La presencia de miles de menores en la frontera con México plantea la primera gran crisis del Gobierno norteamericano ante América Latina. Solo medidas novedosas, como una gran alianza regional contra la corrupción, lo sacarán del atolladero. ¿Podrá tomarlas?

Por: Víctor Diusabá Rojas

La imagen del niño nicaragüense Wilton Gutiérrez, desorientado y presa del pánico el 1º de abril en la frontera entre Estados Unidos y México, simboliza la situación que afecta a miles como él. Una problemática de gran calado humano, que plantea para el Gobierno de Washington el reto de cambiar el rumbo a la vieja crisis migratoria o sumarse a la colección de fracasos de los mandatarios de la potencia del norte.

La aventura de Wilton tiene un elemento doloroso: los niños solitarios, sin acompañantes, puestos en la tarea de jugarse la vida para alcanzar el “sueño americano”. Este fenómeno, a menos de cien días de la toma de posesión del presidente Joe Biden, ya ocupa buena parte de su agenda. Tanto, que encargó a la vicepresidenta Kamala Harris la tarea de buscar soluciones inmediatas, pero además cambios estructurales.

El problema tiene muchas causas. La primera tiene que ver con la historia. Como sostiene Jorge Ramos en una reciente columna en The New York Times: “La frontera se redefinió después del fin de la guerra entre México y Estados Unidos, en 1848 (…) México fue obligado a ceder el 55 por ciento de su territorio (…) Desde entonces la frontera ha sido, al mismo tiempo, una zona de conflictos y de hermandad extraordinaria (…); ha habido debates y dilemas sobre los que cruzan del sur al norte, y preguntas sobre cuántos deben cruzar cada año”.

Luego de tantos años, esos “debates y dilemas” siguen sin arrojar soluciones para los gobiernos de ambos partidos. Igual, Biden encontró un panorama aún más complejo, herencia de Donald Trump. En efecto, el multimillonario convirtió a México —desde la campaña— en caballito de batalla aunque solo haya logrado levantar 76 kilómetros reales de los 480 que afirmó haber construido para detener lo que consideraba una amenaza para la estabilidad de su país. 

Solo que a medida que avanzaba su gobierno y Trump extremaba sus medidas, millares de potenciales inmigrantes esperaban su derrota en las urnas para alcanzar, por fin, sus sueños. Al fin y al cabo, Biden convirtió en una de sus banderas los cambios que haría en ese tema. Y las organizaciones de coyotes, que se lucran con ese tráfico humano, las convirtieron en una gran mentira: que la llegada de Biden abriría las puertas de par en par. 

En esas condiciones, y confirmada la victoria demócrata, la marea represada desde hace meses sobrepasó los diques. Miles se estrellaron contra una dura realidad: habían comprado a los coyotes la ilusión de entrar pronto y en una condición regular (la inmigración jamás es ilegal, a lo sumo es irregular), pese a que eso no aparecía tan claro en el programa de campaña de Biden. Y en efecto, todo era falso. 

En ese momento miles de padres desesperados resolvieron poner por delante a los niños, basados en que Biden afirmó en campaña que su administración facilitaría a las familias la posibilidad de reunirse de nuevo. En semanas, el problema se volvió inmanejable y rebasó las estadísticas, contabilizadas desde 2009. 

Así, en marzo pasado la patrulla fronteriza (CBP) contó 18.663 casos, algunos hasta de solo tres años de edad. Para entender el tamaño de esta ola, vale decir que mayo de 2019 registra el récord en un mes, con 11.475 menores, seguido de junio de 2014, con 10.620. Es decir, el incremento actual bordea un 40 por ciento sobre esos picos.

Ante esa realidad, Biden se vio obligado a tomar decisiones y ordenó recibir a los niños y mantenerlos en refugios que, en principio, resultaron adecuados y efectivos. Pero en cuanto sobrevino la avalancha se convirtieron en centros de hacinamiento, desconcierto e incompetencia. El trumpismo y algunos sectores republicanos no dejaron pasar la oportunidad para señalar la supuesta incapacidad del nuevo gobierno para manejar la situación.

