El anuncio de una carrera en la montaña, organizada por la empresa Enduro Series Venezuela, generó reclamos entre los grupos conservacionistas que hacen vida en torno al parque nacional. Advierten que esta actividad ya ha causado daños y los profundizará. Mientras, los adeptos a la disciplina insisten en que tales riesgos no existen y piden actualizar las leyes que rigen al Waraira Repano para que sea permitida la libre circulación de bicicletas

El intento de realizar un evento de ciclismo de montaña en el Parque Nacional El Ávila, por parte de la empresa Enduro Series Venezuela, generó recientemente una polémica que involucró a grupos conservacionistas, entes gubernamentales y adeptos a esta disciplina, respecto a la elección entre difundir el deporte o impedir un ecocidio. 

Desde principios de marzo, la citada compañía, dedicada a la promoción y organización de carreras ciclísticas, anunció la Primera Válida para el viernes 19 de marzo, competencia que contaría con la participación de 150 corredores. 

Una semana después, comenzaron las denuncias de un buen número de grupos conservacionistas, entre los que se encuentran Café Naiguatá, Acampar Ávila, Sabas Nieves, Grupo Nacional de Ecodefensores y el Comité de Usuarios del Ávila Waraira Repano, entre otros, además del Sunep Inparques (Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques).  

La carrera, cuya inscripción tenía un costo de 80 dólares por ciclista, fue postergada debido a las restricciones anunciadas a causa de la pandemia. Sin embargo, la empresa persiste en realizarla en el parque nacional apenas tenga nueva fecha. 

Los reclamos advierten sobre el perjuicio ecológico que sufrirá la montaña por la circulación de ciclistas. Estos, a su vez, prometen que no habrá tal deterioro.  

Daño ambiental 

Los grupos ecologistas argumentan que el uso de bicicletas en El Ávila está prohibido y una carrera de este tipo provocará males irremediables en el ecosistema. 

El artículo 28 del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (Poru) del Parque El Ávila prohíbe estrictamente el uso de este tipo de transporte.  

El movimiento Acampar Ávila explicó el peligro en un mensaje difundido por Instagram: “El Ávila es un espacio ideal para que niños, jóvenes y hasta adultos mayores puedan caminar al aire libre. Es un riesgo ser interceptado por uno o varios ciclistas”. 

Además, añade que la carrera aceleraría la erosión del terreno y propiciaría la creación de senderos no oficiales “incrementando el porcentaje de suelo dañado”. 


Hay intenciones de legalizar el ciclismo en un bien público, cuyos beneficios son inestimables, y la ley debe estar dirigida a proteger este bien como lo es El Ávila

Alcides Sulbarán, ingeniero forestal

También alerta que la construcción de estas vías exige remover flora, lo cual provoca también la migración de la fauna y afectan el equilibrio de la naturaleza. 

Los grupos Café Naiguatá y Acampar Ávila detectaron daños como tala de árboles, corte de raíces y vegetación en varios senderos y ampliación e improvisación de caminos, causados presuntamente por los propios ciclistas.  

Los problemas fueron localizados en los sectores Humboldt, Papelón, Quebrada Ávila, Loma del Cuño, Pica El Águila, Parque de Guardabosques Chacaíto y Mirador Boyacá. 

Por otra parte, los conservacionistas han propuesto tres zonas del estado Miranda para celebrar la carrera. Se trata de áreas no protegidas y con terrenos que se adaptan a la carrera, como lo son Cerro El Volcán, Los Búfalos y El Jarillo. 

Luis Vidal, presidente de la Organización Venezolana de Turismo y Deporte de Aventura, recomendó a la comunidad conservacionista no estereotipar al ciclismo de montaña, ya que “muchos adeptos a la disciplina seguramente no estarán de acuerdo con los criterios del evento, aunque les guste la modalidad”. 

No obstante, enfatiza: “El ordenamiento actual no permite el uso de bicicletas en el parque nacional. En mi opinión, hasta que no haya una discusión pública y se reconozca el uso de la bicicleta de montaña con un reglamento y unos espacios para ello, es improcedente hacerlo”. 

Instrumentos legales 

El Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (Poru) de El Ávila, en el cual los ecologistas y el Sunep Inparques basan sus reclamos, fue creado en 1992, según el decreto 2334 del 5 de junio de 1992.  

Tiene como misión definir las zonas del parque nacional y establecer los reglamentos que rigen su uso y disfrute por parte de los ciudadanos. 

El debate, en redes sociales, entre los adeptos al ciclismo de montaña y los ecologistas en torno al Poru es que los primeros aseguran que el uso de bicicletas ya está permitido, pero los segundos afirman que no. 


