Venezuela Vota y La Hora de Venezuela
Caracas. En el gobierno de Nicolás Maduro se consolida una cadena de mando de la censura que restringe el acceso de páginas web de medios de comunicación, redes sociales y sitios de entretenimiento o comercio electrónico a través de dos estatales que regulan las telecomunicaciones en el país.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) ordenan a proveedores de internet y empresas telefónicas ejecutar bloqueos de plataformas, bajo ataque o escrutinio del oficialismo, mediante procedimientos opacos que violan los derechos digitales de la población.
Dos militares están al mando de esas instituciones. El general de brigada Jorge Elieser Márquez, de 53 años, es el director general de Conatel desde hace siete años. A la vez ocupa otros tres cargos: ministro de Energía Eléctrica, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y padrino de la ciudad de Caracas. Con esto acumula al menos siete cargos de confianza desde que Maduro llegó a la presidencia.
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El general Jesús Aldana es el presidente de Cantv, empresa que presta servicios de telefonía e internet con más de 2.500.000 de suscriptores a su servicio de Internet, y que distribuye al menos 50% de los usuarios de Internet en el país, según VE Sin Filtro.
Tras la elección presidencial del 28 de julio en la que resultó proclamado Maduro sin que se hayan publicado los resultados en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), el gobierno ordenó el bloqueo de una veintena de páginas web y aplicaciones como X (antes Twitter), de acuerdo con la ONG VE Sin Filtro que monitorea los derechos digitales en el país.
Las iniciativas de periodismo Venezuela Vota y La Hora de Venezuela presentan una semblanza de los funcionarios que ejecutan estas medidas:
Un general contra la prensa libre
Jorge Eliéser Márquez está sancionado por Estados Unidos, Panamá, Canadá, Suiza y la Unión Europea por, presuntamente, estar involucrado en hechos de corrupción y censurar a la prensa en Venezuela.
Durante su gestión al frente de Conatel ordenó la expulsión de la parrilla de televisión de tres canales internacionales: los colombianos RCN y Caracol, y el alemán DW, y se han cerrado decenas de emisoras de radio y bloqueado portales webs de noticias.
EE. UU. fue el primero en imponer sanciones contra Márquez. El 9 noviembre de 2017, el Departamento del Tesoro señaló que el funcionario estaba implicado en delitos electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción en los programas de distribución de alimentos. Siguió Panamá, que lo sancionó el 30 de marzo de 2018 al considerarlo de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamientos del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con Poderopedia.
Márquez pertenece a la Guardia Nacional (GN) y es un hombre cercano a Maduro. Saltó de la Guardia de Honor Presidencial a ministro del Despacho de la Presidencia en 2017.
En 2017, el canal del Estado VTV describió a Márquez como un “edecán del presidente Nicolás Maduro, con quien ha trabajado desde que era canciller de la República Bolivariana de Venezuela”.
Nació en Mérida, se graduó en 1994 de la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional y ocupó el puesto 79 en el orden de mérito de 114 egresados en su promoción.
Aparte de su gestión en Conatel, también fue designado como director general del Fondo Negro Primero (diciembre de 2017); presidente de la Fundación Radio Miraflores (septiembre de 2018); presidente de la Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Postales (junio de 2019) y presidente de la Fundación Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar (julio de 2023).
Recibió la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su Tercera Clase “Flecha”, en julio de 2022, por “su lealtad en pro del fortalecimiento de la Revolución y la gestión del Gobierno bolivariano”, dice la Gaceta Oficial N° 42.426.
Bota militar en las telecomunicaciones
Jesús Gregorio Aldana Quintero es general de la División de la Aviación de la Fuerza Armada Nacional (FAN). Antes de llegar a la presidencia de Cantv fue coordinador de alianzas estratégicas de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim).
En mayo de 2024 fue designado como presidente encargado de la Cantv, según el decreto 4.608 de la Gaceta Oficial 42.119. Desde 2020 se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de la misma estatal.
Restricciones de larga data
Desde el 28 de julio de 2024, en Venezuela se ha registrado una serie de bloqueos a redes sociales, medios de comunicación y otros sitios web. Al menos 18 páginas fueron bloqueadas, según reportes de la ONG VE Sin Filtro.