En esas circunstancias, Biden tuvo que subir la prioridad de la inmigración de la frontera sur en una agenda en la que ya aparecen frentes como la pandemia —que ya deja cerca de 567 mil muertos—, las tensas relaciones con Rusia y la República Popular de China y la salida de las tropas de Afganistán.     

Biden y los suyos plantean diversas soluciones. La inmediata, resolver la situación de los niños que ya llegaron, como Wilton y miles más. Pero, como le dijo a CONNECTAS Adam Isacson, de la organización WOLA, que promueve los derechos humanos en el continente, “a corto plazo, el presidente puede hacer poco para detener el flujo de migrantes de Centroamérica. Harán falta muchos años de esfuerzos concertados, apoyando a los reformistas y oponiéndose a las élites corruptas, para aliviar esas condiciones. Cualquier ayuda a largo plazo debería buscar esos objetivos”.

Y la estructural, atacar las razones de fondo de esa urgencia por emigrar a toda costa. ¿Por qué se exponen tantos latinoamericanos a una travesía tantas veces mortal para trabajar en Estados Unidos? “Las causas, dice Isacson, son la inseguridad, la pobreza y el desempleo agravados por la pandemia y el cambio climático”. Al fin y al cabo, la sola pandemia ha hecho caer 8,1 por ciento el PIB de América Latina.  

Pero la posibilidad de apoyar a los países de origen se estrella con un fenómeno crucial: la corrupción. No solo porque está en el origen de la pobreza, sino porque muchos congresistas norteamericanos de ambos partidos sostienen, con razón, que resultaría un derroche inútil destinar los dólares de los contribuyentes a engordar las arcas de funcionarios venales al sur de la frontera. 

“La corrupción impulsa gran parte de la inestabilidad y la falta de desarrollo que hace que terminemos con migraciones masivas desde hace varios años”, dijo hace pocos días Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador). La declaración impacta porque la Casa Blanca pretende ir mucho más allá: “Va a haber una fuerza de tareas liderada por el Departamento de Justicia y otros socios que asistirá a gobiernos y servidores públicos de Centroamérica en su búsqueda no solo de casos específicos que involucran actos de corrupción, sino de sistemas que ayuden a combatir la impunidad y a prevenir la corrupción”, agregó Zuñiga.

Pero mientras eso procede, los Estados Unidos no descartan otras medidas. Una, en concreto, contar con que los países más cercanos por donde necesariamente se mueve la corriente migratoria militaricen sus fronteras. Claro está, contando que esas naciones estén de acuerdo. 

Sobre este tema, el 12 de abril, Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, anunció un acuerdo con México, Honduras y Guatemala para movilizar militares y policías en sus fronteras para frenar la migración. Y casi enseguida, Tyler Moran, asistente especial sobre inmigración en el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, habló de un convenio para aumentar ese patrullaje. Sin embargo, sorprendentemente los gobiernos de Guatemala y Honduras desmintieron de plano esas afirmaciones, aunque matizaron al señalar que esa militarización ya existe. Eso se puede interpretar como la negativa a asumir la responsabilidad de detener la movilización de indocumentados.  

En todo caso, se viene una apretada agenda de conversaciones oficiales para afinar políticas conjuntas. Pero solo el tiempo dirá si esas fórmulas, que cuestan mucho dinero, podrán cambiar una situación tan antigua como la frontera misma, en donde, además, tal cual afirma Isacson, hay un nuevo desafío: “Que muchos ciudadanos estadounidenses vean en sus vecinos del sur refugiados que necesitan protección, que necesitan migrar para no morirse. Porque durante décadas el estereotipo del migrante ha sido un adulto mexicano soltero en busca de trabajo y desde aproximadamente 2014 son niños y familias las que llegan de Centroamérica, mientras la actitud de los ciudadanos estadounidenses aún no se ha adaptado a ese cambio”. 

Si Biden y Harris consiguen controlar esta compleja problemática, se convertirán en salvadores para miles de personas. Si no lo logran, entrarán en la galería de los fracasados. Con un ítem nada menor: algunos jueces (como tres del Tribunal de Circuito de Estados Unidos nombrados en la era Trump) fallaron hace poco a favor de expulsar menores inicialmente admitidos. Un retroceso como ese tendría graves consecuencias en medio de un ambiente político ya bastante tensionado.

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