Luego de siete años de cierres, reaperturas, encuentros gubernamentales y anuncios sobre la frontera de Venezuela con Colombia, aún quedan temas pendientes para lograr la normalización en las actividades económicas en esta zona que une a ambos países. Según expertos y residentes, la falta de leyes, servicios públicos y formalidad en los trabajos impiden el crecimiento de los pueblos del eje fronterizo
“Esta no es una frontera próspera. Desde hace años no lo es”, confiesa Andreina Montoya, vendedora de víveres en San Antonio del Táchira, frontera de Venezuela con Colombia. Durante sus 48 años ha vivido y trabajado allí. Conoce perfectamente la situación fronteriza.
En lo que considera fueron años de bonanza tuvo la posibilidad de abrir tres negocios, de los cuales sólo le queda uno; pudo comprar su casa y remodelarla, adquirir un carro y viajar todas las vacaciones. Ahora todo es diferente, antes de 2015 cuando el gobernante Nicolás Maduro ordenó el cierre de frontera, su vida era tranquila y estable.
Varios factores han influido para que la dinámica en la zona limítrofe entre Venezuela y Colombia esté disminuida y, en consecuencia, los negocios de Montoya y de muchos comerciantes de la región hayan cerrado. En primer lugar, el paso fronterizo es limitado; por otra parte, las relaciones económicas han cambiado y desde el lado venezolano se ofrecen pocas ventajas a los colombianos; asimismo, la política de fronteras de Venezuela en esta nueva etapa no permite que la región florezca como antes del cierre de los puentes.
A lo anterior hay que destacar que la falla de los servicios públicos (agua, electricidad y gasolina) es otro de los elementos que afectan el desarrollo de la región.
Ahora no tengo empleados. Yo trabajo desde las y siete y media de la mañana. A las ocho de la noche cierro, pero eso no quiere decir que venda mucho. Solo que me aguanto y espero todo lo posible a ver
Andreina Montoya, comerciante de San Antonio, Táchira
Montoya recuerda que cuando tenía sus tres negocios generaba aproximadamente 20 puestos de trabajo. En 2015 debió despedir a la mitad, luego cerró un local de alquiler de computadoras; en 2018 clausuró la tienda de ropa, y lo que fue un supermercado es ahora una pequeña venta de víveres, que compra en Colombia, y revende ahí.
“Ahora no tengo empleados. Yo trabajo desde las y siete y media de la mañana. A las ocho de la noche cierro, pero eso no quiere decir que venda mucho. Solo que me aguanto y espero todo lo posible a ver, hay días que solo vendo 10 o 20.000 pesos y ya. Aquí no hay vida ni nada que ofrecer”.
Al cambio, esos pesos representan máximo cinco dólares. Para la comerciante resultan poco para vivir, pagar impuestos, pagar los servicios de agua y electricidad, reponer mercancía e intentar ahorrar.
A su juicio, San Antonio no es una ciudad atractiva para turistas. Considera que las autoridades deben garantizar el servicio de agua, porque en todo el 2023 ha tenido fallas y pueden pasar hasta 15 días sin que salga de las tuberías.
También la crisis eléctrica les afecta a diario. Pasan entre 14 y 18 horas sin luz. Aunque algunos comercios y hoteles tienen planta, no siempre reciben gasolina en las estaciones de servicio para tener almacenada y usarla en los apagones.
Movilidad reducida: un gran problema
La soledad en las calles de San Antonio del Táchira es una constante. Negocios cerrados, carteles de venta o alquiler de establecimientos, poco tránsito vehicular y peatonal marcan el día a día de esta ciudad que está a 10 minutos de Cúcuta, Colombia.
Pero no siempre fue así. Antes de 2015, la frontera colombo-venezolana era considerada la más viva de Latinoamérica. La cercanía entre ambos países, la facilidad de tránsito y de operaciones aduaneras fueron referencia internacional. Una de sus características era que el intercambio de mercancías se realizaba las 24 horas del día.
Para octubre de 2023 hay horarios en los tres puentes internacionales. Desde las seis de la mañana y hasta las nueve de la noche está permitido el tránsito vehícular y peatonal.
William Gómez, exalcalde del municipio Bolívar, donde está San Antonio del Táchira, lamentó que aún la frontera no avance económicamente, pese a las expectativas creadas con la reapertura total de los puentes internacionales.
Estima que el 90 % del comercio e industrias están paralizadas. A su consideración, que el tránsito por los pasos binacionales sea solo de 15 horas al día limita la dinámica fronteriza. “Debería estar abierto las 24 horas para incentivar la economía nocturna», indicó.
Javier Orduz, colombiano, recordó que hubo una época en la que cruzaba la frontera y llegaba a San Cristóbal a las nueve de la noche, cenaba, iba a algún local nocturno y se devolvía a su casa en la madrugada. Eso ya no es posible porque los puentes están cerrados.
Actualización de leyes en la frontera
Para el exalcalde de Bolívar, otro tema pendiente en la frontera es la actualización de la Ley de Fronteras, que, a su juicio, está marcada por directrices militares y de defensa de la soberanía y no en favor de la economía o mejora de la ciudadanía.
