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lunes, 17 junio, 2024

Fedecámaras: Ley de Pensiones debe estar acompañada de incentivos para las empresas

El sector empresarial manifestó su preocupación por el monto de la contribución establecido en el Reglamento de la Ley de Protección de las Pensiones. Aseguran que representa más presión fiscal para las empresas venezolanas, por lo que pide establecer un tope de hasta tres ingresos mínimos integrales para la base de cálculo y la exoneración a las áreas prioritarias

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Caracas.– Tras la publicación en Gaceta Oficial del Reglamento de la Ley de Protección de las Pensiones, el cual establece una contribución de 9 % por parte de las empresas para el fondo de pensiones, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) insiste en que este instrumento legal debe ir acompañado de incentivos para el sector privado del país.

Mediante un comunicado difundido este martes, 21 de mayo, Fedecámaras asegura que entiende la necesidad de que los ciudadanos disfruten de una vejez digna, para lo que requieren un ingreso que les permita cubrir sus necesidades básicas.

En ese sentido, considera que la contribución de 9 % sobre el ingreso mínimo integral, establecido en 130 dólares, hará posible la mejora en los ingresos de los trabajadores jubilados en este país, de acuerdo con lo señalado por representantes del Gobierno nacional.

Pese a lo señalado, Fedecámaras reitera que existen condiciones económicas y regulaciones que afectan la operatividad de las empresas privadas, las cuales han sido presentadas ante las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, y piden que sean reconsideradas.

Ley de Protección de Pensiones: Gaceta fija en 9% contribución del sector privado

Como parte de las conversaciones previas a la aprobación de la Ley de Protección de las Pensiones, Fedecámaras pidió que la contribución de las empresas se estableciera en 6 % del máximo de 15 % que establece el nuevo instrumento legal.

Se trata de no distorsionar el mercado laboral con elementos contributivos que, lejos de coadyuvar a los objetivos previstos, pudieran generar inconvenientes en cuanto a la generación de fuentes de trabajo, calidad de la contratación, alicientes a elevación fiscal, sobre todo; un régimen que resulte inviable perjudica a los sectores vulnerables a los cuales está destinada la ley recientemente discutida en la Asamblea Nacional”, argumentó Fedecámaras en su momento.

Por esa razón, el organismo reitera al Ejecutivo la solicitud de establecer un tope máximo para la base del aporte, que sea equivalente a tres veces el ingreso mínimo integral.

Además, la organización solicita exonerar del pago de la contribución a los sectores prioritarios para la economía nacional, así como a las empresas que contemplen un plan de jubilación para sus trabajadores. «Sectores como salud y educación, por ejemplo, deberían ser sujeto de exenciones», dice el texto de Fedecámaras.

Aumento de la presión fiscal

Fedecámaras señala en su comunicado que esta contribución constituye un aumento de la presión fiscal para las empresas venezolanas que periódicamente deben cumplir con el pago de otros tributos, como Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), IVA, Impuesto Sobre la Renta (ISLR), impuestos municipales, tasas aeroportuarias, entre otros.

«Las posibilidades financieras del sector privado son finitas», dice la organización, que manifestó de esa forma su preocupación por la operatividad de las empresas. Destaca que como consecuencia «se verá afectada la rentabilidad, limitando las inversiones y la mejora en el ingreso de los trabajadores, estimulándose el empleo informal».

Fedecámaras también pide que se evalúe la posibilidad de eliminar el aporte del IGTF, que los contribuyentes especiales vuelvan a enterar el IVA con periodicidad mensual, la revisión y adecuación del modelo de remuneración de los trabajadores, la promoción de una reforma, integral y de fondo, del sistema de seguridad social en Venezuela, así como en la revisión y adecuación de la legislación laboral vigente.

Insiste la organización de empresarios en que las discusiones deben enfocarse en el análisis de reformas para promover una política fiscal racional para las empresas, que permita incentivar la reinversión, el crecimiento y el empleo.

«El sector privado siempre ha estado comprometido en armonizar mediante un diálogo social más profundo y equilibrado que funcione para todos los actores involucrados. Por ello hemos estado comprometidos en discutir y promover acciones que vayan en beneficio de los trabajadores y su entorno», agrega el comunicado.

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