Diputado Ronderos: la población no puede esperar la salida de Maduro para tener luz

El diputado a la Asamblea Nacional Oscar Ronderos defiende el endeudamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina (conocido antiguamente como Corporación Andina de Fomento, CAF) por 350 millones de dólares para aliviar la crisis eléctrica en el país que será discutido en la Asamblea Nacional y asegura que el proceso de financiamiento es transparente

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Foto: Andrés Rodríguez

Maracaibo.- Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional por el partido Acción Democrática, impulsa la ley que autoriza un endeudamento del Estado venezolano por 350 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para aliviar la crisis eléctrica. Reconoce que en la aprobación del crédito está involucrado el gobierno de Nicolás Maduro.

Ronderos, representante de Nueva Esparta —estado beneficiado en el proyecto eléctrico, además de Zulia, los Andes y Miranda—, asegura que con la ley se propone la incorporación de 1.200 megavatios con la compra de turbinas de generación de respuesta rápida y la reparación de unidades en las plantas térmicas Termozulia, Don Luis Zambrano (Mérida), Planta Táchira, India Urquía (Miranda) y Juan Bautista Arismendi (Nueva Esparta).

«La Asamblea Nacional tiene que serle útil a la gente. Nosotros no podemos decirle a la población que espere a que nosotros salgamos de Nicolás Maduro para que tengan luz», dijo en una entrevista con El Pitazo. Insistió en que el proceso es transparente y que la administración de los recursos recaerá en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y no en Nicolás Maduro ni en Corpoelec.

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La Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia del Sector Eléctrico espera por ser presentada en primera discusión en la Asamblea Nacional. Sin embargo, no hay consenso dentro de la oposición para aprobarla, según indicó Ronderos. El endeudamiento con la CAF sólo es posible si la AN lo aprueba. Esa fue una condición que impuso el ente multilateral para hacer el financiamiento, según indicó el diputado.

—¿En qué consiste este proyecto?

—En primer lugar, teníamos el reto de que dos órganos del poder público que no se reconocen debían interactuar. Por un lado, el gobierno que ejerce Nicolás Maduro, el cual tenía que solicitar el endeudamiento; pero la CAF establecía como condición que la Asamblea Nacional autorizara el endeudamiento, por ser el único órgano legítimo para hacerlo.

«Al Gobierno nacional le pusimos como condición que tenía que separarse de la administración del proyecto. No podía administrarlo porque, de lo contrario, la Asamblea Nacional no lo autorizaría. Por tal razón, el Gobierno decidió desistir de su participación en el plan, por lo cual acordamos un tercer participante y además neutro. ¿Quién mejor que la Organización de Naciones Unidas para que fuera quien llevara a cabo el proyecto?”, continúa Ronderos.

Refiere el diputado que una vez que el Gobierno emite la comunicación mediante la cual se separa de la administración de los recursos, los parlamentarios le solicitaron el financiamiento a la CAF, para que la Asamblea Nacional aprobara el endeudamiento. El parlamentario afirma que la inversión produce una mejoría porque al incorporar 1.200 megavatios al sistema eléctrico nacional y con las intervenciones de alto impacto, en seis meses vemos el resultado de mejoría en el sistema eléctrico.

Es una situación inédita porque tenemos dos gobiernos y no se reconocen el uno al otro, pero tienen competencias distintas que son requeridas para que el proyecto sea viable. La administración la hará el Pnud, es decir, los mecanismos para la contratación. Queremos dar certeza de transparencia; por eso el procedimiento se hará mediante el mecanismo de las Naciones Unidas, que establece que desde 150.000 dólares en adelante las licitaciones deben realizarse fuera de Venezuela. Esos recursos estarán bien invertidos y la CAF también podrá controlar los recursos que estará financiando.

—¿Por qué los estados Zulia, Nueva Esparta y Miranda y la región de los Andes?

—Son los estados donde la situación es más grave en el país, donde hay emergencia eléctrica. Se hicieron dos diagnósticos: uno lo elaboró el Colegio de Ingenieros y el otro, Corpoelec, y ambos hicieron la misma evaluación. Ambos coincidieron en que eran los cuatro estados más graves en situación eléctrica.

