Xiomara Ortiz caminó cuatro horas para regresar de Cúcuta a Rubio. La mitad del recorrido lo hizo pasando por La Arrocera, la misma por donde miles de colombianos retornaron a su país en agosto de 2015, cuando Nicolás Maduro ordenó la expulsión de cientos de ellos. A pesar del decreto de pandemia y estado de alarma, no encontró funcionarios ni puestos de control que detuvieran su trayecto

Nerviosa, con ansias de regresar con su hija de 14 años y pidiéndole a Dios que nada malo le pasara, el pasado domingo 29 de marzo Xiomara Ortiz cruzó una trocha para pasar de la ciudad de Cúcuta, Departamento del Norte de Santander en Colombia, hacia su ciudad de residencia en Rubio, municipio Junín del estado Táchira, en Venezuela.

La Arrocera es el nombre de la trocha por la cual Xiomara, docente de 33 años de edad, cruzó a pie en compañía de un “trochero” y de un adolescente de 16 años de edad que no conocía. Al primero le pagó 20 mil pesos, un equivalente a 6 dólares, por ayudarla a cruzar; mientras el menor de edad también iba de regreso a Venezuela.

Xiomara se había ido a trabajar a Cúcuta como maestra de una niña hija de venezolanos, pues recibía mejor sueldo que en el colegio donde daba clases en Rubio. Eso fue 15 días antes del cierre de la frontera, el 28 de febrero. Al llegar la cuarentena la situación se complicó. Donde trabajaba, también vivía, y la madre de su alumna le indicó que tanto ella como el esposo habían tenido que dejar de laborar y los ahorros con los que contaban eran para comprar alimentos, por lo que no podían seguirle pagando. La señora es peluquera a domicilio y el esposo es entrenador de un gimnasio, labores que no forman parte de la excepción de la cuarentena.

La docente permaneció dos semanas ayudando a la niña con las tareas y sin salir a la calle, deseando regresar con su hija y su familia, pero con miedo de cruzar la frontera por trochas, única alternativa desde que el gobierno colombiano decidió cerrar los pasos fronterizos el 14 de marzo de 2020 para frenar la propagación del contagio por coronavirus. Pero a las 7:00 am del domingo 29 de marzo, Xiomara agarró su maleta y salió con la esperanza de poder regresar a Venezuela. Como ella, se estima que más de 30 mil personas han cruzado la frontera entre Colombia y Venezuela por trochas durante los últimos 15 días, según información suministrada por Freddy Bernal, protector del estado Táchira.

Dos horas de camino ilegal

Xiomara salió de la ciudad de Cúcuta en un taxi que la dejó en el casco histórico de Villa del Rosario. Desde allí tuvo que caminar casi media hora hasta el sector conocido como La Parada, población colombiana ubicada al margen del Puente Internacional Simón Bolívar. Al llegar, aproximadamente a las 8:00 am, le sorprendió que había poca gente y mucho silencio, en un lugar que por lo general está repleto de compradores venezolanos, carretilleros de ambas naciones, unidades de transporte público, taxis y mucho ruido. Solo veía a funcionarios de la Policía de Colombia en patrullas, motocicletas y apostados en algunas calles.

De repente, un hombre se le acercó y le preguntó si necesitaba pasar a Venezuela por trochas, ofrecimiento común incluso cuando el paso por el puente está habilitado. “Cuando estaba llegando a La Parada me encontré con un señor que me ofreció pasar por trochas. Le hice preguntas porque sentía desconfianza y ahí mismo apareció un muchachito que era menor de edad y, como tomó la iniciativa de acompañarme, le dije al señor que sí”, relata.

Acompañada de los dos hombres caminó por el caserío de La Parada hasta llegar a un camino que parecía el ingreso a una finca, una zona boscosa, sola, con huellas de caballos. Siguieron el recorrido que se extendió por unas dos horas mientras Xiomara iba pidiéndole a Dios que le permitiera llegar sana y salva a su país.

En la mitad del trayecto encontraron a funcionarios del ejército colombiano, quienes preguntaron a dónde se dirigían. Ella respondió que a San Antonio y el trochero les explicó que era una cliente a quien iba a dejar del otro lado, les mostró su cédula colombiana y los dejaron continuar. Los castrenses iban a regresar al menor de edad porque no tenía quién lo representara, pero después de que el adolescente conversó con ellos lo dejaron seguir.

