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martes, 5 julio, 2022

Asamblea busca reformar Ley de Hidrocarburos y abrir espacios al sector privado

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La Asamblea Nacional trabaja en la reforma a la Ley de Hidrocarburos, ley prioritaria para la reactivación de la economía, afirma el diputado Luis Stefanelli, quien preside la subcomisión que lleva el tema.

Según el parlamentario, la reforma busca “masificar la producción petrolera” y lograr que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y claro, Venezuela, sean competitivas en el mercado internacional.

Para ello, la reforma plantea abrir el mercado al sector privado.

“El Estado seguirá siendo dueño de los pozos y rigiendo la política petrolera pero, como la idea es aumentar la producción y es algo que el Estado no puede hacer solo, se manejarán las licitaciones. Así, el Estado no pone un centavo, pero pudiera cobrar hasta 70%”, explica el diputado.

Precisamente las licitaciones son un eje fundamental de la ley. Se crearía la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, la encargada de manejar las licitaciones. “Un ente de apoyo al Ministerio de Energía y Petróleo que garantice la transparencia”, define Stefanelli.

Con la creación de esta agencia, Pdvsa ya no sería juez y parte, sino que participaría -y licitaría- como un actor más.

Aunque, por ahora, todo está en papel y se está evaluando y reevaluando, la junta de esta agencia estaría formada por cinco miembros.

La forma como se nombrarían tiene varias fórmulas en debate: tres por concurso público y los otros dos por el ministerio y la Asamblea Nacional. O los cinco miembros escogidos a través de concurso público.

“Se van a buscar consensos”, dice Stefanelli al insistir que aún es un anteproyecto.

El anteproyecto no tendrá la fórmula habitual de formación de leyes, ya que se plantea que la consulta pública se realice antes de la primera discusión, dado “lo delicado de la Ley”.

Otro aspecto que plantea la reforma tiene que ver con la “fiscalidad” derivada de la actividad petrolera. En este sentido, Stefanelli señala que como la idea es abrirse a la inversión y que sea una relación “ganar-ganar” hay que modificar lo relativo a impuestos. Aunque no está planteada una modificación del Impuesto Sobre la Renta, sí la fiscalidad que actualmente está entre 10 y 12% por encima en comparación al mercado internacional y que impide precisamente “ser competitivos”, una palabra clave en el anteproyecto.

La flexibilización impositiva busca colocar montos mínimos de regalía en las licitaciones. Se podría hablar de un piso de 16-17 %.

La reestructuración de Pdvsa, otro punto clave junto a la producción, y evitar su colapso también están en el documento. Tarea nada fácil, ya que según Stefanelli, es actualmente una “caja negra”, y se buscará contar con personal calificado.

Asimismo, incluye el reconocimiento de los compromisos con los más de 20 mil trabajadores petroleros afectados por los hechos de 2002 y 2003.

“Queremos que se haga justicia social. Además, hablamos de un régimen laboral que aún es genérico y que se desarrollará en dos o tres meses”, expresa.

En cuanto a las empresas mixtas, respetarán los contratos “siempre que hayan sido suscritos en el marco de la Ley. No vamos a cometer los errores de este gobierno (de Chávez y Maduro) y en caso de ser renegociados será entre las partes”, asegura Stefanelli.

Por tanto, es una reforma que puede tardar varios meses más antes de ser presentada en la plenaria.

Gasolina, el coco

El precio y los subsidios de un tema al que le han tenido reticencia todos, absolutamente todos, los gobiernos. El de la gasolina no está presente en esta reforma.

Stefanelli señala que se tendrá que revisar en paralelo y que es un proceso que “debemos llevar a todos lados y discutir”.

En el Plan País, dice, se establece que los subsidios serán directos a la familia. Se habla de entre 3 y 6 millones de familias que lo requerirían y se eliminan los subsidios indirectos que “han generado corrupción”.

Stefanelli está convencido de que “jamás en Venezuela se va a pagar la gasolina a precios internacionales. Pero no se puede pagar cero tampoco”.

Esa afirmación la hace con base en el hecho de que en el país no se le puede agregar un valor extra de realización y tampoco se paga transporte o impuestos como en otros países. “El Estado no tiene por qué ganarle a la gasolina”, concluye.

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