La directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos conversó con El Pitazo acerca de una guía con respuestas inclusivas elaborada por expertos en Derechos Humanos de las poblaciones vulnerables del continente. Muñoz explicó los riesgos que corren los venezolanos dentro y fuera del país durante esta pandemia por coronavirus

El pasado 7 de abril la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó una “Guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de Derechos Humanos ante el COVID-19 en las Américas”. El documento, de 103 páginas, fue elaborado bajo la coordinación del Departamento de Inclusión Social de la OEA y contó con las contribuciones de 13 expertos en las distintas tipificaciones que engloban esta área. Su principal objetivo es poder guiar las respuestas de políticas públicas hacia la inclusión de los grupos sociales más vulnerables.

Betilde Muñoz-Pogossian, venezolana y directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, conversó en exclusiva con El Pitazo acerca del contenido y los propósitos de la referida guía, haciendo énfasis en la situación de las poblaciones vulnerables dentro de Venezuela y de los migrantes y retornados al país en el contexto de esta pandemia por coronavirus.

–¿Por qué la pandemia del COVID-19 puede aumentar la desigualdad en los países de América?

–Las medidas que han adoptado los diferentes países como la suspensión de clases, el cierre de fronteras, la aplicación de limitaciones en el tránsito y libre movilidad de las personas, así como otras consecuencias de la paralización de actividades económicas, tales como la pérdida y suspensión de empleos y medios de subsistencia de miles de trabajadores también tienen y tendrán serias repercusiones a nivel regional, incluyendo la desestabilización de las economías y el aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Todo esto afecta de forma diferenciada e incluso más pronunciadamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. En una región marcada por la desigualdad, corremos el riesgo de que estas desigualdades no solo persistan, sino que se profundicen como resultado del COVID-19. En esto me refiero a que no es lo mismo enfrentar esta pandemia, y la paralización económica que trae como consecuencia, para los trabajadores informales que para los que tienen certeza laboral. Tampoco lo es para los que no tienen acceso a sistemas de salud en caso de contagio.

Una problemática que revela las desigualdades que está profundizando la pandemia es el aumento exponencial en los casos de violencia doméstica contra mujeres. Ni hablar de los migrantes y refugiados, quienes ya de por sí se encontraban en situación de vulnerabilidad, sin acceso a la salud o a trabajos formales y que de ser contagiados no podrán acceder a exámenes ni tratamientos. También a quienes se les dificulta seguir las medidas sanitarias de lavado de manos o aislamiento social cuando viven hacinados en casas o apartamentos. Las medidas para contener la pandemia ayudan a reducir contagios, pero de no considerar la realidad específica de estas poblaciones, tiene el potencial de acentuar sus vulnerabilidades.


En una región marcada por la desigualdad, corremos el riesgo de que estas desigualdades no solo persistan, sino que se profundicen como resultado del COVID-19

Betilde Muñoz,directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA

–¿Cuáles son los grupos sociales más vulnerables en los países de América frente a esta pandemia? ¿Por qué?

–Desde la OEA identificamos como grupos en situación de especial vulnerabilidad en la región a las mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas LGBTIQ, desplazados internos, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, personas privadas de libertad, personas en situación de pobreza y pobreza extrema, niños y adolescentes. Estas personas han sido históricamente más vulnerables a ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos, y en el particular contexto de la pandemia, esas vulneraciones se ven acentuadas.

–¿Qué pasa con quienes no pueden cumplir con la recomendación de quedarse en casa porque sus ingresos dependen del trabajo diario? ¿Cómo deben los Estados ampararlos?

–Los Estados tienen la obligación de protegerlos. Pueden asegurar la entrega de alimentos y productos de primera necesidad, o hacer transferencias de dinero para necesidades básicas a los hogares sin ingresos o en situación de pobreza. En varios países de las Américas se ha tratado de proporcionar respuestas con agilidad y pragmatismo, adoptando medidas como garantizar que los alimentos y medicamentos estén disponibles para las personas más afectadas, la congelación de los pagos por los servicios básicos y la prohibición de la suspensión de estos por impago, el aumento de los servicios sociales y transferencias monetarias directas a hogares sin salarios o a familias en pobreza.

En el caso de los migrantes, desplazados o solicitantes de asilo, los Estados deben garantizar el acceso a la salud, medicamentos y tratamientos en caso de que se infecten con el coronavirus, a los subsidios económicos para ellos y sus familias, entre otras medidas. Esta población también debe ser considerada en las respuestas de gobierno ante la pandemia en la región.

–¿Cuáles son los principales riesgos a los que se expone la población venezolana en el marco de esta pandemia?