—¿No tiene que ver que usted sea diputado de Nueva Esparta y que el otro grupo de diputados que impulsan el proyecto sean del Zulia?

—Todo lo contrario. Después de ese diagnóstico, los diputados de Nueva Esparta y Zulia nos encargamos de impulsar la ley porque se trata de los estados que representamos. Estamos comprometidos y la Asamblea Nacional tiene que serle útil a la gente. No podemos ser indolentes ante la situación de los marabinos, que duermen en las aceras de sus casas para evitar el calor de adentro. No podemos ser indolentes ante la persona que se muere cuando se va la luz en un hospital. Nosotros estamos en la obligación de atender esa situación. Y no podemos decirle a la gente que espere a que nosotros salgamos de Nicolás Maduro para que tenga luz. Tenemos la obligación de atender la emergencia.

—¿Cómo se pagará el préstamo y quién lo hará?

—Es un préstamo de la deuda soberana de la República de Venezuela.

—¿Cómo se pagará?

—El préstamo de deuda soberana tiene unas condiciones regulares que las tienen todos los créditos de este tipo que otorga la CAF. Estos son empréstitos con bajas tasas de interés, distintas de las que tienen los otros préstamos de organismos multilaterales. En vista de la emergencia eléctrica, la CAF se ofreció, con sus técnicos, a ayudarnos en la elaboración del proyecto.

—¿Ese préstamo de la CAF tiene alguna relación con lo que ya ha hecho esta corporación en Venezuela; por ejemplo, para intervenir las plantas Tocoma, Termozulia?

—En absoluto. No estamos interviniendo en ningún otro proyecto donde haya habido financiamiento de la CAF o algo pendiente por hacer.

¿Pero esos dineros se le deben a la CAF?

—Claro que se le deben, por eso esos mecanismo de control de quien controle. Nosotros respondemos por esto (proyecto actual), y por eso pedimos que no sea el gobierno de Maduro el que administre el proyecto y que se una tercero, como el PNUD.

¿Quiénes fueron los ingenieros que elaboraron el proyecto?

—Por cierto, algunos fueron perseguidos, como el ingeniero Winston Cabas. Los técnicos Juan Ríos, Claudia Flores, de la CAF. El ingeniero Mauricio Molina, de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Profesiones Afines (Aviem).

—¿Es un préstamo que pagara el Estado venezolano?

—Es el Estado venezolano, el Gobierno hoy puede llamarse Nicolás Maduro o Juan Guaidó, o mañana puede ser cualquier tercero. Es una deuda soberana en cabeza del Estado venezolano. Por eso la pide el Ejecutivo nacional y la autoriza la AN.

Si lo pagará el Estado venezolano, se debería darle el mejor uso posible.

—Y por eso estamos, por eso es transparente. Hago la operación matemática de dividir los 350 millones de dólares entre los 1.200 Mw a instalar, eso arroja 290 mil dólares por Mw instalado y aclaro: no todos son nuevos megavatios, en algunos casos es mantenimiento mayor.

Hasta la publicación de El Pitazo, era poco lo que se sabía del proyecto.

—No se había discutido porque no teníamos el consenso suficiente. Nosotros no hemos querido plantear el proyecto de ley hasta que no tengamos todo el consenso de las fuerzas de la oposición. No queremos parecer la oposición dividida.

¿Buscaron otras opiniones para tener un mejor diagnóstico del uso de los USD 350 millones?

—Teníamos dos diagnósticos, el que nos dio Corpoelec y el del Colegio de Ingenieros, distintos y que cuando los confrontan, coinciden. Es bastante difícil conseguir un diagnóstico que sea mejor.

Tengo entendido que usted sabe que Juan Guaidó tiene un equipo de expertos eléctricos trabajando; ¿convocaron a ese equipo?

—Claro que sí, Winston Cabas está incorporado en el proyecto del Plan País.

No hablo del Plan País, sino del grupo de expertos que está trabajando, dirigido por Alejandro Plaz, fuera de Venezuela.

—No tengo conocimiento de que Alejandro Plaz sea ingeniero eléctrico, pero además el ingeniero aeronáutico que ustedes consultaron no es un experto en el tema eléctrico.

—¿Quién no es experto en el tema eléctrico?

