Las implicaciones que tendrá la implementación que impuso la administración de Donald Trump al gobierno de Nicolás Maduro, vigentes desde el pasado 6 de agosto, aún están por verse. Alfredo Ordóñez, internacionalista y experto en temas de economía internacional, explicó cómo afectarán en el corto plazo al comercio, finanzas y mercado venezolano las restricciones con las que Trump busca concretar un cambio político en el país por la vía coercitiva

Por Sammy Paola Martínez y César Batiz

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Dos semanas después de la entrada en vigencia de la orden ejecutiva emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con la que se congelaron los activos del gobierno de Nicolás Maduro en ese país, aún quedan dudas sobre los efectos que tendrá este conjunto de restricciones financieras en la economía venezolana.

La disposición, implementada desde el pasado 6 de agosto, fue acompañada de una serie de licencias que, a manera de excepciones, posibilitan las transacciones entre personas naturales y empresas, con prioridad para la adquisición de medicinas, alimentos, insumos hospitalarios y suministros para telecomunicaciones.

Estas 13 exoneraciones, publicadas horas después de implementadas las sanciones, fueron diseñadas en el contexto de la emergencia humanitaria compleja en desarrollo, como se definen las dificultades en el acceso a insumos médicos y alimentarios que padecen millones de venezolanos desde mediados del año 2014, y buscan reducir al mínimo el impacto para los ciudadanos en el territorio nacional.

Entrevista por IG Live al internacionalista Alfredo Ordóñez, en torno al alcance de las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump
| Foto: Francisco Touceiro

En esta entrevista, que concedió a El Pitazo vía Instagram Live, Alfredo Ordóñez, internacionalista y coordinador de la maestría en economía internacional de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó las implicaciones técnicas, financieras y jurídicas que tendrán estas limitaciones para la población venezolana. El especialista ofreció detalles sobre el alcance de las sanciones, con las que la administración de Donald Trump busca limitar la capacidad financiera de Maduro buscando un cambio político mediante la restitución del respeto a los derechos civiles, políticos y humanos.

Además expuso que los procesos de negociación para la adquisición de insumos, o la importación de productos terminados se ralentizarán y desmintió algunos mitos sobre su efecto en las finanzas personales de los venezolanos. No obstante, reconoció que en el corto plazo las consecuencias de la medida unilateral del Gobierno estadunidense se verán en la baja disponibilidad de mercancías de todo tipo y un incremento de los precios al consumidor. 

–¿Qué significan estas sanciones para Venezuela? ¿Cuál es su naturaleza y cuáles son sus implicaciones?

–La sanción ejecutiva tiene un aspecto importante y es que, a pesar de que limita el funcionamiento del Gobierno venezolano, está amparada por unas licencias que emite el Departamento de Estado, que es la oficina de control, donde establece unos aspectos importantes donde no está sancionada la movilidad del Gobierno venezolano. Particularmente estas son sanciones que no afectan los derechos humanos de los venezolanos; el derecho a la alimentación, el derecho al acceso a las medicinas, el derecho a las telecomunicaciones. Estos aspectos no están restringidos.

Uno ve a los voceros gubernamentales, que se victimizan con el tema de las sanciones, cuando realmente el Gobierno venezolano puede hacer compras internacionales, puede ir de compras tranquilamente; además hay empresas privadas que no están relacionadas con el Gobierno que también pueden adquirir.


La poca movilidad que va a tener el Gobierno para actuar nos va a afectar a todos. El problema está cuando el Gobierno no asume su responsabilidad, sino que se victimiza

Alfredo Ordoñez, internacionalista y coordinador de la maestría en economía internacional de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

–¿Es o no un embargo?

–No es un embargo. Son sanciones que están generadas para preservar los activos que tiene Venezuela en el extranjero y están orientadas en crear limitaciones de los ingresos para el Gobierno venezolano. Tanto que el Departamento del Tesoro establece claramente que ese congelamiento es con la intención de trasladar esos activos al Gobierno que ellos reconocen, que es el que preside Juan Guaidó, mediante la Asamblea Nacional. 

–¿Qué diferencia hay entre las sanciones que entraron en vigencia en agosto respecto de los embargos aplicados a Irán, Siria y Cuba anteriormente?

–Estas sanciones se diferencian del resto porque Estados Unidos decide sancionar a todos aquellos gobiernos que tienen una relación con el terrorismo, narcotráfico o que violen las normas del régimen democrático. En el caso venezolano se trata de limitar los ingresos. En el caso de Irán y Rusia, son limitaciones de carácter militar. Y en el caso de Cuba, particularmente, fue considerado un bloqueo económico porque está sancionado todo aquello que tiene relación con el Gobierno cubano, sea en el área de alimentos y medicamentos de cualquier tipo. La misma experiencia con Cuba ha dado que el Estado norteamericano implemente sanciones de una forma muy cuidadosa y por eso las licencias.

–¿Cómo afecta al sector privado la vigencia de estas sanciones? ¿Lo perjudican?

