La Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera Nacional (Ajip) designó, por votación, a sus representantes para el equipo de trabajo que sostienen con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en reclamo de mejoras de sus condiciones como pensionados.
La comitiva abordará con el patrón los temas relacionados al Fondo de Pensiones (APJ-PDV), así como los beneficios de los jubilados de la empresa petrolera. Estará conformado por Héctor Villalobos en calidad de presidente de la Ajip, Helena Pino Blanca como coordinadora, Omar Antúnez como coordinador ad hoc de Finanzas y asesor de Ajip, al igual que Antonio Corredor, como asesor legal de Ajip y José Castillo, como representante de los jubilados de Pequiven.
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«Estamos seguros que con el aporte del conocimiento y experiencia de nuestros representantes, aunado al recurso humano de los equipos de trabajo de Pdvsa y APJ-PDV, podemos agregar valor y concretar objetivos planificados, con visión ganar-ganar entre las partes que se traduzca en logros a corto plazo para el beneficio de todas las partes involucradas», señala una carta con fecha del 10 de enero dirigida al presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, en el que se le notifica del nuevo equipo de trabajo.
En otra carta, los miembros de la Ajip solitaron a Quevedo la designación de Fernando De Quintal, actual vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, como presidente de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones, debido al trabajo que ha realizado previamente con la organización gremial en pro de resolver sus conflictos laborales con la institución.
«Consideramos que bajo la conducción de ejecutiva del sr. Fernando De Quintal e integrando equipos de trabajo de alto desempeño entre las partes, lograremos a corto plazo resolver la situación de gran parte de los diversos problemas que tiene el Fondo de Pensiones y apuntar a una mayor eficiencia en la gestión del mismo», dice la misiva.
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La Ajip, que agrupa al 60% de los jubilados de la industria petrolera, no ha mantenido siempre las mejores relaciones con la directiva de Pdvsa, a la que acusa de incumplir con los pagos acordados en el bono creado en 1994, así como del seguro médico Sicoprosa, el cual se encuentra inactivo.
En múltiples ocasiones han denunciado que la empresa adeuda a cada extrabajador cerca de 58.000 dólares, y que debido a la falta de seguro, hasta noviembre de 2019 murieron 200 jubilados por falta de atención médica. Debido a esto, los dirigentes gremiales han realizado protestas denominadas «bastonazos» frente a la sede de la empresa estatal, ubicada en La Campiña, Caracas, y sus respectivas oficinas regionales, además de recolectar firmas para introducir una demanda ante la Defensoría del Pueblo.
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