Bs 600 millardos del Plan Miranda Huele a cacao se agotaron en cuatro meses

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Caracas.- En junio de 2018, Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, anunció la creación del Plan Miranda Huele a Cacao, con el que pretendía impulsar y aumentar la producción del grano en kilogramos por hectáreas en la zona de Barlovento mediante el mantenimiento de los cultivos, asesoramiento sobre prácticas agrícolas y ayudas sociales, específicamente entrega de bolsas del Clap, informó el experto en comercio internacional de este rubro, Jesús Renzullo.

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Para el programa, iniciativa de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Estado Miranda (Cordami), la gobernación del estado solicitó al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) un presupuesto de 600 millardos de bolívares. Renzullo, quien además es investigador del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad), explica que, un mes después de que iniciara el plan, la hiperinflación redujo los fondos destinados para un año de trabajo y no eran suficientes para costear ni siquiera cuatro meses de salario de las 15 cuadrillas que se encargarían de la limpieza de los cultivos.

Renzullo destaca que la variedad cacao de aroma corresponde al 6% del total de la producción mundial, por su calidad, y es valorado en 6.000 dólares la tonelada. En este segmento está la producción venezolana, estimada en 18.000 toneladas anuales. Otros tipos de cacao, como el guatemalteco, se cotizan en 4.000 dólares la tonelada.

Aun así, los procesos de distribución y exportación del grano venezolano tienen tantos obstáculos, siete trámites más que otros rubros, que aumentar sus ganancias es una tarea difícil. Esta labor se complica más después de que fuera declarado como un bien estratégico de la República y oficializado en la Gaceta Oficial N° 39.655 del 13 de abril de 2011. El decreto ordenaba al Ministerio de Agricultura y Tierras “supervisar las actividades del Estado en el sector cacao y chocolate, incluyendo la producción, procesamiento y distribución del rubro y sus productos derivados, conforme al Plan Socialista del Cacao”.

El investigador concluye que las políticas públicas implementadas, sumadas al crimen organizado que azota a quienes trabajan la tierra, entorpecen la producción e impiden mejorar la distribución y exportación.

Falta de libertades económicas

Renzullo precisó que 90% de los productores cacaoteros trabajan bajo cartas agrarias, documento que les permite trabajar las tierras -pertenecientes al Estado- sin necesidad de poseer la titularidad. Según el experto, al no ser dueños de esos terrenos, muchos campesinos se privan de invertir con el fin de aumentar la capacidad de producción; además, insiste en que es un obstáculo burocrático producto de la falta de Estado de derecho en el país.

Para Andrea Rondón, abogada y miembro del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, el ataque a los propietarios forma parte del sistema de gobierno iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro. Sanciones a locales comerciales, fiscalizaciones arbitrarias, trabas legales a productores independientes y expoliaciones de propiedad privada son algunas de las estrategias de las que, según Rondón, el gobierno ha echado mano para tener el control de la economía nacional.

Como casos claves para entender la actuación del Estado durante los últimos seis años plantea la expropiación de Clorox Venezuela a finales de 2014, cuya planta, a dos años de su toma, producía apenas a 16% de su capacidad, según información oficial. La abogada expone que, con esa compañía, el proceso fue progresivo.

En cambio, cuando los accionistas mexicanos que administraban Kellogg’s anunciaron el cierre de la compañía instalada en 1961, en mayo de 2018, Nicolás Maduro ordenó su expropiación asegurando que su gabinete económico reabriría la plata productora y la entregaría a los trabajadores. Rondón resalta que el Estado se apropió de la identidad y de la marca de la fábrica de cereales incluyendo elementos asociados al chavismo en los empaques de los productos.

Rondón insiste: “El gobierno pasó de actuar progresivamente a hacerlo con descaro y apropiándose de una marca registrada”.

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