–La situación del sistema de salud en Venezuela era crítica antes de esta pandemia, lo que genera una preocupación mayor sobre la garantía del derecho a la salud de los venezolanos que fueron infectados por el coronavirus.

En particular, preocupa la veracidad de la información estadística sobre la cantidad de personas infectadas y fallecidas que se publicitan, aunque será difícil ocultar las muertes de personas en un contexto de pandemia. Además, las capacidades que hay en el país para realizar pruebas de detección del contagio con el COVID-19 son muy bajas. Ni hablar de la existencia y acceso universal a tratamientos efectivos para tratar el contagio.

En un sistema de salud prácticamente paralizado por la falta de electricidad y de agua, así como el desabastecimiento de medicinas y materiales básicos como el jabón o el desinfectante y con retos en llevar servicios de salud y medicinas a la población en una situación normal, preocupa lo que pasa en un contexto de pandemia.


Los Estados tienen la obligación de proteger a las personas vulnerables. Pueden asegurar la entrega de alimentos y productos de primera necesidad, o hacer transferencias de dinero para necesidades básicas a los hogares sin ingresos o en situación de pobreza

Betilde Muñoz,directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA

–¿Cuáles son los riesgos a los que se exponen los venezolanos migrantes y refugiados en los países de América en el contexto de esta pandemia?

–En el marco de una crisis mundial sin precedentes como la que se ha generado por la propagación del COVID-19, las personas desplazadas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas venezolanas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad como consecuencia de los efectos directos e indirectos que esta pandemia puede tener en ellas y en sus familias.

Los últimos datos de la ONU ponen en 5.093.987 el número de venezolanos desplazados; el 80% de ellos está en los países de la región. Los efectos económicos de esta pandemia también afectarán sus medios de vida, ya que más de la mitad aún permanecen en estado irregular y principalmente tienen empleos en el sector informal. Asimismo, enfrentan barreras para acceder a servicios de salud y a la seguridad social por motivos relacionados con su situación migratoria, barreras lingüísticas y culturales (sobre todo para el caso de los que migraron a Brasil) aunado a los costos de atención médica y medicamentos.

Los venezolanos migrantes y refugiados en situación de calle o en movilidad también enfrentan el riesgo de no poder cumplir con las medidas de confinamiento en las casas, exponiéndose a potenciales contagios. Para aquellos venezolanos migrantes y refugiados hacinados en casas y apartamentos para ahorrar en costos de manutención, les será imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social. También continúan enfrentando, y quizás en mayor medida, situaciones de discriminación y xenofobia.


Los venezolanos migrantes y refugiados en situación de calle o en movilidad también enfrentan el riesgo de no poder cumplir con las medidas de confinamiento en las casas, exponiéndose a potenciales contagios

Betilde Muñoz,directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA

–¿Cuáles son los riesgos a los que se exponen los venezolanos migrantes que están retornando a Venezuela?

–Los migrantes y refugiados venezolanos que regresan a Venezuela lo hacen porque están desesperados, y porque en situaciones de crisis mundial, es probablemente más reconfortante estar con los familiares más cercanos y en ambientes conocidos. Muchos seguramente también regresan porque no han logrado estabilizarse y acceder a servicios de salud, y por temor a un contagio sin un sistema de protección social que pueda ampararlos, prefieren quizás enfrentar la misma realidad, pero en su propio país, donde cuentan con redes para apoyarlos en una situación de emergencia.

Los países receptores deben adoptar todas las medidas posibles dirigidas a brindarles protección y atención ante el contexto de la pandemia, de tal forma que no decidan regresar a Venezuela, donde su vida e integridad se encuentra aún en mayor riesgo. Adicionalmente, estas personas deben recibir información adecuada acerca del grave riesgo de contagio al que se exponen en caso de retorno.

–¿Qué deben hacer los países con gran cantidad de migrantes y refugiados venezolanos mientras dure la pandemia? ¿Cómo pueden proteger sus derechos?

–Desde el Departamento de Inclusión Social de la OEA recomendamos garantizar que las medidas que adopten estén dirigidas a proteger el fin legítimo de la salud pública que sean necesarias; integrar a las personas migrantes y refugiadas en los planes nacionales que han creado los Estados para prevenir y combatir el COVID-19; garantizar que las personas que requieran protección internacional puedan acceder al territorio del país en el que buscan protección; garantizar el derecho de toda persona a regresar al país del cual es nacional; prevenir y combatir los discursos xenófobos; incluir a las personas migrantes y refugiadas dentro de las medidas de recuperación económica, entre otras. Muchos de los Estados de la región ya han adoptado estas y otras medidas positivas.

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