Carabobo.- Aliángel José Rodríguez Botello, de 15 años, quien padece esquizofrenia, está de vuelta en casa. Fue liberado el 11 de diciembre, después de permanecer 4 meses preso en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Los Guayos, estado Carabobo.
Héctor Pinto (17) también abandonó los calabozos de la PNB. Horas antes, recibieron medidas de libertad y cautelares Chelsea Valentina Correa (16 años); Enmanuel David Abritta (17), Cristian Pérez (16) y un adolescente de nombre Lorwing.
Con estas 6 excarcelaciones, no quedan menores de edad detenidos en el estado Carabobo. Todos recibieron medida sustitutiva de libertad con régimen de presentación cada 30 días; prohibición de salida del país y obligación de escolaridad. Los adolescentes fueron entregados a sus madres en el Palacio de Justicia, en Valencia.
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Derechos Humanos pisoteados
Familiares y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) habían emprendido una campaña para lograr la liberación de los adolescentes arrestados en el contexto de las protestas poselectoral, porque no solo eran inocentes, sino que se habían violado todos sus derechos humanos.
Días antes de ser excarcelado, los familiares de Héctor Pinto elevaron sus voces de protesta. El adolescente fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 29 de julio, en Guacara, estado Carabobo.
Según sus parientes, regresaba en su moto de buscar a su hermana en una peluquería cuando quedó en medio de disturbios que ocurrieron a raíz de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de la presidencial del 28 de julio.
Sus allegados lo estuvieron buscando durante tres días, hasta que lo distinguieron en un video que hizo público el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava. Estaba en medio de una multitud de detenidos que permanecía en la sede de la 41ª Brigada en el Fuerte Paramacay de Naguanagua.
En ese lugar lo torturaron para que aceptara grabar un video donde admitiera que María Corina Machado le había pagado para que promoviera hechos violentos y así le bajaban la pena de diez a seis años, de acuerdo con las denuncias.
Como se negó, lo golpearon, lo hicieron dormir en un piso lleno de piedras; no le dieron agua ni comida y lo acusaron de terrorismo, incitación al odio y desacato a la autoridad. Las agresiones contra el adolescente coinciden con los testimonios que compartieron con sus familiares otras personas que permanecieron detenidas en el Fuerte Paramacay.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela ha manifestado su preocupación por lo ocurrido en el país después del proceso electoral.
En octubre de 2024, la misión publicó un informe que documenta «un aumento profundamente preocupante de las violaciones de los derechos humanos y crímenes contra las víctimas que han sido blanco de la represión sin precedentes en el país». Entre esas víctimas hay niños, niñas y adolescentes, y personas con discapacidad.
«Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, que se ejecutan como parte de un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales», según destaca en su página web.
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