A Xiomara le sorprendía la soledad de la trocha; tal vez por ser domingo no había movimiento de ciudadanos cruzando, pero eso aumentaba su temor. Cuando se acercaron al río, el trochero le dijo que no podía seguir con ella.

“Pasamos por donde había siembras de tabaco. Eran como fincas y, cuando llegamos al río, el señor me dijo: hasta aquí la acompaño. Yo no puedo ir más allá. Si se consigue a alguien en el camino le dice que usted va para San Antonio, porque es venezolana y no tiene dónde quedarse, porque perdió el trabajo”, cuenta.

Xiomara Ortiz continuó su recorrido junto al adolescente. En los tramos de río pasaba descalza, con la alerta del joven de que acelerara el paso, pues temía encontrarse a miembros de grupos irregulares, quienes, por lo general, se encuentran apostados en estos caminos verdes y cobran por el paso, revisan lo que los ciudadanos llevan y, en ocasiones, se quedan con lo que creen útil para ellos.

“Llegamos a una finca después de caminar dos horas y cruzamos un portón gigante. A mano izquierda estaba una invasión y a mano derecha un barrio llamado Libertad. No había mototaxis para salir al centro de San Antonio. Tuve que caminar como media hora más por la invasión y llegué al centro cívico de San Antonio”, detalla.

La invasión por donde caminaron media hora es un barrio de San Antonio del Táchira, de donde fueron desalojados ciudadanos colombianos durante el cierre de frontera decretado por Nicolás Maduro en agosto de 2015. Ellos sacaron sus enseres justo por la trocha La Arrocera, donde Xiomara regresó a su país ese domingo.

Durante esa media hora de recorrido por la invasión, Xiomara y el adolescente que la acompañaba no se encontraron con ningún funcionario de seguridad, ni con ningún protocolo en la zona limítrofe de Venezuela con Colombia, a pesar de que se había anunciado que en las trochas estaban funcionarios de la Guardia Nacional registrando los ingresos y chequeando el estado de salud de las personas.

La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, ha insistido en diversas oportunidades en que es necesario el control en estas zonas, pues de manera constante hay paso de ciudadanos que posteriormente piden ser revisados por las autoridades de la Corporación de Salud (Corposalud) y, al analizar las entrevistas, el epidemiólogo regional se da cuenta de que no están dando información precisa. Según la mandataria regional, quienes pasan por trochas y luego tienen síntomas similares a los del COVID-19 llegan a los ambulatorios –que son más de 200 en la entidad–, en los que, destaca, el Ministerio de Salud no ha enviado los test de prueba rápida de coronavirus.

Sin controles

En el centro de San Antonio del Táchira, Xiomara consiguió un mototaxista que la llevó por 5 mil pesos (equivalentes a 1,5 dólares) a una cuadra de la alcabala de Peracal, a una distancia de 3,3 kilómetros de la ciudad de San Antonio, unos seis minutos de recorrido. Un funcionario de la Guardia Nacional le preguntó hacia dónde iba. Ella respondió que hacia un kiosco ubicado a unos 15 metros, en donde venden agua, chucherías y tienen wifi, y la dejó pasar caminando. En ese kiosco había más mototaxistas, uno de ellos le cobró otros 5 mil pesos por llevarla hasta la alcabala de Las Dantas, ubicada a unos 18 kilómetros de Peracal.

En ninguna de las dos alcabalas le consultaron a Xiomara su procedencia ni le hicieron revisión médica de ningún tipo, a pesar de los anuncios gubernamentales de controles estrictos por la alerta de coronavirus y de la prohibición de ingreso y salida de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, anunciada el pasado 17 de marzo por Freddy Bernal. Sin embargo, Xiomara tomó medidas de prevención por decisión propia, antes de iniciar su travesía. Siempre caminó usando tapabocas y guantes y evitó tocar objetos y personas en el camino para no correr riesgos de contagio.

Al tener cobertura en su teléfono celular llamó a un familiar que la buscó en un tramo de la vía que comunica Las Dantas con Rubio, capital del municipio Junín, ubicado a 25 kilómetros de la frontera con Colombia. Ya en el carro de su familiar, Xiomara notó que sus pies tenían ampollas, pues estima que caminó más de cuatro horas sin descanso.

A las 4 de la tarde, Xiomara Ortiz llegó por fin a su casa. Pasó directo a bañarse y puso en una bolsa la ropa que había usado. Aunque no había salido durante 15 días de la casa que habitó en Cúcuta, el temor de haber estado expuesta no la dejó llegar a abrazar primero a su familia.

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