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jueves, 28 marzo, 2024

Los negocios de Carlos Calleja con el régimen de Nicolás Maduro

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En público, el candidato de Arena ha condenado al régimen venezolano. En privado, una de las empresas en las que ha tenido participación envió más de $54 millones en productos a una institución dirigida por un hombre de confianza de Maduro

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“No podemos ser cómplices del gobierno de Venezuela”, dijo Carlos Calleja en una conferencia de prensa organizada el 10 de agosto de 2017 para tratar un tema único: exigir a la presidencia de Salvador Sánchez Cerén tomar distancia de la de su homólogo sudamericano. El entonces precandidato presidencial de Arena acusó a Nicolás Maduro de liderar “un régimen que buscaba establecer una dictadura”. Nada extraño para un hombre de derecha que comenzaba a posicionarse sobre temas relevantes para dar el salto definitivo a la política meses más tarde. Sin embargo, Carlos Calleja, el empresario, no marcaría ninguna distancia del cuestionado gobierno de Maduro.

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Por esos meses, multitudinarias protestas se sucedían en Venezuela en contra de violaciones a los derechos humanos y contra el desabastecimiento de alimentos y productos básicos. Desde inicios de 2017 hasta ese agosto, el Observatorio Venezolano de Conflictos fijaba en 163 la cifra de asesinatos durante las protestas.


Carlos Calleja tomó la condena a Nicolás Maduro como una de sus banderas. Insistió en el tema en foros internacionales, como la conferencia “Concordia Summit 2017”, realizada en Nueva York en septiembre de ese año, donde compartió con líderes y empresarios de todo el mundo sobre la necesidad de encontrar una salida a la crisis venezolana desde la comunidad internacional.

Cuando Calleja pronunciaba esos discursos era directivo de EFI Logistics, una empresa que en ese septiembre envió más de $16 millones en productos a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), la institución estatal que centraliza las importaciones y exportaciones del país petrolero y que entonces era dirigida por Giussepe Yoffreda, mayor general de la Fuerza Aérea, uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro.

Corpovex ha participado de varios mecanismos fraudulentos, como el de los sobreprecios del sistema de compensación de Petrocaribe, en el que la estatal PDVSA aceptó alimentos sobrevaluados como pago de la factura petrolera por parte de los países deudores, o la importación de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), donde se ha comprobado la existencia de largas cadenas de intermediarios ligados al régimen que encarecen los productos que finalmente llegan a Venezuela.

La corporación venezolana recibió desde EFI Logistics más de $54 millones en mercadería entre 2016 y 2018, según documentación consultada para esta investigación. El 95% corresponde a insumos y productos médicos. Factum comprobó que en algunos casos Venezuela compró por valores mayores que lo cancelado por los mismos productos en la red de hospitales del Ministerio de Salud de El Salvador.

Intermediar y encarecer

Carlos Calleja ocupó el puesto de director propietario de EFI Logistics desde 2009, cuando llegó para sustituir a su padre, Francisco Calleja. Renunció en mayo de 2018 para dejarle su lugar a Herbert Tobar, quien también figura como parte de la junta directiva de Calleja S.A. de C.V., la sociedad familiar dueña de Super Selectos.

La finalidad de EFI Logistics, según su propia descripción, es la “prestación de servicios como operador internacional de logística y manejo de mercaderías a clientes establecidos dentro y fuera del área centroamericana”. Su labor, por tanto, es la de ser un intermediario para otras empresas que son los verdaderos proveedores. Por ello los productos que envió a Venezuela provinieron de 25 países, como Estados Unidos y China.

Carlos Calleja, candidato presidencial de ARENA, junto a su padre, Francisco Calleja, y otros miembros del partido, durante las elecciones internas, el pasado 22 de abril de 2018. Un mes después, Calleja renunció al puesto de director propietario de EFI Logistics, una empresa que envió productos a una institución estatal de Venezuela | FACTUM / Salvador Meléndez

Fueron 822 transacciones, la más grande por $3.5 millones, entre 2016 y 2018. Existe un patrón curioso en los envíos: realizaba muchos en una misma jornada. Para hacerse una idea, los $54 millones salieron en apenas seis días: tres de 2016, dos de 2017 y uno de 2018.

Hay un cargamento que no es especialmente cuantioso entre los enviados por EFI Logistics a Corpovex, pero que sirve para ilustrar todo el paisaje. Partió de El Salvador en noviembre de 2016. Eran 34,000 pares de guantes estériles, un poco más de una tonelada. Desde Venezuela pagaron $108,000 por el paquete. El gobierno del país petrolero destinó, por tanto, $ 3.18 a cada par. Un mal acuerdo si se toma en cuenta, por ejemplo, que el Ministerio de Salud salvadoreño acostumbra a desembolsar 32 centavos de dólar por binomio. Una décima parte.

Los guantes fueron fabricados en Malasia y mandados desde Puerto Rico a El Salvador. Tuvieron que cruzar las aduanas de al menos tres países antes de llegar a su destino final en Venezuela, lo que fue encareciendo cada vez su valor.

