El avance en la legalización de la marihuana en ese país puede ser un momento clave para el debate sobre las drogas en América Latina

Por: Carlos Gutiérrez

El palacio legislativo de San Lázaro se convirtió, el 10 de marzo de 2021, en la sede de un verdadero cónclave para decidir el destino de la marihuana en México. Ese día, la Cámara de Diputados realizó un debate con ribetes pintorescos, como era de esperar. En el debate, uno de los legisladores exhibió carteles que decían “derechos humanos para los marihuanos”, “‘pachecos’ unidos jamás serán vencidos” o “la mota legal eleva la moral”. Otro se forjó un churro para denunciar el “discurso moral” de la penalización. Y los discursos en contra no se quedaron atrás, como el de una diputada que afirmó que con tres mordidas de un bizcocho de chocolate con 550 miligramos de marihuana, “una persona podría estar en un viaje durante cuatro días”. 

Y al final del particular cónclave salió humo blanco. Los legisladores avalaron una ley de 55 artículos, dirigida a “la regulación de la producción y comercialización del cannabis y sus derivados, bajo el enfoque de libre desarrollo de la personalidad, salud pública y respeto a los derechos humanos”. Ahora, la cámara de Senadores decidirá el 30 de abril si México aprueba definitivamente este proyecto de ley.

Ciertamente este caso no es nuevo en América, pues en 2014 Uruguay se convirtió en el país pionero en legalizar la producción y venta de marihuana, seguido por Canadá en 2018. Pero la noticia produjo eco en la comunidad internacional, sobre todo en países de Centro y Sudamérica que también han debatido y cuestionado, durante años, las medidas prohibicionistas en torno a la cannabis. El debate no es menor porque, de quedar aprobada la ley, México se convertiría en el mayor mercado legal del mundo y abriría el espacio a una serie de presiones en torno a la despenalización de la cannabis en América Latina. 

Sin embargo, el avance no es del Gobierno. Hace más de dos años la Suprema Corte de Justicia consideró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo recreativo del cannabis, lo que hacía obligatorio legislar en esa dirección. Así lo resaltan activistas que han luchado durante años por hacer realidad la abolición de las medidas prohibicionistas para el uso recreativo de la marihuana. “Parecería que todo es miel sobre hojuelas y que hay un gobierno progresista de izquierda, pero en realidad es una orden judicial que se logró a partir de la sociedad civil”, subraya Lisa María Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia. 

Un alto porcentaje de los mexicanos está a favor de acabar con el prohibicionismo. Según una encuesta publicada por El Financiero Bloomberg, el 68 por ciento de los encuestados de 18 a 39 años aprueba legalizar el uso de la cannabis, mientras sólo el 37 por ciento de los de más de 40 años apoya la propuesta. Por su parte, 62 por ciento de quienes tienen educación media o universitaria apoya la medida.

Entre tanto, los promotores de la legalización encuentran en la ley aspectos positivos, pero también muchos negativos. Dentro de los primeros, señalan que establece el “derecho de los mayores de dieciocho años consumir cannabis psicoactivo” y que podrán constituir asociaciones de cannabis, sin fines de lucro, para cultivar y poseer plantas. Además, acaba con la cultura del dealer, porque los usuarios podrán comprarla en lugares establecidos y estará “prohibida la realización de todo acto de promoción y propaganda de la producción y el consumo de cannabis en cualquiera de sus presentaciones”.

Por el lado negativo, a los expertos les preocupa que muchos de quienes participan en la cadena productiva, como los agricultores, quedarán fuera del negocio por la necesidad de contar con una licencia. Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA, donde hace investigación y activismo sobre las innovaciones en políticas de drogas, considera que podría derivar en “graves daños a la vida de las personas”. Esto porque además no elimina la posesión simple como delito y establece multas superiores a los 500 dólares por portar más de 28 gramos y de más de 13.000 dólares para quien venda cannabis fuera de los establecimientos autorizados. Todo ello podría abrir la puerta a la corrupción y a los abusos de funcionarios administrativos o policiales.

Eso también implica un golpe a quienes esperan que la legalización disminuya el clima de violencia que vive esta nación desde, al menos, 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició una “guerra” contra el narcotráfico. Por eso, podrían pasar más años de lo esperado para que se empiecen a notar los efectos de esta ley en los índices de criminalidad del país.

