Caracas.- El Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad rechazó las recientes palabras sobre la indexación expresadas por Nicolás Maduro durante su memoria y cuenta correspondiente al 2024, y exigió que cualquier aumento se realice sobre el salario mínimo y no sobre los bonos.
“Rechazamos la bonificación del salario y exigimos que cualquier incremento que se vaya a realizar, por más escaso que sea, se haga al salario mínimo y se restablezca de nuevo la legalidad contenida en la Constitución y en la Ley del Trabajo vigente”, dijo a Edgar Silva, coordinador Nacional de este comité, en declaraciones a El Pitazo.
El pasado 15 de enero, en su mensaje anual, presentado en el Teatro Teresa Carreño y no en el Palacio Federal Legislativo, como se acostumbra, Maduro dijo que este año preservarán “con firmeza y grandes esfuerzos el mecanismo de indexación del ingreso integral de los trabajadores, mecanismo único en el mundo”.
Para Silva, los anuncios de Maduro “no levantan ninguna expectativa en el sector de los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivsss) ni de los jubilados, ni de los trabajadores activos”. A su juicio, se trata de “ofrecimientos engañosos de los cuales tenemos una cabuya muy grande”.
Considera que, en caso de que se realice un incremento de salario y pensiones, será muy por debajo del costo de las canastas alimentaria y básica, manteniendo, como hasta ahora, estancado el salario mínimo en 130 bolívares.
El coordinador del Comité de DD. HH. para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad explicó que la política económica de Maduro se basa en contener la inflación manteniendo estancados los salarios, pensiones y jubilaciones, dejando todo el peso de la crisis en este sector de la población, “condenándolos a vivir en la pobreza multidimensional y más extrema, por no poder costear los bienes y servicios para vivir con dignidad, bienestar y felicidad”.
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Una promesa incumplida
Silva recordó que en cuatro oportunidades Maduro ha realizado anuncios con relación a los ingresos indexados: en agosto de 2018, cuando se refirió a la indexación con respecto al petro; en marzo de 2022, cuando decretó el aumento salarial de 130 bolívares equivalente a medio petro (30 dólares en ese momento); en enero de 2024 cuando aumentó los bonos de guerra y alimentación; y en mayo de 2024, cuando aumentó nuevamente el bono de guerra y ubicó el ingreso mínimo integral de los trabajadores en 130 dólares.
El representante de los jubilados y pensionados también lamentó la caída del poder adquisitivo del salario y las pensiones. “Desde el 2013, año en que asume la presidencia Maduro, se ha agigantado la brecha progresivamente entre el salario mínimo y las pensiones (ancladas ilegalmente a este salario), con respecto a la canasta alimentaria y mucho más con respecto a la canasta básica familiar”, apuntó.
De acuerdo con las cifras ofrecidas por Silva, para el 2013 el salario mínimo en Venezuela estaba en 2.702,73 bolívares, lo que equivalía a aproximadamente a 429 dólares mensuales al cambio oficial del momento, mientras que la canasta alimentaria familiar en diciembre de ese año, calculada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM) tenía un costo de 8.303,34 bolívares, lo que equivalía aproximadamente a 1.319 dólares al cambio oficial. “Esto ya representaba un déficit significativo entre el salario mínimo y el costo de los bienes básicos”, destacó.
“Los incrementos que el gobierno hace no son acordes con los precios de los productos para el consumidor ni son suficientes para sostener al trabajador activo, pensionado y jubilado y su familia, por cuanto están muy por debajo del costo de la vida”, reiteró.
En ese sentido, insistió en que es falso que los incrementos decretados por Maduro sean indexados. “Esto no es verdad en nuestro país”.
Ley de Pensiones
Silva también se refirió a la Ley de Pensiones, aprobada en mayo de 2024 por la Asamblea Nacional, con la que Maduro prometió que los ingresos se destinarían a mejorar los ingresos de los pensionados.
La Ley de Pensiones, vigente desde junio de 2024, impone el cobro, a través del Servicio Integrado de Administración Tributaria (Seniat), de un impuesto del 9 % a los empresarios con el fin de mejorar las pensiones.
“Ya han pasado ocho meses de aquel anuncio y las pensiones permanecen iguales mientras la devaluación del bolívar va en caída libre. Una pensión que en marzo del 2022 equivalía a 30 dólares ha perdido progresivamente ese insuficiente poder adquisitivo, hasta valer hoy día 2,3 dólares mensuales, siendo este hecho, la mayor evidencia de la negación de la indexación que dice el gobierno que está haciendo”, condenó.
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