En esta urbanización de la parroquia El Recreo, separada de El Ávila por la Cota Mil, lo que resguarda a los vecinos son ellos mismos. Aunque al conjunto residencial lo bordean un comando de la Guardia Nacional, un módulo de la Policía Nacional Bolivariana y una subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, los robos se han convertido en una preocupación de unos años para acá. Los habitantes del sector saben que su única opción es trabajar como comunidad
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A Yusleiny Aristiguieta le han abierto el carro tres veces en menos de dos años. Siempre el mismo lugar: el estacionamiento del edificio. La última vez fue hace un par de meses, se llevaron, incluso, el bolso y los cuadernos de su hijo que va a la escuela.
A ella le parece irónico que haya tanta inseguridad en la urbanización Simón Rodríguez estando a menos de un kilómetro del comando de la Guardia Nacional (GN) de Maripérez y de un módulo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), además, dentro del complejo habitacional hay una subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Ni siquiera su cercanía con el Teleférico de Caracas, sitio turístico que conecta a los caraqueños con El Ávila, ha librado a Yusleiny, o a sus vecinos, del hampa.
La Unidad Vecinal Simón Rodríguez fue construida en 1956. Queda en la parroquia El Recreo, al norte de la capital, lo único que la separa de la montaña es la Cota Mil, arteria vial que va desde Petare hasta La Pastora.
Formaba parte del plan de Marcos Pérez Jiménez para eliminar las viviendas en los cerros de Caracas, conocidas como ranchos. De acuerdo con datos registrados en prensa del Banco Obrero, para 1953, en la capital había 310.972 personas viviendo en casas construidas sin autorización, lo que representaba un tercio de la población del Área Metropolitana de Caracas.
Para el momento de la inauguración, en la urbanización había, además de 10 bloques que sumaban 1.380 apartamentos, un cine con fuente de soda, un espacio cultural y 12 locales comerciales. Hoy por hoy, solo queda el Teatro Simón Rodríguez, diseñado por Carlos Raúl Villanueva y que estuvo cerrado durante 47 años hasta que, en 2012, fue restaurado y ampliado por la alcaldía del municipio Libertador.
Varios factores influyen en el aumento de la inseguridad dentro de la urbanización. Primero, la falta de alumbrado, no solo en las entradas de los edificios, también en espacios de recreación como las canchas. Los vecinos de los bloques aseguran que, a falta de vigilancia, cuando el sol comienza a ocultarse, ellos se resguardan en casa.
Aunque estar en el hogar no asegura la vida. Jhoselin Valiente tiene 19 de sus 30 años viviendo en el bloque 2 y nunca había tenido que preocuparse por los delincuentes hasta hace unas semanas, cuando intentaron meterse en su casa. Se despertó de madrugada porque escuchó que forzaban la puerta, le dijo a su esposo que se asomara; algún ruido alertó al intruso o los intrusos -nunca lo supo- porque al llegar a la entrada no vio a nadie; al día siguiente, vieron que la cerradura de la puerta estaba afectada.
El abandono de las autoridades municipales se refleja no solo en la oscuridad, también en ausencia total del servicio de aseo urbano. Desde la gestión de Jorge Rodríguez, que terminó en 2013, la urbanización ya mostraba su peor cara, pero, con Érika Farías, según los residentes, los problemas simplemente se agudizaron. Por lo menos en cinco años, las áreas comunes no han sido limpiadas y la maleza cubre por completo escaleras y caminerías que antes conectaban un bloque con otro y les servían a los vecinos para llegar más rápido de un lugar a otro, pero cuando el monte comenzó a crecer, esos lugares fueron abandonados, por lo que se convirtieron en espacios para la indigencia.
Varios de los residentes cuentan que durante las noches ven a grupos, sobre todo de jóvenes, consumir drogas y bebidas alcohólicas, pelearse y orinar y defecar en las entradas de los edificios y en las canchas.
Ni siquiera Dios los detiene. Los jardines de la Parroquia Nuestra Señora de Coromoto son utilizados como baños por muchos foráneos de la urbanización, las paredes son rayadas y la grama se convirtió en una mezcla de desechos y plantas secas. La colaboración que dan los feligreses en cada eucaristía no es suficiente para pagarles a vigilantes y a quienes hagan el mantenimiento. El templo depende de la comunidad. El párroco Juan Pablo Florez, recuerda cómo hace ocho años lograron la impermeabilización del techo gracias verbenas organizadas por toda la iglesia.
Actualmente la infraestructura está comprometida a causa de múltiples filtraciones y es necesario otro trabajo de impermeabilización, pero la parroquia no cuenta con los recursos. En 2018, según el padre Juan Pablo, fue solicitada una ayuda ante la alcaldía del municipio, cuya respuesta fue negativa.
Este sector tiene años cayéndose, dicen sus habitantes. Las filtraciones se agudizan también en los bloques, sobre todo en los apartamentos de los últimos pisos. Wilmer Carmona vive desde hace 12 años en uno de los apartamentos del piso 14 del bloque 1. Antes de llegar a su casa, al subir las escaleras, el olor a humedad comienza a picar en la nariz. El techo de su vivienda está agrietado y mohoso y parte de la cerámica de las paredes comenzó a levantarse.
Hace cinco años una habitante del sector coordinó la impermeabilización de varios bloques con la autorización de la alcaldía, pero los vecinos creen que fue un contrato que la mujer utilizó como excusa para quedarse con parte del presupuesto. Desde entonces, las fallas aumentaron.
Gran parte del terrero, que limita con las avenidas Boyacá y Trujillo está cediendo. Estacionamientos han perdido espacio y el Centro Preescolar y la Unidad Educativa Simón Rodríguez están en riesgo.
Entre 2011 y 2013, los Bomberos del Distrito Capital y el Instituto Municipal de Gestión y Administración de Desastre (Imgrad) realizaron inspecciones de los taludes que han sufrido movimiento de masas, incluido el terrero del teleférico. Para agosto de 2013, el Imgrad determinó que el conjunto residencial, que va desde San Bernardino hasta la Alta Florida, está en condición de vulnerabilidad por varias razones: es una zona de actividad tectónica y de excesiva humedad; el deterioro de las vías y aceras con hundimientos y grietas y la falta de mantenimiento de alcantarillas y descargas de agua, pero a la fecha, ninguna autoridad gubernamental ha emitido un comunicado acerca del riesgo ni se ha tomado una medida fáctica que resguarde a los habitantes de Simón Rodríguez.
Los vecinos saben que hay muchas cosas que no pueden cambiar, por más que denuncien e insistan; sin embargo, han tenido pequeños logros.
En el mes de febrero fue destituida la encargada de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) del sector luego de más de un año de amenazas hacia los vecinos. El caso más reciente sucedió luego de que Juan Guaidó asumiera las competencias del Poder Ejecutivo. Rosanna Yendiz fue una de las siete personas a las que les quitaron la caja de alimentos subsidiados por el Estado por negarse a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República. Como el programa ahora estará a cargo de alguien nuevo, espera volver a recibirla.
También han logrado organizarse frente a la inseguridad. Yusleiny ha estado reuniendo a un grupo significativo de vecinos para protegerse. Todos tienen un pito y en caso de que algún ladrón entre a uno de los bloques, los pitos serán la alerta para que los más fuertes de cada familia salgan a defender a la víctima. Aunque siguen trabajando en la unión como miembros de la misma comunidad, “lo importante es conocernos para fortalecernos”, asegura Yusleiny.