Maracay.- Han pasado casi tres meses del asesinato del joven Samuel Méndez, en las protestas del 30 de abril registradas en La Victoria, estado Aragua, y hasta ahora no hay responsables, detenidos o investigados por este crimen.
Por tal motivo, familiares de Samuel, en compañía del diputado aragüeño José Gregorio Hernández, presentaron este caso en la comisión de política interior de la Asamblea Nacional. Aspiran también llevarlo ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
«Llevamos ante la comisión de Politica Interior y DDHH de la AN, presidida por la diputada Dennis Fernández, la denuncia sobre el asesinato de Samuel. Allí estuvimos acompañando a su tía y abuela narrando los hechos conocidos y exigiendo justicia», informó el diputado, quien pidió que este hecho no quede impune porque el 30 de abril murió Samuel Méndez y días después otro joven que resultó herido en las protestas antigubernamentales.
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El parlamentario aragüeño recordó que los responsables de la muerte de Samuel son presuntamente colectivos armados que lo secuestraron en medio de la manifestación y lo llevaron al urbanismo Ciudad Socialista, donde lo ajusticiaron con un tiro a quemarropa en el pecho.
»Allí se encontraban policías municipales y de la policía de Aragua, también estaba la alcaldesa y el jefe de seguridad ciudadana del municipio, quienes no hicieron nada para evitar este lamentable suceso, y quienes además no han hecho nada para posteriormente aclarar la situación y aprehender a los responsables de esta acción», agregó José Gregorio Hernández.
Un joven que solo quería libertad
Samuel Enrique Méndez era huérfano de madre. Su padre se había ido a Perú agobiado por la crisis del país; muchas veces le insistió para que se fuera con él. Pero el joven victoriano, estudiante de publicidad, que abandonó la carrera militar por la libertad que le dio el diseño y una iglesia evangélica, pensaba que Venezuela tenía esperanza.
«No se queden en casa tragando moscas», siempre decía a su familia, incluso a sus amigos.
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El joven, de 25 años de edad, fue la primera víctima en Venezuela que dejó la represión en las manifestaciones del 30 de abril, en el inicio de la llamada operación libertad, impulsada por Juan Guaidó.