Familiares de los detenidos tras las protestas postelectorales registradas en el litoral central el 29 y 30 de julio, denuncian que los privados de libertad no han podido tener acceso a un defensor privado por orden de los jueces de los tribunales de primera instancia, donde se realizan las audiencias.
De acuerdo con datos suministrados por una fuente del Ministerio Público, en el litoral central hay 63 personas detenidas durante las protestas postelectorales. De estas, 8 son adolescentes entre 14 y 17 años.
Según estos familiares, al menos ocho abogados privados fueron desalojados de las instalaciones del Circuito Judicial Penal, ubicado en Macuto, la tarde del miércoles 31 de julio, cuando se celebrarían las audiencias de presentación de los detenidos por participar en las protestas en Vargas.
«Hemos recibido apoyo de algunos abogados y hay familiares que han traído los suyos. Pero, al momento de realizar la audiencia telemática, los mandan a salir o son desalojados los abogados y dicen que tienen que esperar afuera con los familiares», explicó a Una Ventana a la Libertad la madre de uno de los privados de libertad que no quiso ser identificada.
La mujer indicó que a estos detenidos «se les violan sus derechos, porque no tienen defensa. Es a juro que acepten la Defensoría Pública y esta les dice que se declaren culpables para agilizar el proceso».
Los detenidos se encuentran privados de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Macuto y en el Centro de Detención Preventiva para Adolescentes de Caraballeda, ambos en custodia de la Policía Regional litoralense, y en el Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicado en Playa Grande, parroquia Urimare.
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