Caracas.- Las madres de siete adolescentes detenidos están destrozadas. Al dolor que enfrentan a diario por las torturas que sufrieron sus hijos, según sus testimonios, se suma que pasaron a juicio y podrían pagar una condena de 10 años, sin beneficios, a solicitud de la fiscalía. Todos fueron arrestados en el estado Carabobo, en el marco de las protestas postelectorales.
“Le partieron dos dientes, lo golpearon y le inmovilizaron la mano izquierda”, aseguró María Alexandra Curbela, madre de un adolescente de 16 años que fue detenido el 29 de julio y trasladado, en un primer momento, al fuerte Paramacay en el municipio Naguanagua.
En la audiencia preliminar telemática la defensa pública no presentó ni una sola prueba de estas lesiones. Tampoco de las que sufrieron los otros seis detenidos. Lo mismo sucedió con las constancias de estudios y de buena conducta que entregaron los familiares.
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Este acto procesal se celebró en horas de la tarde del dos de octubre. El Ministerio Público (MP) los acusó de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad. La jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal Segundo con competencia en Terrorismo, decidió que irían a juicio, mientras los adolescentes lloraban al ver frustradas sus esperanzas de salir en libertad. Lo mismo ocurrió con sus padres.
Estudiantes y deportistas
Los parientes de los acusados contaron que la juez planteó la posibilidad de que los adolescentes se declararan culpables y sólo pagarían una pena de 6 años y 8 meses, sin beneficios procesales. En caso contrario, irían a juicio con el riesgo de cumplir una sentencia de 10 años, pero ninguno aceptó.
“Ellos son estudiantes y deportistas, no terroristas. No pueden culparse de algo que no hicieron. Ninguno estaba protestando; son inocentes y les están truncando su futuro”, aseguró la progenitora de otro de los aprehendidos.
De acuerdo con las declaraciones suministradas por estas madres, a todos los adolescentes los obligaron a grabar un video admitiendo que la hermana de la líder opositora María Corina Machado les había pagado 30 dólares para protestar, luego de la elección presidencial del 28 de julio.
“Amenazaron a mi hijo con matarlo, con matarme a mí y a su abuela para que aceptara que le habían pagado. Mi hijo está deprimido, le han dado dos ataques de asma, siente que perderá su futuro. Esto es injusto”, dijo entre lágrimas María Alexandra Curbela, el 3 de octubre.
Cumplió años en prisión
Otro de los detenidos cumplió 16 años en prisión, sin el acostumbrado abrazo familiar. Su madre, Mariela Molina, contó que fue apresado el 30 de julio en una cancha deportiva. Testigos grabaron cuando unos funcionarios lo lanzaron al suelo y le dieron con los pies en el rostro, mientras uno de los uniformados gritaba: “Mátalo, mata al de la gorra”, al momento en que el menor de edad se zafó e intentó correr.
“El trato que recibió fue cruel; cuando lo llevaron al comando le dieron una paliza que le provocó inflamación del cerebro; él pensó que estaba vomitando sangre. Mi hijo estudia quinto año de bachillerato y cada vez que lo visito me dice que no quiere vivir, comer ni bañarse”, afirmó a los medios de comunicación.
Al igual que al resto de los detenidos, en el caso de su hijo se violó el debido proceso, según denunció. Fue presentado a los 62 días de ser arrestado y el número de cédula que mencionaron en la audiencia no coincidía con el suyo.
“Nosotros no somos políticos ni nos interesa la política. Somos un pueblo trabajador, yo soy costurera. Mi hijo me pregunta: mamá ¿qué es fascista?, porque así lo llaman los funcionarios. Es duro lo que estamos viviendo. Yo me como una arepa y lo primero que pienso es si mi hijo habrá comido”, declaró.
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Otro adolescente también cumplió 17 años en la cárcel, lejos de su familia. Fue arrestado el 29 de julio en la plaza Prebo, al norte del municipio Valencia, por funcionarios de la Policía del estado Carabobo, pero las autoridades reseñaron que el procedimiento fue a las afueras de la base militar Paramacay en el municipio Naguanagua. Para ir de un lugar a otro, un conductor demora 30 minutos en carro particular y 15 minutos más si es en transporte público.
“Lo acusan de lanzar bombas contra el fuerte, pero eso es mentira. Quiero que el mundo sepa que mi hijo es inocente y que los funcionarios actuantes se pongan la mano en el corazón y digan la verdad. Mi hijo es músico, compone canciones, no es terrorista”, señaló su madre, Patricia Ribas.
El hijo de esta mujer también fue torturado, según la confesión que le hizo. “Le quemaron las tetillas con electricidad, pero nunca le hicieron un examen. Ahora me dice que no puede dormir, porque cuando cierra los ojos, siente que lo están quemando”, acotó.
Entre los arrestados hay una adolescente de 16 años que fue detenida, junto a su novio, cuando salieron a comer perros calientes. Ella durmió sobre piedras, fue golpeada en las costillas, estuvo tres días sin comer, le arrancaron de tajo las pestañas postizas y vio cuando su pareja sentimental fue torturada.
Según su madre, un militar le dijo que, si aceptaba tener relaciones íntimas con él, le daría la libertad. El hecho ocurrió, presuntamente, en el Fuerte Paramacay.
“Le pedimos al fiscal Tarek William Saad, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello que nos devuelvan a nuestros hijos. No puedo trabajar, no duermo, ni siquiera tengo suficiente dinero para llevarle comida. Mi hija me dice que no quiere seguir viviendo”, indicó consternada.
Una carnicería jurídica
Los padres de los detenidos no han tenido acceso a los expedientes; tampoco han conversado con la defensora pública que les asignaron, de nombre Kelly Pérez, al negarles la posibilidad de que los asistiera un abogado privado.
“Esto es una carnicería jurídica; aquí se han violado todos los derechos”, aseguró el padre de uno de los privados de libertad que fue arrestado mientras compraba pañales para su hijo de seis meses.
Según los denunciantes, la defensora no cumplió su rol en la audiencia preliminar y apenas pronunció un par de palabras. Tampoco entregó las pruebas que demuestran la inocencia de los arrestados.
“Queremos que ellos sigan sus estudios, con su vida normal. Que continúen practicando deportes y sus actividades recreativas. Son niños con un futuro por delante y es una maldad que los priven de libertad por algo que no cometieron. Pedimos un poco de piedad”, clamaron los padres con la esperanza de ser escuchados.
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