A juicio del especialista en Criminología y Sociología Jurídico Penal, el Estado desvió el tema de la agenda social y no ejecutó ninguna medida para bajar los homicidios y disminuir el índice delictivo. Para la ciudadanía, la seguridad tampoco fue lo más importante. Este tema fue superado por los problemas de alimentación y la falla en los servicios públicos

Elaborado por: Daysi Galaviz y Rosibel Cristina González

Faltando pocos días para culminar el 2019, el balance en términos de seguridad ciudadana no arroja buenos resultados. El criminólogo Keymer Ávila plantea la necesidad de establecer acuerdos y asumir que el debate sobre seguridad es fundamentalmente político para lograr que en el 2020 el tema sea prioridad en la agenda pública.

«Hay que construir mínimos consensos así como una institucionalidad real que vele por los intereses de la ciudadanía. Si no se tiene en cuenta la política con ‘P’ mayúscula, más allá de las miserias partidistas y grupales, hablar de la seguridad ciudadana como un tema aislado o meramente técnico, como una especie de recetario, no tiene sentido».

Keymer Ávila, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Criminología y Sociología Jurídico Penal, refiere que ante la crisis compleja que atraviesa el país, el tema de seguridad ha sido opacado por otros problemas como el económico, la alimentación, el desabastecimiento y los servicios públicos.

A juicio de Ávila, los problemas sociales superan al tema de inseguridad que «además es una consecuencia de todos los males sociales que padecemos».

«El Estado tiene un doble deber, uno positivo de proteger derechos y uno negativo de no violar derechos. En la actualidad hay un grave déficit en ambos deberes. La situación de los derechos de la ciudadanía en general es de una gran inseguridad», resalta el también profesor universitario e investigador en criminología.


El Estado tiene un doble deber, uno positivo de proteger derechos y uno negativo de no violar derechos. En la actualidad hay un grave déficit en ambos deberes

Keymer Ávila, especialista en Criminología y Sociología Jurídico Penal

–¿Qué deja en materia de seguridad este 2019?

–Hay una gran incertidumbre en la satisfacción de las necesidades más básicas de los venezolanos. Esas son unas condiciones de vida sometidas a una inseguridad permanente.

Mucha gente ni siquiera sabe qué va hacer el año que viene, si se van o no del país, resignarse, esperar un milagro o luchar. Las pocas certezas no son esperanzadoras.

–¿Cuáles fueron las peores y las mejores medidas en materia de seguridad en 2019?

–Creo que la pregunta clave sería ¿hubo alguna medida? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿fue diferente a las que tradicionalmente se han tenido durante los últimos años o fueron más de lo mismo? Lamentablemente la información es cada vez más precaria. Hasta los indicadores de políticas sociales son secretos.

En materia policial, por ejemplo, siguió en marcha la contrarreforma policial, el proceso a través del cual se hace todo lo contrario de lo que se diseñó en el proceso de reforma del año 2006, que se plasmó en la Ley del Servicio de Policía de 2009, así como en una serie de reglamentos y manuales que se elaboraron hasta el año 2013.

–¿Cómo evalúa la situación de inseguridad en el país?

–Un indicador importante para medir la situación de inseguridad son los homicidios. Según el discurso oficial han disminuido. Eso amerita una reflexión detallada:
Entre los factores que se deben tener en cuenta para el análisis, se encuentra la práctica paralización del país en materia económica, de producción, así como de la vida social en la calle. Al estar todos encerrados, sin vida nocturna, con la inexistencia y pérdida del valor de la moneda, hace que se disminuyan algunas oportunidades ilícitas callejeras.

Otro aspecto que según el especialista debe tenerse en cuenta es el fenómeno de la migración, venezolanos que se ha marchado del país durante los últimos años, lo que afectaría al número total de la población.

–¿El Estado podría asumir que dada la migración de los venezolanos, el delito de homicidio haya disminuido?

–La tasa de homicidios se calcula basada en las estimaciones poblacionales del INE, se pudiera estar sobreestimando el número de población y la consecuencia sería una subestimación tanto de las tasas de homicidio como de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Eso en modo alguno significa que exista menos violencia o mayor seguridad, por el contrario, evidencia la intensidad y extensión de la violencia estructural que padecemos los venezolanos día a día.


Hay que construir mínimos consensos, así como una institucionalidad real que vele por los intereses de la ciudadanía

Keymer Ávila, especialista en Criminología y Sociología Jurídico Penal

–¿Son válidas las estadísticas presentadas en materia de seguridad por el Estado?

–En general hay que desconfiar de las estadísticas oficiales, aquí y en cualquier otro país. No hay que subestimarlas ni sobreestimarlas.

Cuando se habla de manera general de delitos, esto no nos dice nada. Delito puede ser cualquier cosa que se le ocurra al legislador, que en este país ya no se tiene muy claro quién es.

Si en el país hay cada vez menos personas respecto a los años anteriores, se supone que la cantidad de muertes debería ser también menor.

–¿Hay alguna excepción?

–Sí, las muertes en manos de las fuerzas de seguridad y éstas no disminuyen. Desde 2010 el porcentaje que estas muertes ocupan dentro del total de los homicidios en el país es cada vez mayor. Según las propias cifras oficiales, en 2010 era apenas de un 4%, ocho años después llega a 33%, es decir, que actualmente uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

–¿Qué le recomienda a la gente para enfrentar el 2020?

–Las certezas que se tienen no son esperanzadoras, pero en la vida social no hay nada escrito sobre piedra. Hay que fortalecer el tejido social, las organizaciones vecinales, comunitarias y de barrios. Los colegios profesionales, los sindicatos, las universidades, los gremios, las ONG, la
sociedad toda debe exigirle al Estado y a sus dirigentes que cumplan con sus
deberes de protección de derechos en el marco de la legalidad.


Uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado

Keymer Ávila, especialista en Criminología y Sociología Jurídico Penal

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