Un miembro de la junta directiva de EFI Logistics, quien ha estado en ella desde su fundación en 2005, afirma que ellos únicamente son intermediarios y que son los proveedores quienes se encargan de establecer los valores de venta al destinatario final. También se desliga de cualquier decisión con respecto a los negocios de la empresa. Según él, quien habla bajo condición de anonimato, estas le corresponden a una administración permanente, conformada por ejecutivos de la compañía.

“Nosotros no sabemos a quién le exportan”, sostiene ese directivo.

A Julio Salaverría, el ejecutivo que dirige la administración permanente de EFI, se le consultó vía correo electrónico sobre estos envíos. Se le preguntó si no les preocupa que su empresa pueda estar en medio de una de esas redes de sobreprecios que ya varias investigaciones han señalado con relación a Corpovex. La más reciente, #Petrofraude, detectó la participación de compañías salvadoreñas en este tipo de esquemas, como en el caso de Proveedores Diversos A&G, que exportó leche en polvo australiana a un costo 50 % mayor al de la referencia internacional.

“Nuestra empresa es un operador logístico, que no tiene la potestad de cambiar el destinatario de los productos que son enviados por nuestros clientes”, contestó.

Salaverría reconoció que, como operador logístico, sí conocen los valores con los que sus clientes venden su mercadería, pues ellos tienen la responsabilidad de elaborar los documentos con los que la Dirección General de Aduanas realiza el proceso de exportación desde El Salvador.

Factum revisó los precios de cinco productos enviados por EFI Logistics a la institución venezolana y los comparó con aquellos con los que fueron comprados por el Ministerio de Salud de El Salvador. El resultado de ese ejercicio: Corpovex desembolsó 4.3 veces más que la institución centroamericana. Pagó $1.3 millones por productos que hubiera podido adquirir por un poco más de $300,000.

Otro punto que colabora con el encarecimiento es el tema de los seguros. En todos los envíos de EFI Logistics a Corpovex los seguros son mayores al 30 por ciento del valor FOB, el que tiene el cargamento cuando la sociedad que lo envía lo coloca en el barco o transporte. Este y el seguro conforman el precio CIF, que es el que paga el destinatario final.  Según Rogelio Tobar, experto en el negocio marítimo, se trata de una tasa que se sale por mucho de los estándares internacionales.

“No tiene cuenta importar cuando se va a pagar tanto, no es negocio. Solo revise usted cuánto cuesta un seguro, por ejemplo, contra incendio localmente, que está entre los más caros. Apenas supera el 1 %”, explica Tobar.

La condena internacional

Carlos Calleja fue confirmado como candidato a la presidencia por el partido Arena en abril de 2018. En mayo, abandonó todos los puestos que ocupaba en diferentes empresas. Ese fue el caso de Zona Franca de Exportación El Pedregal, la propietaria del 99.94 % de las acciones de EFI Logistics, y con la que comparte a las mismas personas en su junta directiva. Ahí, Calleja fungía como vicepresidente. Al igual que en EFI, fue relevado en el puesto por Herbert Tobar, hombre de confianza de su familia.

Factum intentó contactar con otros miembros de la junta directiva de EFI Logistics, pero ninguno aceptó responder. Tampoco Carlos Calleja, con quien se trató de arreglar una entrevista en repetidas ocasiones por medio de su equipo de prensa, y a quien se buscó en los eventos realizados la semana pasada como parte de su campaña.

Foto de referencia de la Zona Franca El Pedregal, vista desde la carretera hacia Zacatecoluca, donde están ubicadas las naves industriales de EFI Logistics, empresa que envió productos, en su mayoría insumos médicos,hacia Venezuela. El Pedregal es propietaria del 99.94% de las acciones de EFI | FACTUM/ Salvador Meléndez

Nicolás Maduro tomó posesión de un nuevo periodo como presidente de Venezuela el 10 de enero de 2019. El pueblo salió otra vez a protestar contra el régimen, que respondió con violencia.  A excepción de El Salvador, Cuba, México y Bolivia, los países de Latinoamérica han seguido la estela de Estados Unidos y reconocido como verdadero presidente interino del país a Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional. En la asamblea legislativa de El Salvador, todos los partidos, a excepción del FMLN, han solicitado al gobierno de Salvador Sánchez Cerén que se alinee a esta tendencia. Carlos Calleja se sumó a la ola, como ya lo había hecho en 2017, y también lo hizo su compañera en la fórmula presidencial, Carmen Aída Lazo, quien indicó que “cualquier complicidad con dictadores como Maduro es inaceptable”.

“Reafirmo mi compromiso de posicionar a El Salvador en el lado correcto de la historia. Como presidente electo, estaré en toda la disposición de acompañar al pueblo venezolano y su presidente interino, Juan Guaidó, en el proceso para recuperar su democracia”, escribió en su cuenta de Twitter quien fue, no hace mucho, directivo de una empresa que envió mercadería valorada en millones de dólares a una institución manejada entonces por un hombre de confianza de Nicolás Maduro.


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