Óscar Luis Pyzczek, investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (Colombia) y autor de investigaciones sobre la geografía del circuito productivo de las sustancias psicoactivas ilícitas, tampoco considera que con la despenalización de la marihuana vaya a terminar de inmediato el control que ejercen las organizaciones criminales, aunque sí perderán un porcentaje del mercado. En Uruguay, por ejemplo, “luego de más de un lustro con despenalización, la efectividad de la que fue en su momento una medida polémica es catalogada como ambigua y los guarismos hablan de alrededor de 22 millones de dólares quitados a las organizaciones criminales”.

Otro aspecto importante del tema también tiene sus claroscuros. Radio Canadá Internacional sostiene que legalizar la producción y venta de marihuana puede generar fuentes de trabajo e ingresos para el Estado. Por ejemplo, de acuerdo con el Departamento de Estadísticas de Canadá, la actividad económica de la industria legal de la marihuana se triplicó en ese país desde que se legalizó en 2018, además de que contribuyó con 3.960 millones de dólares al producto interno bruto, hasta febrero de este año.

¿Pero quién estaría detrás de esa prosperidad en el resto del continente? La abogada Adriana Muro, directora de Elementa DD. HH., cree que hubo “lobby” de empresas extranjeras a favor de esta ley en México. Para la propia Radio Canadá Internacional, la norma abre oportunidad de negocios legales a empresas canadienses como Canopy Growth y The Green Organic Dutchman, “que buscarán establecer operaciones comerciales en México”. Las posibilidades de expansión de la primera “se deben en parte al apoyo del gigante estadounidense Constellation Brands, dueña de la cerveza Corona, que ha invertido más de cuatro mil millones de dólares en Canopy Growth”. En esa lista también aparecen la estadounidense Medical Marijuana y Khiron Life Sciences. Los directivos se encuentran “ansiosos por acceder a México que, con sus 126 millones de habitantes, se perfila como la plaza más grande de un multimillonario mercado”, reporta la agencia Reuters. En Estados Unidos, por ejemplo, muchas figuras públicas se han convertido en defensores de la legalización y se han apuntado al negocio, como el actor Seth Rogen y la empresaria Martha Stewart. 

En todo caso, la aprobación del proyecto mexicano conformaría un bloque antiprohibicionista en el Continente americano, con México, Canadá y 15 estados de Estados Unidos. Con ello, habría presión al gobierno de Joe Biden para lograr una ley federal de despenalización y, a su vez, este bloque podría presionar hacia el centro y hacia el sur del continente. Por eso, “es importante que la regulación quede bien hecha en México, porque servirá de ejemplo para el resto de países de la región”, señala Muro. 

En algunas naciones que podrían seguir el ejemplo mexicano hay un debate activo. En Colombia, por ejemplo, depende del resultado de las elecciones presidenciales de 2022. En Argentina, “puede ser que el gobierno actual sea más abierto a un cambio en las políticas de drogas”, dice Snapp. Explica que en ambas naciones el contexto político permite avances y hay acciones de la sociedad civil organizada.

Los medios de comunicación y las redes sociales serán factor de presión para que los gobiernos regionales discutan si despenalizar o no la cannabis. Varias personalidades ya son defensores de la marihuana legal. En México, el expresidente Vicente Fox ha mostrado interés en la legalización e investigación de esta sustancia; así, en 2019 publicó en su cuenta de Twitter que “ahora nos toca darle otro uso, bueno para la humanidad”. Con él hacen campaña el expresidente colombiano César Gaviria y el brasileño Fernando Henrique Cardoso. 

Ahora, por lo pronto, toca esperar a ver qué resuelve el Senado mexicano, que tiene un poco más de un mes para hacerlo. En México Unido contra la Delincuencia, según el resultado, tomarán acciones legales “otra vez”. Su directora, Lisa María Sánchez, está convencida de que, a pesar de los aspectos negativos, la nueva ley va a traer beneficios frente a la situación actual, “porque estamos viviendo el peor escenario, la prohibición”. De todos modos, hay esperanzas de que la Cámara de Senadores modifique los puntos débiles para transitar hacia un mercado legal que, no sólo en México sino en la región latinoamericana, garantice los “derechos humanos de los marihuanos”. 

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