–El sector privado puede hacer cualquier tipo de transacciones, porque no está limitado. Lo único que sí vamos a tener es una consecuencia tal vez tangible, en el sentido de que ahora hay un riesgo país muy elevado y todo lo que sean transacciones internacionales para adquirir productos va a reflejar ese nivel de riesgo, y eso se traduce en que nuestros empresarios privados van a tener que cumplir con una serie de requisitos mucho más complicados de los que normalmente cumplen, porque tienen que cumplir ciertas responsabilidades, garantizar que van a cumplir con todos esos gastos y eso se va a ver reflejado en los costos de comercialización, lo que significa para todos nosotros una elevación de los precios. Vamos a ver precios mucho más elevados.

Entrevista por IG Live al internacionalista Alfredo Ordóñez, en torno al alcance de las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump
| Foto: Francisco Touceiro

–Es decir que estas sanciones afectan indirectamente al venezolano

–Sí, indudablemente estas sanciones tienen un efecto; sobre todo lo vamos a ver en los precios y en las restricciones de algunos rubros.

–¿Sería una consecuencia inmediata o en el mediano plazo?

–Lo vamos a ver a corto plazo. Estas son consecuencias que seguramente vamos a ver en diciembre, que es el mes en que más flujo comercial se genera. Ahora todos los proveedores internacionales antes de hacer negocios con cualquier empresario venezolano o con el mismo Estado tienen que verificar si realmente pueden hacerlo, si no, van a tener impedimentos con el Gobierno norteamericano, porque recuérdese que es una sanción unilateral del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y cualquier empresa que tenga relación con el Gobierno de Estados Unidos tiene que ajustarse a esas normativas; por eso tendrán que ir a consultas, sobre todo a nivel financiero. Es un efecto que vamos a ver con bajas en la existencia de mercancías y aumento de precios.

–Con las primeras sanciones de Estados Unidos a Venezuela trataban de impedir los envíos de petróleo a Cuba. ¿Con estas últimas sanciones se busca un bloqueo naval?

–No, no tienen ningún tipo de implicación en ese aspecto. En materia petrolera, cuando se decía que Venezuela tiene prohibido enviar productos de Pdvsa a Estados Unidos, eso no es tan cierto. Hay ciertas limitaciones, pero Estados Unidos puede comprar sobre todo los combustibles a Venezuela, es decir, empresas norteamericanas pueden hacer compras de combustible a Venezuela, siempre y cuando cumplan los requisitos que establece el Departamento del Tesoro.


No es un embargo. Son sanciones que están generadas para preservar los activos que tiene Venezuela en el extranjero y están orientadas a crear limitaciones para los ingresos del Gobierno venezolano

Alfredo Ordóñez, internacionalista y coordinador de la maestría en economía internacional de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

–¿Hasta qué punto estas medidas de la administración estadounidense significan una coacción al Gobierno de Nicolás Maduro sin que perjudiquen a los venezolanos?

–Eso es difícil medirlo, porque el Estado Venezolano el máximo poder económico lo tiene a través de la industria petrolera; entonces, cuando se ve limitado el Gobierno, se ven afectadas nuestras instituciones. El decaimiento de nuestras instituciones de educación superior, por ejemplo, tiene un efecto indirecto. La poca movilidad que va a tener el Gobierno para actuar nos va a afectar a todos. El problema está cuando el Gobierno no asume su responsabilidad, sino que se victimiza: el discurso normal, en el que el Gobierno se instala, según el cual ahora no puede comprar alimentos, ahora no puede comprar medicinas, cuando esto no es así. Lo único que tiene que hacer es restablecer un orden y ese orden tiene un costo. Ahora vamos a ver más proveedores de la economía rusa, de la economía rusa, de Turquía, este tipo de fenómenos lo vamos a ver en el mediano plazo.

–¿Cómo está posicionada Venezuela en el ámbito internacional con las sanciones? ¿Cómo están sus relaciones comerciales?

–Tenemos que recordar que en el caso particular de Venezuela, el 80% de la economía está basada en la industria petrolera. La industria petrolera ha venido decayendo terriblemente. Es algo vergonzoso lo que ocurre con la industria petrolera venezolana; esto hace que el Estado pierda posibilidades económicas y por eso los niveles de inflación han sido asombrosos y es porque ya pasamos a procesos récord de mantener estos niveles de inflación. Las sanciones lo que hacen es limitar la acción del Gobierno y evitar que se pongan en garantía más activos de Venezuela en el extranjero. Para cada transacción que el Gobierno hace en el exterior tiene que dejar activos como garantía y las sanciones lo que hacen es que esos activos queden congelados, mas no son un bloqueo.

–¿Cuál es el riesgo que corren las personas o empresas que se vinculen financieramente con el gobierno de Nicolás Maduro?

–Esa era la principal preocupación en el caso de los empresarios que son proveedores del Estado, o los que se surten de materias primas procesadas por organizaciones del Estado. Lo que deben hacer es elevar su consulta al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y ese organismo les dirá si están o no están dentro de la lista de las prohibiciones. Lo que sí va a generar a nivel comercial para los empresarios es un poco más de retraso en sus procesos de negociación, porque la estructura financiera internacional se hace más rígida con todo aquel capital que venga de Venezuela.

Entrevista por IG Live al internacionalista Alfredo Ordóñez, en torno al alcance de las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump
| Foto: Francisco Touceiro

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