—El señor que ustedes consultaron, de apellido Aguilar. Y se lo voy a demostrar: cuando dice que la planta Juan Bautista Arismendi está funcionando, y la planta Juan Bautista Arismendi está cerrada y no produce un megavatio. Se lo digo yo, que soy diputado de Nueva Esparta.

—¿Usted asegura que el señor José Aguilar no conoce del tema?

—No, yo digo que es ingeniero aeronáutico y que la planta Juan Bautista Arismendi no está funcionando. Yo puedo dar fe de ello.

Tenemos un prestamo de 350 millones de dólares, ¿por qué no usarlo en Termozulia?

Porque la reparación de Termozulia es una caja negra, es botarlo en la basura, es entregarle la plata a Nicolás Maduro para que la vuelva a robar. Cuánto dinero se ha botado en Termozulia. Meterse en un tema de reparación en una cosa que no conocen, entrar en esa caja negra de Corpoelec implica necesariamente tener que contaminarte con eso, mientras que si cuentas con mecanismos propios de Fast Power no necesitas contaminarte con eso, sino que responde el Pnud por eso.

Si Termozulia es una caja negra, ¿por qué optan por reparar la unidad 2 de Termozulia? Y si no es Termozulia, ¿por qué no optar por reparar la planta Ramón Laguna, que podría generar mayor cantidad de Mw que estas plantas de Fast Power?

—El tema de la reparación es que demora más tiempo y puede resultar más costoso. El criterio esencial que impide el tema de la reparación es la situación del tiempo. Estas máquinas son de arranque rápido y en un término de seis meses podrían estar funcionando. Todas las opciones fueron evaluadas porque también evaluamos la posibilidad del cable debajo del puente que propuso el gobernador Omar Prieto; evaluamos la barcaza que propuso Rosales y se desechó; el cable submarino de Margarita también, porque no daban los tiempos. Estamos hablando de un proyecto de alto impacto para una respuesta inmediata para la gente.

¿Por qué si Termozulia es una caja negra, si hay una intervención en Termozulia 2?

—Porque en Termozulia 2, los técnicos de la CAF verificaron lo que se tiene que hacer. Es una reparación menor que se puede resolver dentro del tiempo.

¿Hubo una exigencia de Corpoelec de no tocar lo que se estaba trabajando, por ejemplo Termozulia 1, Termozulia 3? ¿Ya hay proyectos ahí que los está ejecutando una empresa?

—El Gobierno dijo que ellos podían solventar eso y que no era necesaria la intervención para la emergencia; por eso no entramos a ese escenario. Cuando esos escenarios fueron evaluados, el Gobierno dijo: ‘Nosotros tenemos cómo solucionar esto y no hace falta que entremos con los mecanismos de emergencia’. Es una emergencia humanitaria, no es un mecanismo para solventarle la situación al gobierno de Nicolás Maduro ni para reparar el sistema eléctrico que ellos se robaron, ni para limpiarle la cara a Maduro.

Enrique Marquez dice que reparar Termozulia tarda dos años, pero la versión de técnicos y no solo de José Aguilar, que según usted no tiene conocimiento en el área, sino de Miguel Lara, ex gerente de la OPSI…

—No están en el país. Fue gerente. Estos señores de la CAF, del Colegio de Ingenieros, fueron hace poco hasta Termozulia. Antes de hacer el proyecto verificaron in situ cuál era la situación actual. Si de hoy para mañana se roban una máquina de esas, la situación cambia radicalmente.

En Termozulia hay la capacidad de 1.265 Mw, que puede ser reparable en 17 semanas por un monto no mayor a los 150 millones de dólares, según técnicos.

—Esa opción no la conozco, no la hemos revisado y no la tenemos.

Por eso le pregunté a qué tecnicos consultaron.

—Ya le dije: a los técnicos de la Asocación Venezolana de Ingenería Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que por ley es el órgano asesor del Estado venezolano en materia eléctrica.

¿No consultaron al equipo que viene trabajando con el BID en Washington?

—No, nosotros consultamos con los que están aquí. A los que están en Washington cuando le dan al botoncito les prende la luz, aquí cuando le dan al botoncito no prende la luz. Esa es la diferencia.

¿Usted cree que eso es un argumento?