El Ávila es un espacio ideal para que niños, jóvenes y hasta adultos mayores puedan caminar al aire libre. Es un riesgo ser interceptado por uno o varios ciclistas

Acampar Ávila, grupo conservacionista

La ley fue sometida a un proceso de actualización a finales de 2019, pero este fue interrumpido en 2020 a raíz de la pandemia, por lo que su actualización no está completa. 

“Se viene diciendo desde hace tiempo, que el uso de bicicletas está permitido en El Ávila, pero lo hacen para que hacer creer que es una actividad ya normalizada”, advirtió el ingeniero forestal y delegado del Sunep Inparques, Elides Sulbarán. 

Las exigencias de ambas partes en torno a decidir, por la vía legal, si el uso de bicicletas en el parque nacional es permitido o no llevó a Inparques a anunciar, el lunes 22 de marzo, que el proceso de actualización de la ley sería retomado. 

Prometió involucrar a todas las partes interesadas en la consulta, la cual, según Sulbarán, “no es un proceso fácil y requiere una metodología compleja”.  

Mientras esto se decide, el sindicato y los conservacionistas alertan que la empresa continúa dando pasos para celebrar el campeonato. 


Hay que tener el ojo atento porque ¿quién dice que ‘detrás’ de los ciclistas no vendrá una larga lista de usos prohibidos en los parques, como motocross y vehículos 4×4 usando los senderos existentes y haciendo sus propios senderos?

Gustavo González, , ambientalista y miembro del Comité de Usuarios del Ávila Waraira Repano 

Por ejemplo, Sulbarán advirtió: “Se ha visto cómo a las cabinas del teleférico se le han adaptado soportes para transportar las bicicletas. Eso nos quiere decir que la empresa que administra el parque se encuentra involucrada, lo cual es grave”. 

Venezolana de Teleféricos (Ventel), es la empresa a cargo de gerenciar el teleférico. 

En medio de las denuncias, los ecologistas escribieron a las empresas patrocinadoras del evento, como Gatorade, Alimentos Mary y Hammer Nutrition, exigiendo explicaciones del por qué apoyaban un evento con el cual “se estaba cometiendo un ecocidio”. 

Estas se deslindaron del campeonato, asegurando no tener conocimiento de la naturaleza del mismo, y prometieron a los denunciantes llamar a revisión el respaldo que estaban ofreciendo. 

Sin respuestas 

La empresa Enduro fue contactada por El Pitazo, a través de su cuenta en Instagram, y aunque prometieron ponerse en contacto en una primera respuesta, para dar a conocer su versión, no volvieron a establecer comunicación. 

Sin embargo, publicaron una carta, en el cual aseguran haber organizado sus actividades “siempre teniendo como premisa el absoluto respeto a los recursos naturales; ajustados a los marcos legales y a la sana competencia”. 

En el texto también dicen haber expuesto en 2019, durante el primer campeonato celebrado, estudios que “demostraron el máximo cuidado y ninguna alteración de este Parque Nacional”. Asimismo, afirma que, desde entonces, ha tomado parte en las reuniones para actualizar el Poru -algo que los conservacionistas piden demostrar-, además de contar con los permisos de Inparques para celebrar el evento, trámite el cual también le solicitaron hacer público. 

Ni la empresa mostró los documentos ni el ente lo ha confirmado o negado. 

“Tal como ocurrió en 2019, cuando enviamos escritos ante el Ministerio de Ecosocialismo y ante Inparques, no nos respondieron”, recordó Sulbarán. 

Inparques, organismo al cual también se le consultó su posición sobre el caso, sin obtener contestación, se limitó a difundir el anuncio para retomar la actualización del Poru.  

No obstante, tanto el sindicalista como los ecologistas advierten ahora sobre la necesidad de participar en ese proceso, ya que “hay intenciones de legalizar el ciclismo en un bien público, cuyos beneficios son inestimables, y la ley debe estar dirigida a proteger este espacio como lo es el Ávila”, tal como indicó Sulbarán. 

Uno de los integrantes del grupo Comité de Usuarios del Ávila, el oceanógrafo y ambientalista Gustavo González, señaló la siguiente advertencia: “El punto principal es que se está cometiendo un ilícito, pues va en contra del ordenamiento jurídico vigente en materia de parques nacionales. Y hay que tener el ojo atento, porque ¿quién dice que ‘detrás’ de los ciclistas no vendrá una larga lista de usos prohibidos en los parques, como motocross y vehículos 4×4 usando los senderos existentes y haciendo sus propios senderos?”. 

En momentos en que este nuevo debate se asoma, los grupos conservacionistas continúan exigiéndole al organismo demostrar si es cierto, o no, el otorgamiento de permisos para realizar la Primera Válida en El Ávila.

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