Caracas.- A juicio del director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, pareciera haber una tendencia a pensar que informes como el recientemente elaborado por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, no sirven para paliar el sufrimiento de las víctimas.
Si bien es cierto que los afectados por la represión del régimen de Nicolás Maduro no pueden acceder a mecanismos de justicia de forma inmediata, según Uzcategui, si este tipo de informes no existiera, la situación de derechos humanos en Venezuela estaría peor.
“No es un informe más y debemos ser conscientes de lo detallado que es. A nivel internacional, no es lo mismo que lo diga la ONU que una ONG de Venezuela por el impacto que tiene; lo mismo que ocurrió con el Centro Carter en torno a las elecciones presidenciales está sucediendo con la Misión. Aunado a esto, la publicación de estos documentos suele tener un efecto disuasivo y de inhibición para los victimarios”.
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Uzcátegui fue el invitado el martes 15 de octubre en la edición número 30 de La Conversa, espacio semanal de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por los medios Runrun.es, El Pitazo y TalCual.
En esta ocasión, el programa estuvo moderado por la directora de ARI, Ronna Rísquez, y contó con las intervenciones del director de El Pitazo, César Batiz, y del director de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco.
Uzcátegui expresó que, a diferencia de los anteriores, este informe de 185 páginas contiene nuevos elementos como testimonios de víctimas de la ola represiva posterior a los comicios del 28 de julio, dentro y fuera de Venezuela, y el mandato de estudiar la actuación de civiles cómplices del régimen, miembros de colectivos.
“Se hicieron 366 entrevistas a afectados de manera remota porque sabemos que los miembros de la Misión no pueden entrar en Venezuela. Se incluyeron entrevistas a migrantes venezolanos en tres países, quienes en su mayoría huyeron a raíz de la persecución postelectoral”.
Uzcátegui recordó que, debido al asedio y hostigamiento hacia la sociedad civil, la Misión actuó con cautela a la hora de entrevistar a las víctimas.
“La Misión es muy cuidadosa de no poner en riesgo a nadie, estamos viviendo uno de los capítulos más oscuros en torno a persecución, censura y autocensura y, en ese sentido, los integrantes de este tipo de iniciativas están entrenados para resguardar la identidad de los afectados”.
El director de Laboratorio de Paz calificó la extensión de la labor de la Misión por dos años más de victoria parcial de las víctimas.
“Sabemos los esfuerzos del gobierno de Maduro por bloquear la votación u obtener votos a su favor en la ONU, no ha sido sencillo convencer al resto de los países para que respalden el trabajo de los trabajadores por los derechos humanos en Venezuela”.
Hacia la CPI
A juicio de Uzcátegui, el informe de la Misión allana el camino hacia un eventual juicio en la Corte Penal Internacional (CPI).
“Este informe ratifica que dentro de Venezuela no existe la capacidad política para investigar supuestos crímenes de lesa humanidad, pero tampoco la infraestructura que se requiere en materia judicial”.
El activista sostuvo que el fiscal de la CPI, Karim Khan, ha intentado promover la complementariedad positiva con el Estado venezolano, una tarea que hasta ahora ha sido infructuosa.
“Lo que ha hecho el fiscal es buscar que el Gobierno investigue y para ello se han firmado acuerdos, incluyendo una modificación de la administración del sistema de justicia venezolano; sin embargo, el Estado reincide en su conducta de impedir el inicio de un juicio justo, porque además, todos sabemos que en Venezuela no hay independencia de poderes”.
Uzcátegui sostuvo que uno de los argumentos del régimen madurista para no hacer reformas profundas en el sistema de justicia son las sanciones y el supuesto bloqueo económico.
“El Gobierno es hábil comprando tiempo diplomático, además, cada vez que puede niega la existencia de un patrón represivo, dice que son actuaciones aisladas”.
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Para Uzcátegui, los recientes cambios en la cúpula militar responden a un pase de factura a figuras claves luego de las elecciones presidenciales.
“Algo producto de fricciones internas, uno pensaba que existía todavía un sector democrático que iba a reconocer una eventual derrota el #28J, pero no fue así, pese a todo lo débil que pueda estar el régimen, ellos siguen cohesionados a la hora de defender sus parcelas de poder, por supuesto que hay tensiones, dudas y sospechas”.
La única fuente de legitimidad que posee Maduro actualmente es el uso desproporcionado de la fuerza, según Uzcátegui.
“En el caso de una juramentación de Maduro como presidente el venidero 10 de enero, el escenario es muy gris para los venezolanos, estaríamos en el marco de más restricciones a los derechos fundamentales; sin embargo, está comprobado que no hay represión que haga desaparecer el malestar popular”.
Uzcátegui expresó que el hecho de que Maduro se haya planteado una cuota de detenciones después del proceso electoral del #28J, lo coloca como el principal responsable de los atropellos cometidos desde entonces.
“Con el fin de mantenerse en el poder a toda costa, quiere simular fortaleza y esto lo ha llevado hasta a burlarse de las personas detenidas. Todos esos aspectos me hacen pensar que en un futuro Maduro va a ser señalado responsable de crímenes de lesa humanidad. La revolución bolivariana decidió inmolarse con Maduro y eso les pasará factura”.
Este tipo de conductas, aunado a informes como el de la Misión, hacen que izquierdas latinoamericanas, Gabriel Boric en Chile y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, se alejen de Venezuela, afirma el defensor de derechos humanos.
“La ruptura interna del chavismo va a ser posible en la medida en que sus aliados comiencen a distanciarse. El chavismo necesita por diseño ser reconocido, para ellos el elemento reputacional sigue teniendo importancia, a propósito del reciente respaldo al gobierno de Lula y la condena que sufrió Tarek William Saab luego de sus declaraciones contra el mandatario amazónico, el Gobierno de Brasil debe vigorizar sus esfuerzos por trabajar en pro de la recuperación de la democracia en Venezuela”.
Uzcátegui indicó que las detenciones y denuncias de torturas de, al menos, 70 adolescentes ha causado estupor en la comunidad internacional.
“Esto debe producir algún tipo de efecto entre los chavistas subalternos, que están entre la verdad ideológica y la verdad verdadera. No es posible que las víctimas sean revictimizadas por el propio Estado, es por ellas que frente a la mentira institucional, el que la Misión de Determinación de Hechos pueda trabajar dos años más, tiene mucha importancia para las personas afectadas que piden ser escuchadas”.
Uzcátegui aspira a que en 2025 haya noticias provenientes de la CPI.
“Ojalá los mecanismos de derechos humanos fuesen más rápidos, los defensores quisiéramos contar con herramientas más expeditas. El camino de la CPI necesita tiempo, pero lo importante es que ese tiempo ya está en marcha. No podemos caer en la desesperanza, es una realidad que el Gobierno ha perdido espacio y ya no cuenta con apoyo popular. Nosotros, como organizaciones, seguiremos informando y acompañando a las víctimas. Independientemente de que los victimarios se metan a monjas de la caridad, la justicia en algún momento los alcanzará, porque este tipo de crímenes no prescriben”, dijo.
También agregó que es momento de fortalecer los lazos comunitarios, de encontrarnos como venezolanos, “del estupor y del shock, vamos a salir, porque tenemos deseos de prosperidad e inclusión”.
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