Caracas.- La Corte Suprema de Estados Unidos (EE. UU.) rechazó el recurso presentado por la junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), designada por el gobierno interino de Juan Guaidó, en el que pedía revisar la decisión que autoriza utilizar los activos de la estatal petrolera en el país norteamericano en casos de expropiaciones y deudas contraídas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
El recurso hace referencia a la decisión de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, con jurisdicción sobre las apelaciones en las cortes de Delaware, que se basa en lo que se conoce como doctrina de alter ego. La información fue difundida por la junta ad hoc en un comunicado publicado este martes, 9 de enero, en el que destaca su preocupación por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Señala que al emitir una opinión sobre esta doctrina, las Cortes en Delaware han realizado análisis que otorgan reconocimiento a conductas del gobierno de Maduro en su relación con actividades de Pdvsa que contradicen la política exterior de Estados Unidos. Por otro lado, indica que la decisión de la Corte de Delaware hace referencia a hechos errados.
«Este último punto es altamente preocupante, ya que en un sistema de Estado de derecho se esperaría una apreciación cuidadosa de la evidencia, cosa que no ha ocurrido cuando la Corte de Distrito expresa que el gobierno de Juan Guaidó ha utilizado directamente fondos de la subsidiaria de Pdvsa en los Estados Unidos, baipaseando los derechos corporativos de Pdvsa, o, incluso, al decir que la Asamblea Nacional ha recibido fondos de Pdvsa», dice parte del texto.
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Niegan financiamiento a gobierno interino
La junta ad hoc asegura que se trata de afirmaciones falsas, pues el Estatuto de Transición y el Decreto que rige a esta administración de Pdvsa prohíbe la transferencia de fondos a la Asamblea Nacional y al gobierno interino. Además, señala como otro elemento probatorio el bloqueo de los activos de Pdvsa en Estados Unidos y el hecho de que la junta administradora no tiene acceso a los recursos. De igual forma, reitera que en 2019 esta junta recibió a Citgo altamente endeudada, por lo que hubiera sido imposible emitir financiamiento.
«Vale la pena insistir en que una forma de determinar que la afirmación de la Corte de Delaware es errada es que una transferencia de fondos que se encuentre en Estados Unidos tuvo que haber ocurrido a través de una licencia especial otorgada por la Office of Foreing Assets Control (OFAC) -Oficina de Control de Activos Extranjeros- del Departamento del Tesoro, la cual nunca ha sido solicitada y, por tanto, nunca ha podido existir», insistió.
Con respecto al financiamiento del gobierno interino, el comunicado destaca que se realizó a través del Fondo de Liberación, cuyos recursos fueron aprobados por autorizaciones de la Asamblea Nacional de 2015, como se evidencia en los presupuestos publicados por este ente.
Defensa de Citgo
Por otro lado, la junta ad hoc destaca que fue auditada la gestión de administración de recursos utilizados para la defensa, tanto en los casos reportados por fondos autorizados por la Asamblea Nacional de 2015 a la Procuraduría Especial como en los gestionados por la junta ad hoc.
En el comunicado, la junta recuerda que en casos excepcionales tuvieron que recurrir a gastos de representación judicial cuya asistencia respondió a situaciones de emergencia, en montos limitados y con el único objetivo de proteger la propiedad de Citgo. «Los pagos fueron hechos a firmas de abogados y nunca hubo transferencia de fondos a la República o a la Asamblea Nacional», apunta la junta ad hoc.
De igual forma, cuestiona que la decisión de la Corte de Delaware no aborda los decretos que establecen la autonomía e independencia de Pdvsa. También denuncia que tanto esta corte como la de Apelaciones del Tercer Circuito crean inseguridad jurídica con su interpretación de la doctrina del alter ego.
Pdvsa ad hoc insiste en la negociación con acreedores
Resalta los resultados de Citgo y la amenaza a esta recuperación que representa la herencia de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. «La solución a estos casos requiere un trabajo conjunto que permita una reestructuración apropiada de las deudas aprovechando el potencial de recuperación de Venezuela, una vez se restituya la democracia», continúa el comunicado.
Insiste en que el proceso de venta no es el método más apropiado para la resolución de estos casos, ya que es probable que se genere inequidad entre los acreedores y reitera su llamado a conversaciones y diálogos.
Finalmente, la junta ad hoc informa que analizará con su equipo legal y asesores la situación actual para implementar las estrategias que le permitan continuar con la protección de Citgo, pero reconoce que es real el riesgo de perder esta empresa. «Exhortamos a los venezolanos a mantener la confianza y rechazar informaciones y opiniones que desvirtúen la realidad y que obedezcan a intereses particulares que no son precisamente los intereses de los venezolanos ni de la República», dice.