El periodista y coordinador de la organización defensora de DD. HH. advierte sobre la profundización de la crisis de derechos humanos y el conflicto político de cara al 10 de enero
Entrevista por: César Batiz
El coordinador de la organización no gubernamental Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, considera que la citación para comparecer ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por una investigación vinculada con el caso de la muerte en extrañas circunstancias del activista social y político, Edwin Santos, evidencia una escalada en la intimidación y amenazas desde el poder gubernamental contra quienes exigen respuestas ante presuntos abusos o arbitrariedades por parte del Estado.
Murillo, quien también es periodista, atendió la citación del Cicpc en un contexto marcado por el terror existente en la sociedad civil venezolana debido a los niveles de represión y persecución política registrados tras la elección presidencial del 28 de julio.
“Decidimos actuar con mucha firmeza, con una vocación de legalidad porque es lo que promovemos y, claro está, después de los hechos hay una instrumentalización del sistema de justicia, del sistema penal, para infundir miedo, intimidar y amenazar”, resaltó Murillo en entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz.
En un interrogatorio de casi cinco horas de duración, Murillo tuvo que responder un cuestionario de 26 preguntas relacionadas con el trabajo de Provea y el acompañamiento a los familiares de Santos, cuyo cadáver fue hallado en una carretera en la población de El Nula, en Apure, el 25 de octubre.
“Atando algunos cabos, creímos que esto se trataba de un paso siguiente a las declaraciones que dio el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, el 30 de octubre, en las que cuestionaba la labor de Provea y sobre la exigencia de una investigación imparcial e independiente del caso de Edwin Santos”, destacó Murillo.
–¿De qué manera le llegó la citación y qué decía?
–La citación me llegó el pasado domingo, a las 5:00 pm, en la residencia de Puerto Ordaz. Yo hasta enero me desempeñaba profesionalmente como director de la Escuela de Comunicación Social en la Ucab, en Ciudad Guayana. En febrero, asumí la coordinación general de Provea, con lo cual me tuve que trasladar, y hoy mi lugar de residencia es Caracas.
Suponemos que por la dirección fiscal que aún está vigente, que es la ubicación de Puerto Ordaz, ahí llegó la boleta de citación; una delegación del Cicpc se acercó a mi apartamento en el que vive un familiar y a las 5:45 de la tarde recibió esa citación. De inmediato este familiar se pone en contacto conmigo, tomando en cuenta esa visita siempre preocupante cuando llega una delegación del Cicpc a un apartamento, los vecinos estaban muy preocupados.
La boleta fue redactada de manera ambigua, no quedaba claro la cualidad por la cual estaba siendo citado como coordinador de Provea. Hablaban de una investigación de un expediente del que no pudimos saber de qué se trataba, pero adelantaban que era una investigación que se había iniciado en la delegación de San Cristóbal, basada en una supuesta violación de la Ley contra el Odio.
Estamos en la etapa en la que el modelo autoritario busca la manera de seguir en el poder
Óscar Murillo, coordinador de Provea
–La boleta no decía el caso. Solo mencionaba el expediente, la delegación y los hechos por los cuales se había abierto la investigación.
–Así es. Solo esa información. Con los artículos referidos a la citación, como por ejemplo el artículo del Código Penal de que ante la negativa de comparecer a un organismo público, pues se podía utilizar la fuerza, pero nunca había una especificación si yo era requerido como testigo, como experto, familiar o víctima, que son las categorías que establece el Código Penal.
–¿Es una exigencia que una boleta diga en cualidad de qué está siendo citado?
–El instrumento jurídico venezolano establece que eso debe estar explícito en la boleta e, incluso, el propio artículo que citan en la boleta de citación lo dice. Los abogados infirieron que por las citas en la boleta, podía tratarse de una situación como testigo.
Podemos discutir por qué testigo. Yo no estuve en Apure, la organización no estuvo en Apure. Nosotros hicimos lo que hace una organización de derechos humanos cuando recibe una denuncia, que recibimos el 23 de octubre de manos de la esposa de Edwin Santos y del párroco de la comunidad cristiana, el sacerdote jesuita Gerardo Rosales, con quien hemos mantenido contacto desde entonces.
Él nos llama y nosotros le hacemos las recomendaciones básicas en estos casos: que formalicen la denuncia ante los órganos correspondientes, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo; una contención psicológica a la familia por la preocupación y siempre les ofrecemos a los familiares que si están de acuerdo y si así se decidía, podíamos visibilizar el caso tomando en cuenta el deterioro de las capacidades comunicacionales que hay en la frontera y en el interior del país, para darle más volumen a la denuncia sobre la desaparición de Edwin Santos.
