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jueves, 26 mayo, 2022

ONG asegura que Venezuela cerrará 2019 con déficit de 67% en alimentos esenciales

Edison Arciniega, director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción, informó que en Venezuela se observa una vulnerabilidad alimentaria entre 50 y 60% de la población. Igualmente en el foro "¡La gente es el centro!" aporta tres soluciones para combatir la crisis alimentaria a corto plazo

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El director ejecutivo de Ciudadanía en Acción (ONG), Edison Arciniega, destacó este viernes 6 de diciembre que el país cerrará el año 2019 con una disposición de 36% de los alimentos requeridos para satisfacer los parámetros nutricionales de los venezolanos. Sin embargo, señaló que al comparar con 2018 hubo una tendencia a la mejora en algunos rubros.

Durante el foro «¡La gente es el centro!», el experto en la materia detalló que en el país se delimitan claramente dos tipos de clases sociales donde “la deformidad del acceso y los ingresos de la población están haciendo que estos volúmenes alimentarios se concentren en 40% del sector más rico y que la vulnerabilidad alimentaria se profundice en 50-60% de la población».

En ese sentido, clasificó el problema de desigualdad alimentaria en dos tipos: desigualdad de ingresos y un sistema de desigualdad territorial, lo cual se traduce en afectaciones nutricionales que perjudican a los ciudadanos.

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“Dos conjuntos de población en vulnerabilidad extrema y padeciendo los fenómenos de desigualdad; en primer lugar las poblaciones que no tienen acceso a divisas (más del 60% de la población) y en segunda instancia las poblaciones periféricas. Tenemos una pérdida de capilaridad del sistema de distribución de alimentos en Venezuela; por lo tanto las cargas no se movilizan más allá de las ciudades intermedias, no llegan a las poblaciones rurales, ciudades menores”, indicó.

Soluciones a la crisis alimentaria

Para estabilizar la situación de escasez y falta de producción, Arciniega propuso tres medidas que a mediano plazo contribuirían a la mejora.

“En primera instancia, que se cumpla esa premisa de que los alimentos no son armas; lo segundo es la creación de un mecanismo que permita a la República la exportación de sus bienes y obtener divisas para poderlos ejecutar, y en tercera instancia que se logre un acuerdo para que un tercero imparcial sea el ejecutor de las inversiones, importaciones y la contratación de los servicios que permitan recuperar el sector alimentación al menos en unos niveles básicos que contribuyan a la regeneración de las capacidades nutricionales de los venezolanos”, aportó Arciniega.

El portavoz de Ciudadanía en Acción aseguró que implementando estas medidas, en un lapso menor a tres meses el país tendría una mejora sustancial en la disposición de alimentos. «Lo que falta en este momento no es recursos, el Estado tiene 60 veces más recursos que el plan humanitario que está implementándose en el país. Si lográsemos un esquema en el cual esos recursos fuesen destinados a aliviar la inseguridad alimentaria que padecen los venezolanos, tendríamos una mejora sustancial en la capacidad alimentaria de los ciudadanos”, subrayó. 

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El especialista en desarrollo y seguridad alimentaria no descartó la implementación del plan “Petróleo por alimentos” manejado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y al respecto manifestó su preocupación por el estancamiento de solicitud de un crédito a la Corporación Andina de Naciones (CAF) para la solución de la crisis eléctrica en Venezuela.

“Queremos manifestar nuestra preocupación de que el crédito en condiciones de respuesta a la emergencia humanitaria, en el caso del sector energético, se ha bloqueado por los actores políticos. Entendemos que ese crédito tiene problemas de formulación, entendemos que hay déficit técnico, pero esto no puede ponerse por encima del bienestar de la gente. Mil megavatios colocados en el occidente de Venezuela, que tiene un déficit superior a 80%, implican una mejora en la calidad de vida de la población», aseguró el representante de la ONG.

En este sentido, indicó que esto implica una mejora en los sistemas sanitarios, la posibilidad de regenerar el sistema educativo y la posibilidad de que los estados Táchira, Mérida y Zulia puedan volver a contribuir con su aparato primario y agroindustrial a la alimentación de los venezolanos.

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