Daniel Ortega tiene el escenario ideal para reelegirse el domingo 7 de noviembre: enfrenta una “oposición” hecha a su medida mientras los verdaderos aspirantes languidecen tras las rejas. Panorama de la agonía de la democracia en la tierra de lagos y volcanes

Por: CONNECTAS

Ante la intransigencia de Daniel Ortega para dialogar con la oposición, desde el inicio de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 muchos nicaragüenses y la comunidad internacional pusieron sus esperanzas en las elecciones de noviembre de 2021. 

Tres años y medio después, esa fecha está a la vista, pero no solucionará el conflicto.  Por el contrario, Ortega usará el proceso electoral para conseguir su tercera reelección para un cuarto quinquenio consecutivo, y con ello consolidar la que ya muchos llaman la peor dictadura de la historia de Nicaragua. Todo ello con el telón de fondo, según entidades internacionales de derechos humanos, de una crisis que ha dejado unos 325 muertos, cientos de heridos, encarcelados y perseguidos y más de cien mil exiliados.

Según Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el proceso que culminará el 7 de noviembre se ha desarrollado en las peores condiciones. A la falta de garantías se suma que no hay competencia y tampoco campaña, pero solo de la oposición, porque muchos consideran que Ortega vive en campaña permanente.

Su vida de candidato empezó en 1984 cuando, siendo miembro de la junta que asumió el poder tras la caída del dictador Anastasio Somoza, encabezó la fórmula del triunfante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y ganó la presidencia por medio del voto popular. En total, ha participado en ocho procesos. Perdió los de 1989, cuando le entregó el poder a Violeta Barrios de Chamorro, y los dos posteriores, en 1996 y 2001. En el siguiente, en 2006, recuperó el poder, y de inmediato su manera de hacer campaña cambió radicalmente, como si desde el principio tuviera claro que no iba a aceptar una nueva derrota. Así lo confirmaría en los comicios de 2011 y 2016.

Al comienzo, incluso en las elecciones municipales, visitaba pueblos y decía interminables discursos con su tema favorito del imperialismo yanqui. Cargaba infantes, abrazaba a niños y adultos y se tomaba fotos con todo el que se le acercara.  Pero desde que retornó al poder en 2007 comenzó a comportarse como un dictador en potencia: llenó el país de gigantescas fotos suyas y de su esposa y actual vicepresidenta Rosario Murillo; y luego enfocó sus esfuerzos en consolidar su dominio sobre todos los poderes del Estado. Todas las elecciones realizadas a partir de las municipales de 2008 han sido calificadas de fraudulentas por la oposición nicaragüense y seriamente cuestionadas por la OEA, la Unión Europea (UE) y organismos especializados. 

En abril de 2011 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dominada por su partido, dejó  sin efecto el artículo 147 de la Constitución que le prohibía participar en las elecciones. Esa sentencia, y su control sobre el Consejo Supremo Electoral, le garantizaron ganar holgadamente la elección sin hacer campaña mientras su partido obtenía mayoría absoluta en el poder Legislativo, integrado por 92 diputados. 

De ese modo, en 2013 los 72 diputados sandinistas, con apoyo de los partidos aliados, aprobaron una enmienda al artículo 147 de la Carta Magna que abrió las puertas a la reelección continua e indefinida. Con el camino allanado, el proceso de 2016 se convirtió en un trámite para garantizar su continuidad, aunque dos de seis partidos que participaron tenían cierto reconocimiento como opositores.

Sin embargo, no se pueden comparar con las del próximo 7 de noviembre, dirigidas como las anteriores por un tribunal dominado por el oficialismo que prohíbe la observación nacional e internacional. En este caso el gobierno les anuló la personería a dos partidos opositores y puso presos, con acusaciones amañadas, a siete de los auténticos aspirantes a la presidencia entre los que la oposición iba a elegir un candidato único.  La verdadera oposición fue sustituida por cinco casi perfectos desconocidos que acompañan a Ortega en la boleta electoral como un coro de tragedia griega. Ellos representan partidos que han sido aliados del oficialismo, pero se declaran ofendidos cuando alguien los señala de cómplices de una farsa.

Ante la ausencia de contrincantes, la campaña de los supuestos opositores se volvió superflua. Prácticamente el Consejo Supremo Electoral (CSE) la prohibió con el pretexto de la pandemia y a cambio recomendó actividades virtuales o presenciales con un máximo de 200  personas. Mientras tanto, las 153 alcaldías del país, dominadas casi en su totalidad por el oficialismo y el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur),  desarrollan cada fin de semana ferias, carnavales y cientos de actividades masivas sin medida alguna contra la covid-19. 

De los 5 candidatos el de más trayectoria es Guillermo Osorno, pastor evangélico que milita en política desde 1996 y desde 2011 integra la alianza que encabeza el FSLN, al que actualmente representa en el Parlamento Centroamericano. Ahora por segunda vez “aspira” a la presidencia por su partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y uno de sus hijos encabeza la lista a diputados nacionales. 

