos han permitido que continúe la negociación y continúe el apoyo de los diferentes sectores por la defensa del Esequibo. Son los dos acuerdos del 17 de octubre de 2023.
¿cuál sería la fecha más idónea para la elección presidencial? La fecha más indicada sería la más pronta, podría ser en octubre, noviembre o diciembre. Son los meses más cercanos a enero, lo que permitiría un traspaso del poder en caso de que se produjera en los términos de mejor convivencia social y política.
Eglée González-Lobato, abogada especialista en Derecho Administrativo, exdirectora de la Escuela de Derecho (UCV) y ex consultora jurídica del CNE.
—Como experta electoral y basándose en su experiencia, ¿cuál sería la fecha más idónea para estas elecciones presidenciales? Y, ¿cree que se harán también para gobernadores, alcaldes y otros? ¿Qué se imagina en el segundo semestre de 2024?
—La fecha más indicada vendría a ser la más próxima a la juramentación, que se produce en enero. Porque no hay fecha en la Constitución, pero es una costumbre que se diera lo más cerca a la fecha de la juramentación, porque se entendía que no es bueno que un gobierno le tome tanto tiempo para darle el poder a otro, en caso de que perdiera, o para asumir un nuevo gobierno. Entonces, ¿cuál sería la fecha? Sería la más pronta, podría ser en octubre, noviembre o diciembre. Son los meses más cercanos a enero, lo que permitiría un traspaso del poder —en caso de que se produjera— en los términos de mejor convivencia social y política.
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—¿Está el CNE en capacidad y tiene la voluntad para permitir la inscripción de los venezolanos en el exterior —y esto se lo pregunto como exasesora del CNE y como conocedora del tema, conocedora del monstruo por dentro.
—Hay que diferenciar varias cosas. La capacidad técnica la tiene. La capacidad logística también. El problema es, nuevamente, de voluntad política. Los votos en el exterior son votos contra Nicolás Maduro. ¿Y voy a permitir que toda la diáspora vote contra mí? Si vota contra mí, voy a poner condiciones, voy a poner algunas. Es decir, no puedo permitir que los cuatro millones de electores probables que están fuera voten contra mí, porque la mayoría votaría en contra. Además, aun cuando la diáspora se despolitiza de nuestro país y se politiza a favor de otros países a los que llegan.
Es muy difícil, a veces, incluso ser moderado para uno y hablar con la diáspora, a veces no te entienden. Casi que te llaman colaboracionista porque tienes una visión distinta, porque el país va cambiando. Y para ellos no, se quedan con una foto de lo que fue. Y esa foto, además, les reafirma cada vez por qué se fueron del país. Entonces es muy complicado, pero se trata de un derecho de los venezolanos. Un derecho del venezolano que está afuera, que tiene tanto derecho como tú y como yo de votar aquí en el país. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Lo primero es que eso se acordó en este nuevo acuerdo que hubo en Barbados, que era la revisión del Registro Electoral y hacer los esfuerzos para que la diáspora votara. Esa diáspora seguramente votará bajo algunas condiciones, y lo que hay es que superar estas condiciones.
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