El asedio contra diversas ONG y activistas defensores de DD. HH. queda reflejado en los 374 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender y exigir el respecto a los DD. HH., según documentó durante los primeros seis meses del año el Centro para los Defensores y la Justicia

Entrevista: César Batiz | Redacción: Jesús Abreu Mena

Los ataques a la defensa de los derechos humanos en Venezuela aumentaron 243 % durante el primer semestre de 2021, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). La cifra reportada por la ONG no es un hecho aislado, pues existe una política de Estado de criminalización de la defensa de los derechos humanos (DD. HH.), según advirtió, en entrevista concedida a El Pitazo, la directora del CDJ, la abogada Marianna Romero.

El asedio contra diversas ONG y activistas defensores de los derechos humanos queda reflejado en los 374 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender y exigir el respecto a los DD. HH., según documentó durante los primeros seis meses del año el Centro para los Defensores y la Justicia. «La respuesta del Estado es agredir y atacar, mediante una serie de patrones que se enmarcan dentro de una política de criminalización», resaltó Romero.

–¿Por qué ocurre este incremento? ¿Qué relación tiene la emergencia humanitaria compleja y la reducción del espacio cívico y democrático en estas cifras?

–Lo que estamos viendo es que a medida que se profundiza la emergencia humanitaria compleja, el Estado y sus instituciones han profundizado, al mismo tiempo, la política de criminalización en contra de la exigencia de derechos, como parte de medidas represivas y de control social que ha venido ejerciendo en los últimos años. Vemos en los últimos meses un incremento de las acciones violentas en contra de las personas que están en la primera línea de acción respondiendo a la crisis humanitaria, a las necesidades sociales y haciendo todo el trabajo de documentación, denuncia y visibilización de las violaciones de derechos humanos que se cometen en nuestro país.


…altos funcionarios del Estado y de otros entes ejercen un discurso de odio, de descalificación, que pretende desacreditar y desprestigiar el trabajo que las organizaciones están realizando, además de buscar asentar esas bases para justificar la criminalización y las potenciales acusaciones penales

Marianna Romero, abogada y defensora de DD. HH.

–¿Cuáles son las formas de ataques más frecuentes?

–En primer lugar, la política de estigmatización: altos funcionarios del Estado y de otros entes ejercen un discurso de odio, de descalificación, que pretende desacreditar y desprestigiar el trabajo que las organizaciones están realizando, además de buscar asentar esas bases para justificar la criminalización y las potenciales acusaciones penales. Estos discursos suelen derivar en la materialización de acciones más violentas, como actos de intimidación, hostigamiento, que es otro de los patrones que hemos identificado, y el incremento de las amenazas, sobre todo de fiscalización de las cuentas de las organizaciones o con apertura de procesos penales en contra de personas u organizaciones defensoras de DD. HH. que al Estado le resulten incómodas por las denuncias que están realizando.

–¿Quiénes son los más afectados, las organizaciones o las personas?

–Estamos viendo patrones de ataque más dirigidos a la generalidad de las organizaciones, que son, en su mayoría, víctimas de los ataques de funcionarios que están señalando e identificando al movimiento de DD. HH. y a las ONG de ser terroristas, intervencionistas y eso afecta a las personas que están en el rol de liderazgo de las organizaciones que han sido víctimas de detenciones arbitrarias, como el caso de los defensores de FundaRedes o de Azul Positivo.

–¿Puedes dar ejemplos de los patrones de ataques que han documentado?

–En la mayoría de los casos no es un solo patrón el que identificamos, sino que en un ataque encontramos diversos patrones. Por ejemplo, en el programa Con el Mazo Dando, funcionarios hacen acusaciones y señalamientos, ahí pueden estar presentes dos tipos de patrones: la estigmatización y la amenaza, y ese tipo de señalamiento puede derivar en otros ataques violentos, como detenciones arbitrarias, allanamientos y fiscalizaciones. Todo esto es parte de una política por la vinculación que existe entre los distintos patrones de agresión identificados y cada vez más recurrentes. La preocupación es cómo la lógica del enemigo interno se implementa con mayor fuerza.

–De las 374 acciones documentadas por el Centro para los Defensores y la Justicia, ¿alguna fue denunciada ante los organismos correspondientes?

–Cuando uno acude a estas instituciones, no toman acciones. La Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público, lejos de cumplir con su deber de investigar, son parte de los actores perpetradores de estos abusos. Desde la Fiscalía se ha estigmatizado a las personas, se ha señalado y acusado a organizaciones, y no vemos que exista una política pública efectiva que defienda el trabajo de la defensa de los DD. HH., y por eso vemos que la impunidad se mantiene, no solo con las organizaciones, sino en contra de quienes se encuentran respondiendo ante toda esta situación de violación sistemática de DD. HH.

