Barquisimeto.- Pensionados, jubilados y sindicatos de la Administración pública en el estado Lara exigieron este 30 de octubre al ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, que cumpla con la Constitución y garantice a la clase trabajadora el aumento del salario mínimo y las pensiones según el costo de la canasta básica, lo que incidirá en aguinaldos dignos.
La demanda se realizó a través de un documento entregado en la Inspectoría de Trabajo en Barquisimeto, que se dividió en siete puntos, entre ellos: que los recursos recaudados del 9 % de la Ley de Protección de Pensiones sean dirigidos al IVSS y no a un bono; la suspensión de la política de bonificación del salario y de las pensiones, y que se paralicen las suspensiones de los pensionados de la nómina de pagos del IVSS.

La presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Apucla), Deborah Velásquez, señaló que las exigencias de los sindicatos están respaldadas por la Constitución. «Ellos están obligados a respetar la Constitución porque la escribieron, la suscribieron, pero parece que en este momento es letra muerta», afirmó.
Velásquez subrayó que las demandas por pensiones y salarios dignos son un tema que involucra a los pensionados y a la clase trabajadora activa, quienes también necesitan una retribución justa luego de prestar años de servicio en la Administración pública.
Asimismo, destacó el impacto de los salarios bajos en la migración de educadores en el país: «Si estuvieran recibiendo el salario que les corresponde, les aseguro que la migración del sector educación no sería tan significativa, pero, lamentablemente, se sigue pagando un salario de miseria».
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¡No al exterminio! La consigna que repetían pensionados y jubilados que apoyaron las declaraciones de Velásquez, mientras que el representante del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados y Jubilados del estado Lara, José Méndez, denunció que los adultos mayores están viviendo con ingresos insostenibles.
«Es imposible que nosotros estemos viviendo con 3 dólares y mañana van a ser 2, y pasado mañana 1», reclamó Méndez, quien calificó la situación de un «exterminio». Pidió al Gobierno que «por lo menos de ese 9 % que le está quitando al sector privado, pueda repartirse algo», en referencia a la Ley de Protección de Pensiones, que se aplica desde mayo de 2024.

Salario en vías de extinción
El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara (Seepel), Robert Sánchez, a su vez, criticó la presunta intención de Conindustria y del Gobierno nacional de reformar la Ley del Trabajo para esquivar el tema salarial.
Según Sánchez, se está sustituyendo el salario por beneficios sociales que no cumplen con los requerimientos básicos. «Te voy a dar una bolsa de comida, te voy a dar zapatos… Eso deja en evidencia que el docente no tiene para sufragar estos gastos», afirmó.

Sánchez señaló que, aunque su organización ha entregado cinco propuestas para solucionar la realidad de los trabajadores públicos a la Inspectoría del Trabajo y al Ministerio del Trabajo desde marzo, no han recibido respuesta. Denunció además que el propio ente ha abandonado sus competencias. «El país no puede seguir transitando al borde de la ilegalidad, al margen de la ley», concluyó.
Los sindicatos y gremios en Lara aseguraron que continuarán en las calles hasta que el Gobierno cumpla con sus obligaciones constitucionales.