Signal, Reddit, Microsoft y su servicio colaborativo Teams, X, Statista, ProtonVPN, Binance, MercadoLibre, Windscribe, La Prensa de Lara están bloqueados por DNS en el proveedor de servicio de internet ABA, de la estatal Cantv, y empresas privadas que operan con autorización de Conatel.
Los bloqueos de sitios web impuestos por la administración de Maduro son de obligatorio cumplimiento para los proveedores de servicios de Internet (conocidos como ISP). A menudo se ejecutan por los servidores DNS que permiten acceder al contenido publicado en internet, explica VE Sin Filtro.
Los bloqueos de sitios web en Venezuela son de larga data. En diciembre de 2023, VE Sin Filtro contabilizó 80 bloqueos a sitios web en Venezuela durante 2023, revela el informe sobre Derechos Humanos en Internet.
El Pitazo se encuentra desde hace siete años. A partir del 18 de septiembre de 2017, Digitel, Movistar y Cantv bloquearon el acceso al dominio elpitazo.com.
Las autoridades también ordenaron restricciones en cuatro dominios que se crearon para evadir el bloqueo: elpitazo.net en septiembre del año 2017; elpitazo.info en abril del año 2018; elpitazo.ml en agosto del mismo año y el más reciente, en contra de www.elpitazo.net, ataque realizado el 17 de junio de 2019.
Los directivos y sus trabajadores de El Pitazo, y otros medios que denuncian impedimentos para el acceso como Efecto Cocuyo, Cazadores de Fake News, Armando Info, siguen sin recibir información por parte de las operadoras de este bloqueo que violan las libertades de información, expresión y trabajo.
Movistar y los bloqueos
Un informe presentado por la empresa española Telefónica reveló que en 2021 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le solicitó a Movistar que bloqueara 30 páginas web en el país.
Un grupo de ciudadanos venezolanos residenciados en España, protestaron en 2022 ante la sede de la compañía de comunicaciones “Telefónica” en Madrid, para rechazar las constantes arremetidas contra sitios digitales de 50 medios de comunicación locales y extranjeros en Venezuela.
BLOQUEOS EN LOS ÚLTIMOS MESES
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El 11 de agosto la organización no gubernamental VE Sin Filtro informó a través de sus redes sociales que las páginas streaming MaxLA y Disney+ fueron bloqueados por la empresa de comunicaciones del Estado Cantv. Las plataformas estuvieron fuera del espectro de internet en Venezuela durante varios días. El Pitazo reseñó la restricción de los portales.
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El 22 de julio fueron bloqueados cinco medios informativos en Venezuela. La restricción ocurrió apenas seis días antes de la elección presidencial en Venezuela. El Estímulo, Analítica, Runrunes, Medianálisis y TalCual se unieron al grupo de portales informativos independientes que fueron cercenados por orden de Conatel a las operadoras sin dar ningún tipo de información.
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El 19 de mayo la ONG Ve Sin Filtro informó que el medio La Gran Aldea fue bloqueado luego de publicar una entrevista con el entonces candidato Edmundo González Urrutia. La organización explicó que Digitel, NetUno, Inter y Movistar aplicaron un bloqueo por DNS, mientras que Cantv aplica bloqueos HTTPS + DNS.
Manifestante exhibían pancartas con la consigna: “Telefónica es cómplice de Maduro”, “Venezuela alza su voz contra el bloqueo de Telefónica al periodismo independiente”, entre otras.
Periodistas y organizaciones en defensa de la libertad de expresión también ese año enviaron una carta a José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica Movistar en ese momento, en rechazo por la actuación de la empresa entre los años 2016 y 2021 al reconocer que interceptó las comunicaciones de más de un millón y medio de líneas de sus clientes en Venezuela.
En la misiva, los firmantes explican que en la legislación venezolana citada por Telefónica España S.A y su filial Movistar, las solicitudes de interceptación deben ser aprobadas por un juez para que sean válidas.
Representantes de medios de comunicación independientes y ONG pidieron que se les informe cómo ha sido el procedimiento que rige la colaboración con las autoridades competentes.