Una investigación de los medios El Pitazo y Runrunes reveló que en 11 meses el gobierno de Nicolás Maduro detuvo al menos a 40 personas involucradas en la venta ilegal de medicinas y pruebas rápidas para el COVID-19 y en la falsificación de resultados, pero no se conocen detalles de los procesos judiciales de 27 de ellas. La opacidad hace pensar a los abogados que el Estado intenta crear una imagen de eficiencia en el marco de la pandemia, pero a costa de aprehensiones sin claros fundamentos, que violan el debido proceso y el principio de presunción de inocencia de los arrestados

Por: Unidad de investigación

No todo lo que brilla es oro. El refrán popular podría calzar perfecto para describir las actuaciones judiciales que el gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido, entre mayo de 2020 y abril de 2021, en pleno desarrollo de la emergencia por el COVID-19. Una recopilación de registros periodísticos sobre detenciones de presuntos responsables por venta ilegal de medicinas y pruebas para atender a pacientes con coronavirus, realizada por los medios El Pitazo y Runrunes, como parte de la alianza Vigila la Pandemia, permitió corroborar que que las autoridades aprehendieron al menos a 40 personas por delito de contrabando de extracción, pero sobre los procedimientos jurídicos de 27 de ellas no se conoce ninguna información.

Por eso, dos abogados consultados coinciden en que el gobierno de Maduro busca dibujar una imagen de eficiencia de sus organismos de seguridad e instituciones encargadas de impartir justicia, pero en el fondo esa pantalla esconde una serie de irregularidades que pasan desapercibidas y que, a juicio de los especialistas, se han convertido en una práctica consecuente del chavismo.

Gonzalo Himiob, coordinador de la ONG Foro Penal, sostuvo que el Gobierno apela a soluciones informales al detener a “chivos expiatorios” y desviar la mirada y evadir su responsabilidad en el verdadero problema: la prolongada escasez de medicinas e insumos que golpea a los centros asistenciales públicos. Consideró que, en este sentido, el Estado utiliza las investigaciones como instrumento para consolidar una hegemonía con fines políticos, en lugar de garantizar una adecuada administración de justicia.

“El poder necesita montar un cuento para poner en hombros de algunos chivos expiatorios su propia irresponsabilidad. Es ahí donde te das cuenta de que el proceso no es jurídico sino político”, puntualizó.

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, consideró que el Gobierno irrespeta el debido proceso y el principio de presunción de inocencia al culpar a presuntos infractores públicamente sin antes adelantar una investigación preliminar, que permita obtener elementos para una acusación formal. “Es una justicia solo de titulares, pero no de sentencia firme”, remarcó.

Daniels destaca que estos procesos inadecuados revelan que el Gobierno únicamente se centra en poner la lupa en quienes forman parte de la base de la pirámide, pero no en los líderes de las mafias de tráfico de medicinas. “Las detenciones aisladas realmente no indican que se esté combatiendo el problema”, añadió el director de Acceso a la Justicia.

El Pitazo resume algunos de los hallazgos de los datos sobre las detenciones.

1– La data recopilada da cuenta que de las 40 personas detenidas, solo se conoce información extraoficial sobre el estatus del proceso judicial de 13 de ellas.


2– Durante el mes de septiembre de 2020 se practicaron más arrestos de personas implicadas en tráfico y venta ilegal de medicinas y pruebas para detectar COVID-19.


3– En la muestra se evidencia que a algunos de los detenidos se les aprehendió por falsificar resultados de pruebas rápidas.


4– El Ministerio Público solo informó públicamente sobre un caso de venta ilícita de medicinas para atender COVID-19, que involucró a médicos y al director del centro asistencial Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera del estado Carabobo.


5– La mitad de los señalados eran trabajadores del sector salud, entre ellos seis médicos.


6– 16 de los casos registrados tienen expedientes por venta ilegal de pruebas de detección rápida del coronavirus.

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La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19.
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