—Es un argumento válido, no para desmeritar, sino que los que estamos aquí, que estamos padeciendo, tenemos conocimiento de lo que está pasando. En Washington, en Bogotá y en Miami prende la luz todos los días.

¿Cómo será el suministro del combustible?

—El tema del combustible también se evaluó en la Aviem. Verificando, nos conseguimos con que la planta Arismendi en Nueva Esparta no contaba con la aducción a gas y la tuvieron que convertir a gasoil, con menos productividad. Cambiamos y vamos a revertir la máquina a condiciones originales para que opere a gas. Verificamos que esté la aducción a gas y que el gas esté en la zona. Y están y lo hemos verificado con técnicos de Corpoelec. La planta que está temporalmente paralizada es porque es una máquina General Electric, que solo puede ser intervenida por General Electric o por personal autorizado por la empresa norteamericana, que no puede venir a Venezuela en estas condiciones. La única forma que se pueda reparar es entrando a través de este mecanismo autorizado por la AN.

¿A través del mecanismo sí podría venir General Electric, Siemens?

—¿Cuál es la diferencia?: que un mecanismo autorizado por la AN está exento de las sanciones, porque la AN que es el órgano que ha solicitado las sanciones, y lo está autorizando. ¿Qué pasa con el resto de la deuda pública que no ha pasado por la AN? Esa deuda mañana el Estado la puede desconocer porque no fue autorizada por la AN. La AN no se puede amputar un brazo y decir ahora no voy a autorizar nada. Todo lo contrario.

¿Hay algún mecanismo para que empresas del pasado, que tuvieron rezagos en el incumplimiento de contratos o involucradas en tramas de corrupción, participen en las licitaciones?

—Se supone que estas empresas están sancionadas.

¿Y si no lo están?

—Deberán demostrarlo. Pero nosotros podemos enviarle una lista a la PNUD.

¿Y si hablamos de los directivos de esas empresas?

—Nadie va a querer ir a buscar a los señores de Derwick para que haga el proyecto.

¿No es sólo Derwick?

—Lo digo porque es la más emblemática. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es transparente; lo primero que va a solicitar es que tengas las condiciones mínimas para licitar, que tengas los requisitos financieros, la capacidad técnica, que presentes la mejor oferta.

¿No hay un mejor proyecto que este?

—No lo hay.

¿Recuperar Termozulia no es mejor que esto?

—No es mejor que esto.

¿Estas máquinas durarán más de tres años en funcionamiento?

—Durarán más de tres años, porque hemos establecido los tres años para el primer mantenimiento mayor.

¿Hay suficiente gas?

—El Gobierno garantiza que hay suficiente gas para esto y en el caso de Margarita lo hemos verificado.

¿Habrá garantías de que no habrá un proceso viciado para la contratación?

—La garantía es el prestigio de Naciones Unidas. ¿Usted cree que Naciones Unidad va exponer su reputación a que un proceso de estos sea turbio? La CAF, que maneja millones de dólares de inversión como banco de desarrollo, va a exponer su prestigio en una situación como esta. Esto no lo va a manejar la gente que manejó Corpoelec. Esto no lo va a maneja el señor Nicolás Maduro, el señor Chávez y Jesse Chacón, que robaron.

¿Pondría su cargo a la orden si después de seis meses no se ha cumplido con el proceso de instalación?

—Esa operación no la voy a hacer yo, eso lo va a hacer el Pnud y es el que va a responder por el proyecto. Yo no voy a responder por el proyecto.

—¿Pero usted lo está impulsando.

—Claro que lo estoy impulsando para la calidad de vida de la gente, pero no lo voy a ejecutar yo. Mal me puedo comprometer por una cosa que yo no voy a ejecutar. Yo no puedo garantizar que tú vayas a hacer un buen trabajo. Yo puedo garantizar que yo voy a hacer un buen trabajo. Yo puedo garantizar que esto que estamos proponiendo es transparente.

—¿Quién solicitó el préstamo a la CAF?

—El Ministerio de Finanzas del gobierno de Maduro. Además el gobierno que reconoce la CAF y Naciones Unidas es el de Nicolás Maduro, pero igualmente reconocen que el único facultado para autorizar el endeudamiento es la AN.

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