Paula y Beatriz eran pareja. Hace poco más de 10 años tomaron la decisión de tener un hijo. Fue entonces, a través de la fertilización in vitro, con los óvulos que le donó Beatriz, cuando Paula quedó embarazada. En ese tiempo fue una decisión mutua, pero hoy, una década después, hay una disputa legal por el niño.
Las mujeres vivían en Venezuela cuando tenían la relación sentimental, y el niño nació el 23 de febrero de 2011 en Caracas. Tiene cédula y pasaporte venezolano. Y Paula, médica de profesión, es la madre legal del niño y la que lo presentó en la parroquia la Candelaria, del municipio Libertador (Distrito Capital) el 21 de marzo de 2011.
Luego de años de relación, las mujeres decidieron separarse en 2019. Beatriz se fue a vivir a Colombia, su tierra natal, y Paula se quedó en Venezuela con el niño. Después de ese tiempo, Paula viajó en varias oportunidades a Colombia y en diciembre de 2020 salió definitivamente del vecino país con destino a Maracay, estado Aragua.
Pero a finales de enero de 2021 Paula recibió la notificación de una demanda en su contra. Beatriz, quien había sido su pareja y le donó los óvulos para que concibiera un niño, le solicitó a los Tribunales de Protección del Niño, Niña y Adolescente del estado Aragua la restitución internacional del niño y alegó que el menor fue sacado ilegalmente de Colombia.
Pese a lo alegado por Beatriz, la realidad parece ser otra. Cuando Paula decidió regresar a Venezuela no tuvo inconvenientes para salir del país vecino. Ella tiene la guarda y custodia del menor, es su madre legal, y esta información puede verificarse en la partida de nacimiento del niño, registrada en el acta 152, folio 154. Incluso, el viaje de retorno lo hizo por un aeropuerto internacional, según explican sus abogados.
De acuerdo con el Instituto Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes (Sinna), la Restitución Internacional “es aquella situación en la cual uno de los padres traslada o retiene en el extranjero a las hijas/os menores de 16 años, de manera ilegal, esto es, sin el consentimiento del otro progenitor que ejerce la patria potestad de la niña, niño o adolescente en forma individual o conjunta”.
Pero que Paula aparezca en la partida de nacimiento del niño como su madre y que no comparta la custodia del menor con nadie parece no ser suficiente razón para que se demuestre que tiene los derechos sobre el niño y, por el contrario, la acusen de tener a su hijo de manera ilegal. De hecho, ya los tribunales de protección del estado Aragua ordenaron que el niño sea separado de su madre y trasladado a Colombia para que se lo entreguen a Beatriz.
La defensa alega irregularidades
Los abogados de Paula aseguran que el sistema judicial en Aragua ha desconocido las pruebas presentadas por su defendida y que reposan en el expediente B-0309-2021. Explican que se han desvirtuado algunos elementos, como el hecho de que el niño nació en Venezuela y que además ha manifestado en entrevistas con la jueza de juicio que su deseo es vivir junto a Paula, a quien reconoce como su mamá.
El Pitazo contactó vía telefónica a Roseliano Perdomo, uno de los abogados de la madre demandada, quien señala que el punto central por el cual se está discrepando es sobre la supuesta extracción ilegal de un menor de edad y no sobre quién es la madre o el padre.
“En todo momento, como ha quedado registrado, el tema es de una demanda hecha por Beatriz porque, supuestamente, el niño fue sacado de manera arbitraria de Colombia. Esto no es así, porque tenemos registros de que salieron por un aeropuerto internacional con sus debidas identificaciones. El niño tiene partida de nacimiento y pasaporte venezolano, y consta que la madre legal es Paula”, asegura Perdomo.
El niño fue el producto de una relación homoparental y ese no es el tema que se está tratando en este caso, recalca el abogado. Y apunta: “Aunque Beatriz haya donado los óvulos, cuando los donó eso implicó su renuncia a todos los derechos sobre ese óvulo”.
El Pitazo intentó comunicarse con Beatriz para conocer su posición sobre el tema, pero no fue posible. Su representante legal en Venezuela, quien prefirió no ser identificada, dijo que no estaba autorizada para dar ningún tipo de declaración.
La apelación sigue en espera de una respuesta
Los abogados de Paula consideran que las decisiones de los tribunales aragüeños se tomaron sin tener las pruebas y evidencias necesarias ante el recurso de apelación presentado por la defensa. El Tribunal Octavo de Sustanciación recibió inicialmente el caso y admitió la demanda, y posteriormente lo pasó a juicio, obviando, según señala la defensa venezolana, las pruebas de que el niño es hijo legal de Paula.
Perdomo asegura que, para los registros del Tribunal Octavo de Sustanciación, a cargo del juez Luis Rafael Rico Marín, la parte demandante presentó como prueba una partida de nacimiento expedida el 28 de diciembre de 2020, es decir, nueve años después de nacido el pequeño. “En ese documento se precisa que el menor nació en el país vecino, pero el niño salió de Colombia el 27 de diciembre de ese año”, reitera el abogado.
Perdomo rechaza que la jueza de primera instancia de Juicio, Yamileth Romero Borges, haya basado su decisión evaluando únicamente lo que determinó el Tribunal Octavo de Sustanciación.
“Ella (la jueza) emitió una notificación en la que le daba dos días a Paula para que entregara el niño de forma voluntaria. Si no lo hacía, entraba en desacato y mandaban a buscar al niño para enviarlo a Colombia. Pero cualquier madre que tenga cuatro dedos de frente no se va dejar quitar a su hijo, por lo que ahora Paula y su hijo se encuentran de paseo hasta que se resuelva el caso”, expresa el abogado.
Asimismo, Roseliano Perdomo asevera que la jueza Romero Borges se entrevistó con el niño y este le manifestó su deseo, que es vivir junto a Paula. “Pero la jueza dice que no, que eso no es así. Tanto fue la irregularidad, que al salir de la entrevista el niño dijo que la jueza trató de meterle otra idea distinta, de ‘endulzarlo’ a favor de Beatriz”.
Entretanto, Paula y sus abogados están a la espera de la decisión que tome el tribunal sobre el recurso de apelación que introdujeron en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “El TSJ no ha emitido una decisión todavía. Estamos pidiendo una audiencia para que el magistrado que lleva el caso se pronuncie, porque ya esta situación tiene demasiado tiempo estancada”, afirma Perdomo.