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lunes, 30 noviembre, 2020

Arco Minero del Orinoco: la crisis de la extracción venezolana

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Caracas.- Venezuela ha vivido de la explotación petrolera desde que la extracción de hidrocarburos superó, en 1910, el cultivo y comercialización de café y cacao. Desde ese momento, todos los proyectos de desarrollo se han basado en la renta energética.

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Actualmente, en un contexto de crisis económica, el Gobierno intenta diversificar sus políticas extractivistas, en la expectativa de recibir altos ingresos económicos a corto plazo.

  • En 2016 se aprobó la extracción de minerales en una superficie que equivale al 12,2% del territorio nacional, donde habitan 54.686 indígenas y tiene una gran diversidad ecológica
  • Desde ese año, una decisión del Gobierno chavista ha dispuesto de la totalidad de 111.843 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales, decisión que ha puesto en peligro la biodiversidad de la Amazonía venezolana y la vida de las comunidades indígenas de la zona.
  • Esta área es tan grande como la extensión total de países como Cuba, Corea del Sur, Austria, República Checa o Suiza.
  • El 24 de febrero de 2016 se creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), en una superficie de terreno que equivale al 12,2% del territorio venezolano.
  • Esta zona se encuentra en el margen sur del río Orinoco, la principal fuente de agua del país, donde habitan 54.686 personas indígenas, según el último censo del año 2011.
  • Una gran biodiversidad ecológica se encuentra bajo amenaza.
  • Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita en toda la margen sur del río Orinoco.
  • Esto se ha promovido ignorando dos requisitos necesarios de acuerdo a la Constitución del 1999. El artículo 129, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural, en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas. El artículo 120, la realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, cuando se aprovechen recursos naturales en hábitat indígenas.
  • El proyecto del Arco Minero ha recibido muchas críticas de distintos sectores: desde indígenas que han visto sus derechos afectados, como organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, quien han alzado su voz, intentando prevenir la afectación de esta zona.
  • Organizaciones como Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes y Laboratorio de Paz, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) las violaciones a derechos humanos en el marco de este proyecto, como la omisión de la realización del estudio de impacto ambiental así como del derecho a la consulta previa, libre e informada.
  • El Gobierno de Nicolás Maduro no ha escuchado las diferentes críticas realizadas contra este proyecto. Por el contrario, las diferentes iniciativas han alertado sobre el impacto del proyecto, han sido criminalizadas desde el sistema nacional público de medios.
  • En los últimos años, la minería ilegal en la zona se ha expandido y con ello, ha aumentado el flujo de personas que llegan en busca de oportunidades económicas inmediatas.
  • La minería ilegal ha traído como consecuencia la acentuación de la crisis sanitaria, con un repunte de enfermedades como el paludismo.

En un país sumido en una profunda crisis social, económica y política, es poca la atención que se ha prestado a esta situación y el proceso de movilización contra el proyecto, que incluye académicos, activistas medioambientales y de derechos humanos, indígenas, músicos y otros sectores se ha eclipsado.

No se puede ignorar la grave situación ambiental que puede derivar de la implementación del proyecto del Arco Minero y la vulneración de los derechos fundamentales, de las comunidades indígenas de la zona.

En mayo de 2018, 24 países de América Latina y el Caribe (ALC) adoptaron el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información y el derecho de la población, a ser consultada en asuntos que puedan afectar su calidad de vida o el derecho a gozar de un ambiente sano.

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