Otros dos candidatos, Mauricio Orue y Walter Esponiza, están entre los diputados de más bajo perfil. Completan el grupo Marcelo de Jesús Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), un desconocido que no concede entrevistas. Y el más “popular” es Gerson Gutiérrez Gasparín, de Alianza por la República (APRE). Pero lo es porque la gente comenta en tono jocoso que ni siquiera tiene los seguidores necesarios para presentar un fiscal en cada Junta Receptora de Votos (JRV), ni mucho menos la cantidad de sufragios para no perder la personería jurídica.

Mientras tanto, los 7 aspirantes a la verdadera candidatura opositora, que permanecen tras las rejas desde hace meses por acusaciones temerarias, derrotarían con amplia ventaja a Ortega según una encuesta realizada por Cid-Gallup en septiembre. 

Cristiana Chamorro permanece en casa por cárcel desde el 2 de junio. Solo ella y Noel Vidaure, apresado el 24 de julio, han recibido este beneficio.  El resto permanece en celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), centro conocido como el nuevo Chipote (un célebre presidio de la era de Somoza), muy temido por el nivel de crueldad de las torturas. 

Al académico Arturo Cruz lo apresaron en el aeropuerto de Managua el 5 de junio al regresar de un viaje. A Félix Maradiaga el 8 de junio al salir de una entrevista en el Ministerio Público. Ese mismo día por la noche sacaron de su casa al economista Juan Sebastián Chamorro, citado para declarar al día siguiente. El periodista Miguel Mora sufre desde el 20 de junio su segundo encarcelamiento en menos de tres años. El líder campesino Medardo Mairena fue capturado por segunda vez el 5 de julio. 

Junto a los 7 precandidatos permanecen detenidas otras 32 personas entre las que hay empleados de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, líderes estudiantiles, dirigentes políticos y sociales, un banquero, periodistas y tres dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal organización empresarial del país. Con ellos está el gerente del diario La Prensa, único medio escrito que había sobrevivido al régimen, pero que desde agosto suspendió su edición impresa por falta del papel, que permanece embargado en aduanas. 

Estos 37 presos políticos se suman a más de 150 que se encuentran en centros penitenciarios. En general a este último grupo se le acusa vagamente de lavado de dinero, terrorismo, traición a la patria y menoscabo a la seguridad nacional. Las acusaciones se sustentan en leyes aprobadas recientemente para este fin y se basan en pruebas como tuits, mensajes de WhatsApp y declaraciones a medios de comunicación. No existe una sola fotografía de las capturas, ni del estado actual de los prisioneros.

Durante los primeros meses de cautiverio los 5 precandidatos que están en la DAJ junto a otros 25 presos fueron declarados desaparecidos, ya que la policía allanó sus casas y se los llevó sin órdenes judiciales. Además, no daba información sobre paradero, a pesar de que sus familiares llegaban todos los días a ese centro a entregar alimentos. Pero solo les recibían agua. 

El 31 de agosto el gobierno permitió la visita de un familiar por preso durante una hora. Los familiares salieron alarmados por la desnutrición en que los encontraron. Habían perdido en promedio unas 25 libras que atribuían a que solo reciben al día dos raciones muy pequeñas. En esa visita la mayoría contó que permanecen en total aislamiento, en celdas selladas, con luz durante las 24 horas del día y no les permiten tener ni siquiera una sábana para abrigarse o un libro para leer.  

A inicios de octubre el gobierno permitió la segunda visita. En esta ocasión entraron 2 familiares de cada preso y la visita duró cerca de 2 horas. Dicen que los encontraron pálidos por la falta de sol y los que en la primera visita se quejaron de la luz encendida las 24 horas dijeron que ahora viven en total oscuridad. Deben permanecer callados bajo la vigilancia de un custodio permanente que les puede suspender en castigo la ración de agua.   

Muchos están enfermos y no se permite que los revisen sus médicos. Tampoco pueden reunirse con sus abogados y nadie conoce el estado de los procesos. De nada sirven los constantes escritos que los defensores presentan en los tribunales porque todo es desestimado, igual que resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ha ordenado liberar a varios de ellos. Tampoco resuenan los llamados de organismos internacionales de derechos humanos. 

Paralelamente Ortega sigue enfrentado con los obispos de la Conferencia Episcopal a los que también llama mercenarios y traidores, y mientras tanto sigue apresando opositores. Diversos sectores creen que los mantendrá presos hasta después del 10 de enero de 2022, cuando tomará posesión para el nuevo periodo y que luego tratará de hacer borrón y cuenta nueva.  Un acercamiento con los representantes del gran capital, para legitimar su nuevo mandato y “propiciar las condiciones para garantizar el crecimiento económico”. Tanto Ortega como diputados de su partido han mencionado la necesidad de ese gran diálogo. 

Mientras tanto el CSE afina los detalles de lo que la comunidad internacional llama la gran farsa del 7 de noviembre. En otra muestra de lo poco que le importa aparentar legalidad, mandó a imprimir las boletas sin el requisito legal de una licitación pública. Ni siquiera los 5 candidatos que prestaron su foto sabían cuál empresa las elaboró, y la entidad solo reveló su nombre cuando ya estaban impresas.  Pero ante el tamaño de las irregularidades de ese régimen que ya no oculta su carácter dictatorial, ¿qué tanto importa ya una simple licitación más?  

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