El 24 de octubre deciden publicar un video que fue por otras plataformas y nosotros acompañamos en la difusión de ese video, en el que concretamente el párroco junto con la esposa de Edwin Santos pide que si hay algún organismo de seguridad del estado Apure que tiene bajo custodia a Edwin Santos, que por favor se le preserve su vida, sus derechos políticos, sus derechos humanos. Nosotros difundimos esa información.
Detrás de esta citación a Provea sabemos que hay un efecto intimidatorio
Óscar Murillo, coordinador de Provea
–¿Y entonces por qué los citan como testigos?
–Nos quedó claro que hay dos investigaciones. Está la propia de lo que es el hecho en sí, la muerte de Edwin Santos, y se abre una investigación que entendemos estuvo motivada por la declaración del ministro Diosdado Cabello con relación a una gestación de una especie de conmoción nacional, a partir de la difusión y de la presentación del caso a nivel nacional. Quizá nos responsabilizan de generar eso.
Esto habla de la discrecionalidad que hay en la redacción de la Ley contra el Odio. Todo aquello que puede molestarle o que le hace ruido a algún funcionario del Gobierno, aparece tipificado como que estás en supuesta violación de la ley. Entiendo que por allí va la investigación.
–¿Hay alguien que haya sido citado como imputado?
–Entiendo que la investigación es preliminar y todavía no está en la fase de imputación, pero hay un elemento en la denuncia que les genera mucha molestia a los funcionarios del Gobierno.
En la versión de la familia, ellos muy preocupados, dicen: nos han dicho que la última vez que vieron a Edwin Santos lo estaban llevando unos hombres trasladándose en una camioneta con estas características y creemos que pueden ser funcionarios de un cuerpo policial. Ellos simplemente tienen el temor y lo expresan.
Quizá el elemento acá es que hay una presunción de participación de funcionarios del Estado en este hecho. Nosotros no tenemos elementos para afirmarlo, la familia tampoco los tiene.
Los que están capacitados para investigar criminalisticamente son las instituciones del Estado. El Estado es el que tiene que declarar sobre la muerte de un venezolano, más aún cuando estamos hablando de un venezolano, cuya familia denuncia una desaparición y aparece en una carretera.
Ante eso, lo elemental es pedir que haya un fiscal con competencia nacional que se active, que haya los protocolos de autopsia requeridos y que haya un acompañamiento del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Eso lo pedimos una vez que nos enteramos del hallazgo del cadáver de Edwin Santos.
No configura ningún delito la defensa y promoción de derechos humanos
Óscar Murillo, coordinador de Provea
–El exfiscal Zair Mundaray dijo que no se cumplió el Protocolo de Minnesota e incluso que la persona profesional de la medicina forense no tenía todas las cualidades para hacer el informe. ¿Qué saben ustedes?
–El protocolo de Minnesota es un estándar internacional en materia del levantamiento del cadáver en circunstancias extrañas donde hay este tipo de contextos como lo que ocurrió con Edwin Santos.
Una cosa que me preguntan en el cuestionario es precisamente por un comunicado que nosotros, como plataforma de derechos humanos, brindamos el espacio para que un grupo de venezolanos, más de 100 personas, firmaron un documento pidiendo que se cumpliera eso que acabas de mencionar.
Sobre esa publicación giró parte del cuestionario. Decíamos que como organización de derechos humanos no publicamos nada anónimo. Un grupo de venezolanos, con nombre y apellido, pedía eso y que no configuraba ningún delito, sobre todo en un país donde hay un proceso de ahogo de la libertad de expresión, donde son pocos los medios de comunicación que sobreviven y donde hay mucho temor.
Nosotros colgamos ese comunicado en la página web de Provea firmado con nombres y apellidos, en el que más de 100 personas piden una investigación imparcial, independiente, sobre los hechos.
–¿Cuáles fueron las recomendaciones de los abogados de Provea?
–Evaluamos los riesgos. Había un riesgo importante, no era el escenario que aguardábamos, pero todos los protocolos se tomaron. Si yo no salía de ahí o salía en calidad de imputado, a nivel personal ya habíamos tomado algunas medidas en cuanto al entorno más inmediato a mi persona. También a nivel de conducción de la organización.
¿Por qué decidimos ir? El 30 de octubre hubo mucha preocupación por las declaraciones de Diosdado Cabello. Sin embargo, decidimos no hacer una declaración pública, sino comunicar privadamente a las relatorías del sistema universal, a la actualización de las medidas cautelares que tenemos como beneficiarios del sistema interamericano y a todas las organizaciones internacionales.