–¿De dónde provienen esos ataques? ¿Quiénes son los voceros y sus canales?

–Desde funcionarios de alto nivel del Estado, partiendo de los mecanismos del Sistema Popular de Protección para la Paz, los organismos de seguridad, hasta periodistas afectos a los lineamientos de quienes están en el poder. Todos estos discursos de estigmatización se fomentan a través de distintas plataformas comunicacionales de medios que forman parte del Sistema Nacional de Medios Públicos, de plataforma digitales, VTV, programas como Con el Mazo Dando, Zurda Konducta, La Hojilla, sirven de plataformas para que se emitan estos discursos de amenazas. Todo el aparato institucional está involucrado en las agresiones en contra de personas y organizaciones.


La Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público, lejos de cumplir con su deber de investigar, son parte de los actores perpetradores de estos abusos. Desde la Fiscalía se ha estigmatizado a las personas, se ha señalado y acusado a organizaciones, y no vemos que exista una política pública efectiva que defienda el trabajo de la defensa de los DD. HH.

Marianna Romero, abogada y defensora de DD. HH.

–¿Es una acción coordinada entre los distintos actores atacantes?

–Es una política de Estado de criminalización de la defensa de los DD. HH. con la que las personas y organizaciones son consideradas enemigas y, en consecuencia, se les acusa de terroristas o traidores a la patria, y eso deriva en la materialización de otras acciones: se suma que las instituciones que deben velar por la justicia forman parte, por acción u omisión, de esos patrones represivos, al no investigar ni sancionar las violaciones contra la defensa de DD. HH.

–¿La ciudadanía puede hacer algo a favor de los defensores de DD. HH.?

–El rol que tiene la ciudadanía es fundamental porque al final las organizaciones y personas defensoras de DD. HH. estamos ahí para acompañar a las víctimas, a la ciudadanía y velar porque el Estado garantice y proteja la totalidad de los DD. HH., por eso la importancia de que se entienda y se respalde el trabajo de las organizaciones humanitarias, que se entienda que estas acciones no son un delito, que es algo que está en el marco del derecho internacional, y que es necesario seguir desafiando esta política de criminalización, porque es un trabajo necesario para la recuperación de las libertades y de la dignidad humana.

–¿Cuáles son las personas u organizaciones más afectadas?

–Hemos visibilizado algunos casos emblemáticos, como los constantes señalamientos y amenazas a Provea y miembros de la directiva; organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social; el caso de FundaRedes, de Azul Positivo, son algunos emblemáticos de este año. También señalamientos contra organizaciones como Amnistía Internacional. En el pasado hemos visto los allanamientos contra Convite, Prepara Familia, Alimenta la Solidaridad; en general, toda esta política de criminalización está dirigida al movimiento de defensa de derechos humanos, que está documentando y difundiendo las violaciones que se cometen en el país, así como por el trabajo que estas organizaciones y personas llevan a cabo en el seno de los procesos internacionales.


Existen organizaciones internacionales que además tienen un mandato en protección de defensores y han estado haciendo un seguimiento a lo que sucede en Venezuela. La Organización Mundial contra la Tortura, el Servicio Internacional de DD. HH. y distintas organizaciones se han pronunciado y han exigido acciones urgentes para que cese esta política de criminalización

Marianna Romero, abogada y defensora de DD. HH.

–¿Cómo pueden las organizaciones internacionales y países ayudar a disminuir estos ataques?

–Existen organizaciones internacionales que además tienen un mandato en protección de defensores y han estado haciendo un seguimiento a lo que sucede en Venezuela. La Organización Mundial contra la Tortura, el Servicio Internacional de DD. HH. y distintas organizaciones se han pronunciado y han exigido acciones urgentes para que cese esta política de criminalización. Todos estos esfuerzos son necesarios para la protección de las personas y poder visibilizar los casos para que se entienda que las acciones que se están llevando a cabo no son un delito.

–¿Cuáles son las posibles soluciones para que esta situación no siga empeorando?

–El cerco que se ha generado desde 2002 a la posibilidad de operar de forma legítima constituye una afrenta grave a la defensa y protección de los DD. HH. El Estado tiene que garantizar entornos propicios y seguros para la defensa de los derechos humanos y garantizar que cuando se cometan violaciones a las personas defensoras de DD. HH. deban ser investigadas y sus responsables sancionados. Debemos seguir exhortando al cese de la criminalización, de la represión y el control social, para construir entornos seguros para la defensa y exigencia de los derechos humanos.

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