La ONG Acceso a la Justicia afirmó este 31 de octubre que la Asamblea Nacional (AN) incumplió la ley al destituir a Juan Carlos Delpino de su cargo de rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues la normativa establece que antes debe haber un «previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)».
A través de una nota de prensa, la ONG manifestó que «los rectores electorales figuran en la lista de altos funcionarios del Estado que gozan del privilegio del antejuicio de mérito», por lo que «cualquier investigación penal y proceso judicial» deben ser previamente autorizados por el TSJ.
La organización señaló: «pese a que el máximo juzgado no había emitido ningún fallo en contra de Delpino», ni «nadie se lo había requerido», el Parlamento lo destituyó.
Asimismo, afirmó la ONG que este proceso «es otra prueba de que el principio de separación de poderes … no existe en el país», ya que, con esta decisión, el Parlamento «se ha inmiscuido, incluso usurpado», las «potestades» del CNE, el TSJ y la Contraloría General.
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