En ese momento dijimos que si la amenaza se concreta, vamos a acudir siempre y cuando esta citación provenga de un órgano auxiliar del Ministerio Público o directamente del Ministerio Público, porque es lo que corresponde. Si llegaba de un organismo de seguridad de carácter político, como el Sebin o Dgcim, era otro el panorama. Pero ante la posibilidad de una citación del Cicpc, que es un órgano auxiliar del Ministerio Público, nosotros lo que hicimos fue ratificar nuestra apuesta por la legalidad, en cumplimiento de las leyes de la república, asumiendo los riesgos de que la impunidad en Venezuela es hoy uno de los rasgos característicos.
Lo que hacemos es monitorear, documentar, investigar y difundir casos de violaciones de derechos humanos
Óscar Murillo, coordinador de Provea
–En la evaluación de riesgos, ¿incluyeron la posibilidad de no asistir y las consecuencias que eso tendría para ti, para Provea y para otras organizaciones en Venezuela?
–Sí. Nosotros pensamos que detrás de esta citación a Provea, una organización con un gran prestigio y una historia importante, sabemos que hay un efecto intimidatorio porque es concretar la amenaza ya no solo de un programa de televisión donde se dicen cosas, sino que eso escaló a la citación.
Pero ante esa circunstancia decidimos actuar con mucha firmeza, con una vocación de legalidad porque es lo que promovemos y claro está que, después de los hechos, hay una instrumentalización del sistema justicia, del sistema penal, para infundir miedo, intimidar y amenazar.
Yo, como representante de Provea, no califico como testigo de este caso, pero si requieren una información que haya publicado Provea, pueden enviar una comunicación a la organización y podemos tener un diálogo constructivo; vamos a sentarnos y ver qué información podemos dar y qué no, porque debemos mantener las reservas de nuestras fuentes, la ley nos respalda en eso, al igual que a los periodistas.
Es pilar de nuestro trabajo de más de 36 años el acompañamiento a las víctimas en sus denuncias de presuntos abusos o arbitrariedades por parte del Estado; eso fue lo que hicimos en el caso de Edwin Santos.
–¿Se pudiera decir que detrás de este intento de intimidación estaba que desde el oficialismo esperaban que Oscar Murillo no asistiera a la cita y se fuera del país?
–Creo que parte de los cálculos era ese, que como representante de Provea, en una medida de protección personal que tampoco es cuestionable, era una alternativa, y afrontarlo de otra manera, pero eso hubiera generado una escalada de ese terror que ya hay en la sociedad civil venezolana, sobre todo después del 28 de julio, con una represión con la que, cualitativamente y cuantitativamente, se han roto los récords de represión en la Venezuela contemporánea. No habíamos acumulado más de 2.000 detenidos.
Eso habla de la agudización y del ascenso vertiginoso de la persecución política. Si Provea no da la cara, no asiste, ya sabemos cuál hubiera sido el discurso y la narrativa del gobierno; eso no significa que los riesgos hayan desaparecido.
–¿Quiénes te atendieron en el Cicpc?
–Nosotros debíamos presentarnos por motivo del delito que se está señalando en la División contra Terrorismo. Y ahí fue donde entramos. Pero había mucha confusión en el Cicpc porque se trata de un caso político cuyo expediente no lo conocen muchas personas, no está a la luz del sistema del Cicpc ni del Ministerio Público y entonces había mucha confusión si ellos estaban autorizados o podían hacer la entrevista.
Se hicieron varias llamadas, esperamos 20, 30 minutos, y finalmente la decisión, que no sé quién la toma, es que nos trasladen a la División contra Homicidios, no porque la causa cambia, sigue esa presunción de delito de la Ley contra el Odio y sigue a cargo la División contra Terrorismo, pero deciden que sea el personal de la División contra Homicidios quien me practique el interrogatorio, suponemos que por grado de confianza en la jerarquía, de que había un caso que había que cuidar, que no es de libre disposición.
Nos atienden y hubo un cuidado exhaustivo de cuidar todas las formas para no revelar algún grado de arbitrariedad o de abuso durante mi comparecencia que se extendió por más de cuatro horas y ahí el comisario jefe de la división delega en unos de sus inspectores jefes la entrevista.
Este inspector jefe no es un funcionario que hace entrevistas, eso me lo podía practicar un funcionario de otra dependencia. El expediente lo tiene el comisario jefe de la División contra Homicidios y le pasa de una manera confidencial el auto del inicio de la investigación. A partir de ahí comenzó el cuestionario que constó de 26 preguntas.