En 2004, el presidente de entonces, Hugo Chávez, estableció el Reglamento Especial sobre las Zonas de Seguridad Fronteriza. Para Gómez, la reforma de esta normativa permitirá que las decisiones que se tomen desde Caracas no afecten a la ciudadanía.
La frontera con Colombia por el Táchira es distinta a los otros límites. La actividad económica, cultural y deportiva es activa. El cierre abrupto de la frontera en 2015 afectó a los ciudadanos que vivían en un país y trabajan en el otro.
“Tienen la certeza (las autoridades en Caracas) que esta frontera es como las demás, pero no es así. Se requiere más bien un reglamento que establezca el envío de recursos e incentivos hacia los municipios fronterizos para promover el desarrollo económico”, explicó.
Tenemos que frenar esa alimentación del mercado especulativo ante los precios de las divisas. Controlar esta fuga y traslado de monedas o dineros sucios. Poder ofrecer una tasa cambiaria ajustada a la realidad dinámica comercial de la frontera
Giovanni Fernández, presidente de los operadores cambiarios de la frontera
Casas de cambio esperan todavía
En 2015, las operadoras cambiarias cerraron sus puertas con la clausura de los puentes y, aunque la frontera ya está abierta, este sector sigue sin poder trabajar. Actualmente, las actividades de cambio dependen netamente de las casas de cambio de Cúcuta, Colombia.
Giovanni Fernández, presidente de los operadores cambiarios de la frontera, indicó que están esperando desde hace años por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela para poder iniciar sus trabajos, pero no han tenido respuesta a ninguna de las comunicaciones enviadas.
“Tenemos que frenar esa alimentación del mercado especulativo ante los precios de las divisas. Controlar esta fuga y traslado de monedas o dineros sucios. Poder ofrecer una tasa cambiaria ajustada a la realidad dinámica comercial de la frontera. Pareciera que no hay interés. De verdad que necesitamos esto para la frontera, urgente, para acoplar todo este comercio y llevarlo a la legalidad en el ámbito cambiario”, precisó Fernández.
Antes eran 17 operadores cambiarios en Ureña y San Antonio y, actualmente, no queda ninguno. Todo depende completamente de la actividad manejada por el lado colombiano de los puentes internacionales.
Cronología del caos en la frontera
En agosto de 2015, Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia tras un supuesto ataque contra militares. Además de impedir el tránsito vehícular o peatonal, fueron deportados 1.012 colombianos que residían en territorio venezolano, según declaró José Gregorio Vielma Mora, gobernador del Táchira en aquel entonces.
Para julio de 2016, la escasez de alimentos, medicamentos e insumos en Venezuela llevó a un grupo de mujeres a irrumpir el cordón militar en el puente Francisco de Paula Santander, en Pedro María Ureña, para llegar a Cúcuta y comprar todo lo que necesitaban. Ese fue el primer cruce que se hizo tras la decisión de Maduro un año y medio antes.
Luego de que las mujeres lograran cruzar, la administración de Nicolás Maduro permitió el paso de personas de manera peatonal en agosto de 2016.
La normalidad fronteriza hasta 2019 era de paso peatonal o por trochas que unen a ambos países a través del río Táchira.
En febrero de 2019, con el intento de ingreso de ayuda humanitaria hacia Venezuela a través de los puentes internacionales, Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia y, con ello, nuevamente el cierre total de los pasos binacionales.
La administración venezolana instaló contenedores en los puentes para impedir el tránsito por allí.
Fue hasta julio de ese año cuando de nuevo se permitió el paso peatonal de ciudadanos. A la crisis humanitaria y escasez de alimentos se sumó la migración venezolana a través de Colombia.
Con la pandemia del COVID-19 ambos países ordenaron el cierre de fronteras. En ese entonces comenzaron a llegar personas caminando al Táchira para cruzar hasta Colombia y hubo paso por trochas de alimentos colombianos que aún son vendidos en territorio nacional.
Se requiere más bien un reglamento que establezca el envío de recursos e incentivos hacia los municipios fronterizos para promover el desarrollo económico
William Gómez, exalcalde del municipio Bolívar, Táchira
Con el fin de la emergencia de la enfermedad por coronavirus en Colombia, retornaron los pasos en ambos países como era antes del COVID-19.
El 26 de septiembre de 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a la frontera para dar inicio al tránsito de vehículos de carga pesada con mercancías de un país a otro. Ese día informó que ya estaba finiquitando los detalles para la reapertura formal.
El 14 de diciembre de 2022, las autoridades venezolanas comenzaron a quitar los contenedores que impedían el paso por los puentes, con miras a la reapertura vehicular.
El 1° de enero de 2023 empezó el cruce de carros de un país a otro luego de siete años sin que hubiese movimiento de vehículos.
Para octubre de 2023 no se han realizado reuniones o adelantos sobre la reapertura de las casas de cambio, la reforma de la Ley de Frontera, el cruce por 24 horas y mucho menos en la mejora de los servicios públicos.