Un relato de todos los hechos, todo lo que hicimos desde el momento en que la familia de Edwin Santos se comunica con nosotros y después todas las preguntas: dónde está Provea, por qué yo estoy en Caracas, quiénes representan a Provea, quién autoriza el mensaje en X, el comunicado.
Una serie de preguntas de muchos detalles y después viene la impresión de las actas que las revisa un superior. Nosotros logramos subsanar en dos oportunidades el acta porque no se correspondía con lo que estábamos diciendo, y al final firmo como testigo. Logramos llevarnos algo que es nuestro derecho: conocer el número de expediente en el Ministerio Público. No nos revelaron la Fiscalía.
–¿Esas 26 preguntas que te hicieron era un cuestionario elaborado cuidadosamente para llegar a un objetivo o fue algo que se sacaron de la manga?
–La causa no cambia, es la misma, pero por motivos de confianza, de orden política, la hizo la División de Homicidios. Había un cuestionario preestablecido al que este funcionario le introdujo nuevas preguntas; versionó el cuestionario.
Y al final para nosotros era fundamental dejar un extracto de qué es Provea, que hacemos nosotros, por qué no configura ningún delito la defensa y promoción de derechos humanos, que eso implica un acompañamiento en la recepción de denuncias y fuimos muy cuidadosos en que el comunicado que mencionamos no es de Provea que facilitó la plataforma para su difusión, y es parte de lo que hacemos: monitorear, documentar, investigar, incidir y difundir casos de violaciones de derechos humanos.
Crisis de derechos humanos
La muerte de Santos, sumada al fallecimiento del preso político Jesús Martínez y las denuncias de familiares de los más de 2.000 presos políticos, conforman un panorama de crisis de derechos humanos que se agudizó luego del 28 de julio.
En ese contexto, Murillo considera que sin transparencia electoral y con más represión, la crsisis de derechos humanos se va a profundizar de cara al 10 de enero.
“Todo lo que hemos visto después del 28 de julio es esa profundización de la crisis de derechos humanos, porque si tenemos un sistema penitenciario abiertamente precario, si de la noche a la mañana incorporas 2.000 personas más a un sistema en hacinamiento, que no tiene capacidades para responder a condiciones de vida digna a la población de reclusos, vas a tener esta crisis”.
El coordinador de Provea resalta que, desde el punto de vista de derechos humanos, toda muerte de una persona bajo custodia del Estado, es responsabilidad del Estado.
Advierte sobre las condiciones precarias de reclusión de todas las personas que fueron detenidas arbitrariamente, por motivos políticos, tras el 28 de julio.
“Se les violaron todas sus garantías y se les siguen violando porque las personas que salen con medidas de excarcelación no tienen protección jurídica, no queda claro la motivación de esa encarcelación”, añadió Murillo.
Todo lo que hemos visto después del 28 de julio es la profundización de la crisis de derechos humanos
Óscar Murillo, coordinador de Provea
Crisis política
El coordinador de Provea no duda en señalar que lo que está planteado en el país por la acción del Gobierno es una situación de crisis de legitimidad que va avanzando y se agudizará a partir del 10 de enero.
“Lo que lamentamos en Provea es que los grandes temas del país, que ya lo habíamos señalado en abril, son: mayor pobreza, mayor desigualdad y la impunidad. Son tres elementos transversales en el gozo de los derechos humanos que están siendo desatendidos”, precisó Murillo.
Ignorar desde el poder el mandato popular que se manifestó el 28 de julio y aumentar la represión y la persecución política, agravarán la crisis de derechos humanos, según refiere Murillo.
“Después del 28 de julio lo que tenemos es una coalición de gobierno viendo cómo mantenerse en un difícil equilibrio en el poder, mientras los grandes temas, los derechos sociales de los venezolanos, están siendo desatendidos”, acotó.
–¿Cómo va a ser la actuación de Provea ahora?
–Nosotros cumplimos un rol, no estamos dispuntándole el poder político al Gobierno porque no es nuestro rol en la sociedad. El 28 de julio podía abrirse una etapa de apertura democrática que todos aspiramos o vamos a una consolidación del modelo autoritario que ha sido preeminente. Estamos en la etapa en la que el modelo autoritario busca la manera de seguir en el poder.
Estábamos claro en que después del 28 de julio teníamos que defender derechos en cualquiera de los escenarios y eso nos ha mantenido en alto. Entendemos que muchas organizaciones de derechos humanos, por motivos de riesgo, tuvieron que bajar el perfil después del 28 de julio porque hay una represión abierta y después una represión más selectiva, pero Provea ha seguido adelante; nuestro trabajo es acompañar las luchas de los venezolanos en la búsqueda de la mayor dignidad posible.
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